Octavio Rodríguez Araujo
Julio Hernández López (30/04/12) introdujo, en mi opinión, los matices necesarios sobre la represión del gobernador Fausto Vallejo a los estudiantes de la universidad michoacana. Los jóvenes, así hubiesen cometido los peores delitos [debieron] ser sometidos sin exceso de fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no, como sucedió, a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al debilitado poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso proceder. Y Julio añadió, también con razón, que mal haría la sociedad mexicana, en sus vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo explore impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar sin que suceda nada.
La práctica de los gobiernos priístas ha sido precisamente actuar más allá de los límites que permiten nuestras leyes para resolver problemas sociales. La represión ha sido una de las constantes de los gobernantes del PRI desde hace más de 50 años. ¿Cómo olvidar la represión de Adolfo Ruiz Cortines contra los normalistas y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante su gobierno? Los educandos del Poli fueron desalojados del internado, como se recordará, a punta de bayoneta militar, con lo que traían puesto y a las cuatro de la mañana del 23 de septiembre de 1956. Se cerró el internado, que había sido creado para apoyar a los hijos de obreros y campesinos que iban a estudiar en la capital de la República, y no se volvió a abrir jamás, porque era –se dijo– un foco de comunistas y revoltosos. Igual suerte corrieron, años después, las casas de estudiantes de diferentes estados de la República que patrocinaban sus gobiernos precisamente para albergar a sus becarios en el Distrito Federal. Nicandro Mendoza, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del IPN, fue detenido y encarcelado bajo el cargo del tristemente famoso delito de disolución social. El Ejército Mexicano se quedó con las instalaciones del Politécnico hasta la salida de Ruiz Cortines del gobierno. Dos años después la represión contra los normalistas también se hizo sentir. Othón Salazar y José Encarnación Pérez fueron enviados a Lecumberri, como presos políticos del régimen.
Con López Mateos la relación gobierno-Politécnico cambió, pero la represión fue también parte de su política, esta vez contra los ferrocarrileros (Demetrio Vallejo y Valentín Campa, entre otros), los líderes campesinos y magisteriales (Rubén Jaramillo y Genaro Vázquez, por ejemplo), el periodista Filomeno Mata hijo, el pintor Siqueiros y otros que largo sería citar. Las formas represivas de López Mateos fueron más duras y brutales que las de su antecesor. El asesinato de su antiguo amigo y correligionario Jaramillo y de su familia a manos de un grupo militar es una mancha que tanto el PRI como el Ejército no han podido borrar, ni podrán.
Díaz Ordaz no podía quedarse atrás. Veía comunistas y agentes subversivos hasta debajo de su cama. Su máxima gloria fue la represión al movimiento estudiantil popular de 1968, pero no fue la única, comenzando por la represión, también militar y paramilitar, contra los médicos en 1965. ¿Y qué decir del genocida Echeverría? El 10 de junio de 1971 y sus halcones contra palomas fue el estreno represor de su gobierno, además de las incursiones de medio Ejército Mexicano en Guerrero contra los movimientos guerrilleros que surgieron precisamente por la incapacidad de los gobernantes priístas para escuchar, negociar y satisfacer las demandas de los grupos populares y más desfavorecidos en el país.
López Portillo continuó la ola de represión iniciada por sus antecesores. Creó la Brigada Blanca para acabar con los grupos opositores al régimen y, al mismo tiempo, gracias al talento de Muñoz Ledo y Reyes Heroles, abrió las puertas electorales a los partidos de oposición verdadera que no tenían estatuto legal. Por un lado palos y por el otro cooptación, igual en este sentido que la estrategia de Luis Echeverría. Las desapariciones forzadas –no debe olvidarse– fueron también parte de la represión priísta.
Con Miguel de la Madrid hubo menor represión, pese a que intentó, sin lograrlo, imponer la llamada ley Mordaza contra las críticas al gobierno. Pero luego llegó Carlos Salinas de Gortari y según comprobó la Comisión de la Verdad (formada por personalidades sin militancia), fueron reprimidos, muertos o desaparecidos más de 400 militantes del PRD y otros luchadores sociales que no aceptaron ser cooptados por el Programa Solidaridad. Zedillo fue otro genocida, pues destruyó parcialmente a un grupo de carácter étnico al obligar en 1995 a la población de Guadalupe Tepeyac, en Chiapas (más de 6 mil personas, incluidos niños, mujeres y ancianos), a emigrar a la selva en condiciones de existencia peligrosas para su integridad física (véase la definición de genocidio en el artículo 149 bis del Código Penal vigente). El Ejército fue el responsable directo de ese genocidio ordenado por su comandante en jefe.
En referencia a los estados, el gobernador priísta de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, fue el culpable de la matanza de campesinos desarmados en Aguas Blancas en 1995. Lo realizado en Puebla y Oaxaca bajo gobiernos tricolores tampoco debe ser soslayado. En el estado de México el priísta Peña Nieto fue el encargado de la brutal y desmedida represión a los de Atenco (2006), independientemente de los ilícitos que hubieran cometido algunos atenquenses. En Morelos preocupa que el lema de campaña de Amado Orihuela, candidato del PRI a gobernador, sea orden y progreso, ni más ni menos que la expresión positivista adoptada como divisa por Porfirio Díaz y otros dictadores latinoamericanos de principios del siglo pasado.
¿Y los panistas en el gobierno? Sin ánimo de defenderlos, habrá que reconocer que la represión política no ha sido una de sus características distintivas, pese a que sí la han llevado a cabo en ocasiones (Flavio Sosa, por ejemplo, luego declarado inocente). Las transgresiones de Calderón, productos de su guerra contra el crimen organizado, se han traducido en decenas de miles de muertos, pero en general no puede decirse que se trate directamente de represión por razones políticas que no sea por daños colaterales.
¿Y así algunos quieren que regrese el PRI?
http://rodriguezaraujo.unam.mx
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