Gómez Palacio, Durango. – “El gobernador (Ismael Hernández Deras) vendió la plaza (de Durango)” y es cómplice de “el narco” a niveles tan extensos, que “vendió” el estado a varios carteles como los Zetas, el del Golfo y el Cartel de Juárez, con todo y que el cartel de Sinaloa está en el estado, aseguró el entonces candidato de la coalición “Durango, nos Une”, José Rosas Aispuro Torres “El Güero”, 3 semanas después de haber perdido las elecciones para gobernador en julio del 2010, en entrevista a varios medios de comunicación y a la Revista Proceso, que publicó la conferencia en agosto del 2010. En esa conversación, El Güero, fue a más; aseguró que la campaña del priista y delfín del entonces gobernador, Ismael Hernández Deras, el ex tesorero del estado, Jorge Herrera Caldera, se vio beneficiado de los rescates que pagaron los cientos, – “por no decir miles, aseveraba, El Guero”-, de ciudadanos secuestrados por las fuerzas policiacas y de la delincuencia organizada bajo el mando de Hernández Deras y que con esos pagos se financió parte de la campaña de Herrera Caldera.
Hoy, Rosas Aispuro e Ismael Hernández Deras, son aliados en la coalición “Va por Durango”, sin que José Rosas, haya llevado las acusaciones hasta lo último, pero también, sin que Hernández Deras, culminara en tribunales las demandas que interpuso por calumnias, a través del despacho del abogado de la élite política de ese momento, Juan Collado, hoy en prisión acusado por lavado de dinero y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.
Así, convencido de haber ganado las elecciones del 4 de julio del 2010 en contra del candidato priista Jorge Herrera Caldera, el hoy gobernador de Durango, “el federalista”, José Rosas Aispuro Torres, se lanzó a una cruzada en los medios en contra de Ismael Hernández Deras,- “El Señor de las narcofosas”-, asegurando que “…vendió el estado a varios grupos de la delincuencia organizada”, ratificando que la estafa electiva cometida en el proceso para votar gobernador en el año 2010, Hernández Deras, “…cometió el fraude electoral con ayuda de los grupos delictivos…para hacer ganar a Jorge Herrera Caldera”, convirtiendo el asunto comicial en un proceso narco electoral.
Todo esto, sin embargo, hoy no importa; Aispuro Torres e Ismael Hernández, actualmente son aliados en la coalición “Va por Durango”, nombre que en el estado adquirió la alianza “Va por México”, conformada por los partidos PAN,PRI,PRD.
En este momento, obligados por la necesidad de obtener la mayoría de legisladores en la Cámara de diputados federal, PAN, PRI, PRD, amafiados en la alianza “Va por México” evidencian que, desde siempre, esta coalición de partidos actuaba de facto como federación sin importar la ideología, como tampoco los trinquetes electorales, – con todo y la delincuencia organizada inmiscuida (de acuerdo a Aispuro Torres).
Por ello, en Durango, como en otros estado, no ha sido difícil recurrir a los caciques políticos para amalgamar los candidatos de “Va por México”, que en el caso de esta entidad, lideró y dirige, el ex gobernador, diputado federal y dirigente de la CNC nacional, Ismael Hernández Deras quien logró imponer un número mayor de candidatos en una pacto donde la fuerza del gobernador Rosas Aispuro, se convirtió en secundaria, olvidando que en el año 2010 acusó Hernández Deras,- originario del Mezquital, uno de los municipios más pobres de México-, de haberle robado la elección sin ninguna duda, tan evidentemente visible por “ los signos tan claros que apunta a que se trata de una complicidad del gobernador (Ismael Hernández) con el crimen organizado”.
Eso declaraba entonces José Rosas Aispuro, hoy están enlazados por ser los dos pilares sobre los que está montada la coalición de partidos “Va por Durango”.
“Sé como opera el sistema”: José Rosas Aispuro
Formado desde carga maletines en las filas del PRI, José Rosas Aispuro, hizo de todo, hasta obtener la alcaldía de Durango, precisamente cuando Ismael Hernández Deras, se registró como pre candidato del PRI a la gubernatura, allá por el año 2003, cuando era senador de la República.
De hecho, Aispuro Torres, se sumó a la lista de aspirantes, sin mayor posibilidad que intercambiar los delegados afines a favor de Ismael Hernández Deras, por un puñado de promesas, ya que, una vez ganada la gubernatura, Hernández Deras, lo relegó a la Dirección de Pensiones del Estado. De este duelo interno de priistas, la ex alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera, lo acusó de haber recibido de manos de Carlos Herrera Araluce, – ya fallecido-, varios millones de pesos para que votaran a favor de Herrera Araluce. Según la ex presidente, Aispuro Torres, tomó el dinero, pero luego los traicionó al inclinarse a favor de Hernández Deras.
En la entrevista publicada en Proceso en agosto de 2010, Rosas Aispuro, dijo que “No me quejo de todo lo que hicieron previo a los comicios, como la compra de sufragios…para eso ya estaba preparado porque se como opera el sistema…Lo que no esperaba era que recurrieran a la delincuencia organizada para reventar la elección”, externó el hoy gobernador panista con referencia a las maniobras usadas por Ismael Hernández Deras, desde la gubernatura.
Abundó acerca de los comandos armados de la delincuencia organizada que amenazaron a votantes, hurtaron urnas, realizaron disparos y obligaron a los funcionarios de casilla a firmar los formatos de resultados a favor del candidato del PRI, Jorge Herrera Caldera.
Ya encarrerado, José Rosas Aispuro, acusó a la empresa Litoformas de imprimir más papelería para realizar las sustituciones de votos e incluso de actas de escrutinio.
Sin embargo, siguió trabajando en el estado.
La imprenta Litoformas imprimió las boletas electorales para las elecciones del año 2019.
En la entrevista, Aispuro Torres, aseveró que Hernández Deras, vendió la plaza de Durango, a cambio de “Todo el dinero que han recibido él y su gente…(es suficiente) para comprar la Isla de la Piedra en Mazatlán (Sinaloa) y ser dueño de grandes ranchos como el Victoria y el Atotonilco…yo diría que está metido en grandes actos de corrupción que deben investigarse”, denunciaba el hoy gobernador panista de Durango, Rosas Aispuro, al presente su aliado, el diputado federal priista, Ismael Hernández Deras.
En aquel diálogo, Aispuro Torres, aseveró que, “El gobernador Hernández Deras maniobra a través de la procuraduría (General de Justicia) y a través de esta corporación opera con los grupos de la delincuencia organizada. La autoridad debe investigar”, sentenció lapidario en la conversación.
Ahora, con modales adocenados, sonrisas, abrazos y carcajadas, se reúnen para trazar la estrategia de la coalición “Va por Durango” e incluso para repartir apoyos a ganaderos, campesinos y agricultores.
Al parecer, ya todo quedó en el olvido.
Recargado, “Sé cómo opera el sistema”: José Rosas Aispuro
Empeñados en sostener las mafias políticas, empresariales y de poderes fácticos que han saqueado el estado en los últimos 30 años, la coalición “Va por Durango”, que lideran José Rosas Aispuro e Ismael Hernández Deras, se apresta a echar mano de todas las artimañas en el proceso electoral del próximo 6 junio.
Sólo habrá que esperar que las acciones de los votantes detengan las maniobras ilegales que estos dos personajes de la política duranguense desplieguen; “uno que sabe cómo opera el sistema” y el otro, “que vendió la plaza” a la narco delincuencia. Vaya aliados.
El Gobernador Alfredo del Mazo ha sido incapaz de frenar al crimen organizado en el territorio que gobierna; tampoco ha puesto orden en las filas policiacas, consideradas una de las más corruptas del país. El Estado de México es un feudo del crimen organizado y esto lo demuestra la matanza de policías a manos de sicarios de La Familia Michoacana, en venganza porque la protección oficial está centrada en Los Caballeros Templarios, Los Rojos, Guerreros Unidos y el cártel Unión Tepito, cuyos integrantes se pasean por el estado impunemente.
Territorio de matanzas y desapariciones, el Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo, no tiene paz: A la violencia cotidiana que enfrenta se sumó, la tarde del jueves 18 de marzo, una emboscada contra policías de Seguridad Pública y agentes ministeriales en el municipio de Coatepec Harinas, un territorio dominado por varios cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con informes oficiales, decenas de agentes realizaban un recorrido por el lugar. Supuestamente era un operativo antidrogas que incluía la caza de algunos narcos y sicarios. Los agentes iban a bordo de camionetas oficiales y otros vehículos sin logotipos.
De pronto, un grupo armado, presuntamente miembros de un cártel de Michoacán –la matanza fue atribuida por las autoridades mexiquenses a La Familia Michoacana –abrió fuego contra los policías. Los agarraron desprevenidos. El grupo armado los rodeó. El número de sicarios era mayor. La balacera se extendió por varios minutos y en distintos puntos. Según algunos videos difundidos en las redes sociales, entre la maleza y los árboles se observa cómo los sicarios disparan a metralla abierta, mientras los agentes se cubren en la parte trasera de sus patrullas.
Cuando los agentes se vieron rodeados y sin salida pidieron ayuda a través de sus radios de comunicación. Pero los refuerzos no llegaron a tiempo.
A través de sus frecuencias se podía escuchar los gritos de auxilio: “Nos disparan, nos disparan, ayúdenos, necesitamos refuerzos…”. Sin embargo, nunca llegaron arribaron al lugar. Después de un intenso rafagueo, un total de trece policías fueron masacrados. Las autoridades del Estado de México calificaron los hechos como una emboscada y responsabilizaron al cártel de La Familia Michoacana, uno de los más temibles, cuyo asiento está en el estado de Michoacán, pero sus tentáculos llegan a Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
Según dijo el Secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, los agentes patrullaban en municipio de Coatepec Harinas porque realizaban un operativo para combatir al crimen organizado que opera en esa demarcación, aunque no detalló qué grupos criminales controlan ese territorio.
Luego de la emboscada, los cuerpos de los agentes quedaron tirados en las inmediaciones de la carretera, a un lado de una patrulla y una camioneta blanca sin logotipos oficiales; otros quedaron a un costado de un Jeep de la Secretaría de Seguridad. Los reportes policiacos consultados sostienen que otro tiroteo ocurrió en el municipio de Almoloya de Alquísiras, donde se reportó un saldo de cuatro muertos.
Dos días después, las autoridades mexiquenses instrumentaron otro operativo. Lo conformaban 190 policías que acudieron a la zona de la masacre para detener a veinticinco presuntos sicarios de La Familia Michoacana. El golpe contra el Gobierno de Alfredo del Mazo fue contundente y exhibió esta vez la incapacidad policiaca, aunque la radiografía del crimen organizado en esa entidad robustecida durante su Gobierno –también da cuenta de la corrupción que priva en la administración que él encabeza.
EDOMEX: UN TERRITORIO DE MUERTE
Al igual que otros estados del país donde se ha impuesto la ley del crimen organizado, en el Estado de México priva el desgobierno y esa es la causa de que el crimen actualmente mantenga cotos de poder en municipios y pequeñas demarcaciones sin que ninguna autoridad impida sus actividades ilegales.
Así, la entidad que gobierna Alfredo del Mazo se ha convertido en un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González.
Con altos niveles de corrupción policiaca, esa entidad federativa se volvió muy atractiva para los grupos criminales: operan los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado de México concentra más grupos criminales que cualquier otra entidad. Estos grupos operan con apoyo oficial el tráfico de drogas y han azotado a la población con las extorsiones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, venta de protección y asesinatos por encargo, una modalidad bastante socorrida en ese estado. También venden protección a bares y cantinas e imponen cuotas al comercio en general. Otra modalidad criminal es el despojo de propiedades a pequeños y grandes hacendados.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, en el mapa criminal no existe otra entidad federativa con mayor presencia de grupos dedicados al narcotráfico.
Y es que a pesar de que el Gobernador Alfredo del Mazo –quien ya cumplió tres años en el poder –ha dicho que trabaja por la seguridad del estado, lo cierto es que el territorio se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga. Las policías, además, operan en favor de los diversos grupos del narcotráfico, razón por la que es considerada una de las más corruptas del país.
A lo largo y ancho de los 22 mil 500 kilómetros de territorio, los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Familia michoacana, Caballeros Templarios y Golfo disputan a sangre y fuego el control del tráfico de enervantes. Tanto de día como de noche son frecuentes las balaceras y asesinatos en demarcaciones como Tecámac y Ecatepec, los que concentran la mayor parte de esta narco-dinámica.
Con base en la información de que dispone, la UIF considera que en el territorio nacional no existe otro estado donde haya tanta presencia de cárteles como ocurre en el Estado de México. En dicho territorio opera de todo: desde cárteles poderosos hasta células delictivas que han contribuido con su cuota de violencia: esa es la razón de que la entidad ocupe los primeros lugares a nivel nacional en homicidios, feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y secuestros.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, en México existen 19 cárteles considerados por él como de “alto impacto” y que dominan el lavado de dinero. De este total de grupos criminales, ocho de ellos están afincados en el Estado de México. Un dato resalta: en lo que van del año se han presentado dos mil 400 casos de narcomenudeo, lo que revela que es un estado con elevado consumo de drogas, principalmente cocaína, mariguana y sustancias de diseño o sintéticas.
Desde hace varias décadas, el Estado de México es refugio de capos, sicarios, narcotraficantes y ha cobijado a grandes redes de la delincuencia organizada. La Policía del Estado de México llegó a ser considerada, hasta hace una década, como una de las más corruptas y temibles del país, después de la de Tijuana en tiempos del Alcalde Jorge Hank Rhon.
Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –este fue Gobernador de esa entidad –el crimen organizado se empoderó abiertamente: durante años fue refugio de los hermanos Beltrán Leyva; también fue escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco. Y en su segunda huida, esta vez del penal de La Palma o Altiplano, situado en el Estado de México, fue auxiliado por su amplia red de cómplices para huir por un túnel, según la versión oficial.
El túnel por donde “El Chapo” huyó por segunda vez, en 2015, fue construido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde el entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa tenía muy buenas relaciones: precisamente a través de un avión de esa dependencia –un CD-9 –el Cártel de Sinaloa transportó varias toneladas de cocaína procedente de Colombia. Agentes de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) habían organizado un amplio operativo en diversos aeropuertos para que el avión aterrizara sin contratiempos.
Acudieron al de Toluca, Mérida, Nuevo León, entre otros, donde intentaron corromper tanto a militares como a funcionarios del área de aeronáutica civil. El objetivo era que el avión bajara en uno de esos aeropuertos para volverlo vuelo nacional. El avión después seguiría su curso hacia Toluca donde, por esa condición, ya no sería revisado por la Marina ni el Ejército sino por policías federales con las que ya tenían arreglos.
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado de México operan una gran cantidad de grupos criminales. Los informes militares dan cuenta, por ejemplo, que el territorio mexiquense es asiento de los cárteles Unión Tepito, la fuerza Anti-Unión, Los Zetas, Cártel de Jalisco, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Este último cártel opera también en Guerrero y Michoacán, tierras de elevada violencia criminal.
El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, expuso en junio de este año el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Jonny Hurtado, a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”.
Por su parte, los Caballeros Templarios –quienes controlan el norte del estado –están liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”. Además, los cárteles Guerreros Unidos y de Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, la cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.
Con base en sus informes, Luis Crescencio Sandoval dijo que son once los municipios del Estado de México donde se concentra la mayor parte de la población y, por ello, esas demarcaciones registran las más altas tasas delictivas. Es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautilán, Atizapán y Tultitlán. A esta lista se suman Tecámac y Los Reyes La Paz.
Estos municipios, según datos oficiales, concentran el 45 por ciento de la población mexiquense y también ocupan los primeros lugares en las estadísticas criminales. Pero lo más grave, según estos mismos datos, es que la mayor dinámica del crimen organizado y común se observa en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Estas últimas demarcaciones colindan con la Ciudad de México, refugio de capos.
Los informes de la Sedena coinciden con los que aporta la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal: según estos informes, el cártel de La Familia Michoacana tiene presencia en 55 de los 125 municipios que conforman el Estado de México.
El Cártel de Jalisco, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, controla 31 demarcaciones. Estos dos cárteles están confrontados por el control territorial. A base de balaceras, asesinatos, levantones, descuartizamiento de personas y entierros clandestinos –una forma de generar violencia y terror –los dos cárteles pretenden apoderarse del 44 por ciento del territorio restante.
El Gobierno que encabeza Alfredo del Mazo no evade esta realidad: según los informes del Gobierno estatal, son veinte los municipios los que concentran más del 70 por ciento de la actividad delictiva. En esos territorios operan La Familia Michoacana y el CJNG.
LA LEY DEL NARCO
Debido a su alta incidencia delictiva, imparable en los tres años que lleva en el poder el Gobernador Alfredo del Mazo, el Estado de México se ha convertido en “tierra de nadie”.
La entidad se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por el delito de las extorsiones. Los informes oficiales aseguran que el cártel que más explota esta actividad es La Familia Michoacana. Pero eso no es todo: este grupo delictivo, cuyo asiento está en el estado de Michoacán –otro territorio asolado por el crimen –impone su ley al controlar también los precios de productos alimenticios, entre otros, la tortilla, el huevo, la carne, el pollo y se asegura que también mantiene a raya a los comerciantes de materiales de construcción. Sin importar el giro, a los negocios también les impone pago de piso.
Los mismos datos oficiales sostienen que, tan sólo en lo que va del año, el crimen ha extorsionado a unas dos mil personas. Y las estadísticas revelan que este delito –uno de los más perturbadores –ha ido en aumento desde el año 2018 (hubo mil casos) y 2019 (1,500).
Pese a esta pesadilla, el Gobernador Alfredo del Mazo sostiene que en su estado no pasa nada y que sigue trabajando por la seguridad de territorio.
Sin embargo, el propio Del Mazo ha sido objeto de escándalos por presuntos movimientos de dinero sospechoso, como el que protagonizó en 2012, cuando le detectaron que ocultó 1.5 millones de euros – 32 millones de pesos actuales –en Andorra, un país blindado en ese tiempo por el secreto bancario y donde han hecho depósitos multimillonarios personajes como Juan Collado –exdefensor de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto –, ente otros.
En ese tiempo, Del Mazo era Presidente Municipal de Huixquilucan y figuró como representante de la sociedad instrumental holandesa, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la banca privada de Andorra. Sin embargo, el actual mandatario del Estado de México no hizo mención a dicha cuenta en su declaración patrimonial de enero de 2017. El mandatario simplemente guardó silencio sobre esos fondos.
Tras la matanza de trece policías, los focos rojos se encendieron en el Estado de México, más aún, cuando apenas hace unos días el general Glen VanHerk –titular del Comando Norte de Estados Unidos –declaró que el territorio mexicano está controlado, entre un 30 y 35 por ciento, por los grupos criminales. A este problema el militar estadunidense atribuye la constante migración hacia Estados Unidos y la ingobernabilidad que priva en muchos estados del país.
Cambio Climático y políticas Neoliberales en la entidad, han llevado al deterioro constante al parque
RAÚL A. RUBIO CANO
Marzo 26 de 2021
A casi una semana de haber comenzado el incendio más grande que se tenga referencia en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (la gran “Fábrica de Agua” del área metropolitana), resulta que con la llegada del frente frío número 44 a nuestras montañas, trajo vientos con velocidades de 90 kilómetros por hora. Para el día miércoles pasado, se tenía una destrucción de 2 mil 800 hectáreas, pero la llegada del frente frío, generó la extensión de las llamas y de un 70 por ciento de control sobre ese siniestro, éste actualmente, fue remitido a un retroceso de 50 por ciento en su control. En poco más de 24 horas, los vientos avivaron el incendio y destruyó un área de 5 mil hectáreas, teniéndose ayer por la noche, unas 8 mil hectáreas siniestradas. El incendio avanza hacia el Este, va atravesando montañas cuyas faldas llegan a la Carretera Nacional. “Un incendio forestal no tiene palabra” informó, el comandante Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil del Estado de Nuevo León y agregó, que por más control que podamos desarrollar sobre el fuego, éste puede seguir de alguna forma su camino y afectar poblados como la Ciénega de González, El Manzano, Puerto Genovevo, la Nogalera y llegar a Cola de Caballo; por ello, se han tomado medidas con un equipo integrado por especialistas y 500 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, brigadas integradas con ejidatarios y voluntarios, y se siguen las enseñanzas para el control de incendios en Estados Unidos, Canadá y experiencias nacionales. Este grupo colegiado tiene su centro de mando en la Cola de Caballo y se ha podido rescatar de la Laguna de Sánchez y cinco poblaciones aledañas a ésta, en la madrugada del jueves, mil 100 personas que han sido distribuidas en Ciénega de González y Cola de Caballo. Anoche; ante los fuertes vientos, a los brigadistas se les mandó descansar y unos ocho helicópteros fueron retirados del espacio aéreo de ese incendio, para empezar por la mañana de hoy viernes sus actividades contra ese incendio. Comentó Perales, que considera como más idóneo para este siniestro, por el tipo de montañas afectadas, el uso preferencial de helicópteros que de aviones. Actualmente hay 8 helicópteros cooperando, con base en la zona de Laguna de Sánchez y se espera la llegada de más, pero no se desecha la contratación de aviones idóneos para el tipo de terreno e incendio. Asegura el comandante Perales, que por la experiencia del gran incendio de 1998 en Chipinque y en el cual le tocó participar, que es más valiosa la ayuda de un helicóptero que de un avión por su efectividad, versatilidad y no tendrían que utilizar un aeropuerto. Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, señaló en su visita a la zona, “No escatimar recursos” y ver la remediación de la zona. Un trabajo que se venía avanzando en estos días, con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, pero la reactivación del incendio, replanteará la información en el tema. Por su parte el alcalde del municipio de Santiago, Jorge Flores, informó que dos Consejos de Empresarios (Patronatos) ya colaboran en las actividades más diversas de acopio de recursos para la población afectada y, para dar transparencia y solución a la remediación que tendrá que realizarse para recuperar bosques y centros poblacionales destruidos por el Mega incendio. Por otra parte, las indagatorias sobre los orígenes del incendio siguen y todo apunta a dos cabañas en la sierra de Arteaga, tradicional sitio donde arrancan los incendios en estas fechas del año. Se menciona la intervención del Ejército, ya que se trata de un incendio en un Parque Nacional de incumbencia federal y de un valor estratégico para el abasto de agua de la Ciudad de Monterrey y demás municipios metropolitanos; la cosa va muy en serio, más cuando ha sido un parque saqueado por las políticas Neoliberales, bajo la codicia y avaricia de inmobiliarias y empresas cerveceras y refresqueras, dos cárteles de empresarios que a su manera han buscado saquear ese Parque Nacional y, con la venia y apoyo de los gobiernos estatales en turno. Una realidad que en mucho es responsable de este gran siniestro que se padece y que, aunado a los efectos del Cambio Climático, está ofreciendo el día de hoy 8 mil hectáreas de bosque destruido y miles de pobladores afectados en sus patrimonios y vidas por venir. Definitivamente, sólo un movimiento como la 4T y su gobierno, podrá meter orden en el manejo ambiental a ese saqueo que, por 36 años de feroz Neoliberalismo, ha llevado a tan dramática situación. Ojalá que ese cuerpo colegiado que hoy combate el Mega incendio en la sierra de Santiago y Arteaga, Coahuila, plantee sus recomendaciones y medidas preventivas para evitar ese tipo de siniestro; que las experiencias de los incendios recientes en Australia y California, sean retomadas y que el plano federal de la 4T impere sobre la codicia y avaricia de empresarios y particulares de Nuevo León. saqueadores de las bondades y riqueza de esos bosques, sobre todo para garantizar el buen abastecimiento y reposición de nuestra agua, un bien común de los nuevoleoneses y hasta de los tamaulipecos, por los arroyos y ríos que abastece esa Fábrica de Agua, no digamos del buen aire que nos brinda, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey ¡Órale! raurubio@gmail.com
El siglo XXI en Coahuila ha sido el de una batalla sin freno de los trabajadores de la educación de la Sección 38 del SNTE, los de la UA de C y la UAAAN para rescatar y preservar sus derechos a la seguridad social (pensión y servicio médico) establecido en la Constitución (art.123) el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, porque es un derecho humano, por ello es, irrenunciable, inalienable e imprescriptible, (no pierde vigencia ni validez). Las leyes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (1960) y la Ley de Pensiones (1961) están protegidos y adscritos al régimen de seguridad social.
Los trabajadores de la educación se unieron en coalición cuando el gobierno del estado (2011) a cargo de Rubén Moreira Valdés envió al Congreso local una iniciativa de ley en la que se aprobaba un Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación y su Seguridad Social que resultaba lesivo a sus derechos a la salud, la Legislatura aprobó esa ley, pero gracias a la lucha de los trabajadores fue abrogada, aunque en 2012 los trabajadores iniciaron de nuevo una batalla para exigir calidad en el servicio médico de las Clínicas del Magisterio y en septiembre de 2015 Moreira II, volvió a presentar al Congreso oootra iniciativa, igualmente ultrajante para los derechos de los trabajadores, por lo que ellos han presentado sus propias propuestas de ley, que por supuesto, fueron desatendidas.
En febrero de 2016 la CNDH interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del gobernador de Coahuila y del Congreso local, demanda que fue ganada por la coalición, pero además en mayo 2020 la SCJN declaró inconstitucional los cobros extras a los maestros.
El en abril de 2016 la Coalición decidió instalarse en un plantón permanente en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón, los plantones se extendieron durante 70 días, el ahora exgobernador accedió a firmar compromisos que no cumplió.
Por todos estos agravios, esta semana los miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, realizaron una protesta pública a fin de exigir que se atiendan los problemas que se presentan en la Clínicas del Magisterio, en la Dirección de Pensiones, en el Fondo de la Vivienda, en el pago de las pólizas de Seguro y Retiro, además de la falta de pago del fondo de defunción a los beneficiarios de fallecidos.
De ahí hasta la fecha los reclamos han sido imparables a fin de escabullirse de las garras de los esbirros priistas, que mediante leyes abusivas y espurias han pretendido controlarlos y exculparse de sus obligaciones legales.
Las desviaciones de pagos son reiteradas y los recursos de las diversas cuentas son orientadas a otras áreas, lo peor es el deplorable servicio en las Clínicas del Magisterio, que ya ni son clínicas ni son del magisterio, pero las cuotas a los derechohabientes se cobran sin pausa.
Esta es la gobernanza del PRI, todos los dirigentes de los servicios de seguridad social del magisterio de la Sección 38 son príistas, servidores del gobierno estatal y en particular de Miguel Ángel Riquelme, como antes lo fueron de los Moreira.
Colegas y trabajadores de la Sección 38, estamos en tiempo de elecciones y un servidor del Moreirato pretende ser alcalde de Saltillo, él es José María Fraustro Siller en manos de quién estuvo la aprobación de una nociva reforma a la Ley del Servicio Médico y de Pensiones detenida por la Coalición; ¿votarán por quien ha sido el verdugo del magisterio de la Sección 38, de los de la UA de C y la UAAAN? Ni un voto al PRI.
“El narco mexicano ya es internacional y, por ello, difícil de erradicar. De ahí que a AMLO parece no quedarle otra salida más que negociar”.
Imbatibles, los cárteles de la droga han tomado el control territorial en México: trafican con drogas, extorsionan, secuestran, asesinan y sus cómplices gobiernan en cientos de municipios del país, donde han construido verdaderos feudos. Esta realidad perturbadora, que impacta la frontera con Estados Unidos, es la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza que exista.
Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política antimafia, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
A poco más de dos años en el poder, esta situación se recrudece tanto como la violencia. Y esto ha causado preocupación en Estados Unidos, tanto, que esta semana el General Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, señaló que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado.
Esta es la razón por la que miles de personas que viven en los territorios controlados por el crimen buscan emigrar hacia Estados Unidos. Así lo expresó el militar al hablar sobre la situación que priva en la frontera entre México y Estados Unidos: “Diré que es un síntoma de un problema más amplio (…) No voy a involucrarme en política ni en llamar crisis a no a la situación, lo cierto es que necesitamos una frontera segura y saber quiénes vienen”.
Desde la visión del General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el peregrinaje hacia el norte de las personas que buscan llegar a Estados Unidos lo detonan los desastres naturales, la COVID-19 y la inestabilidad emanada de las organizaciones criminales.
“Todos estos son indicadores y razones de por qué la gente deja Centroamérica, Sudamérica y México para venir a nuestra nación”, explicó el responsable de la seguridad estratégica que abarca la región de Las Bahamas y Alaska.
Y fue más enfático todavía cuando se le cuestionó si esta situación es producto de una crisis humanitaria sin precedentes. Respondió: “Cuando digo síntoma, narcotráfico, migración, tráfico humano, todos son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que operan con regularidad en áreas sin Gobierno, del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, y es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera”.
En estricto sentido, esto fue lo que expuso el General VanHerk. La mañana del jueves 18, durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las afirmaciones del militar estadunidense y dijo que no es verdad que el crimen controle el 35 por ciento del territorio.
El Presidente no entró en mayores detalles ni explicaciones al respecto y si limitó a decir que respeta todas las opiniones, que no se va a pelear con el Presidente Joe Biden, de quien dijo que es muy respetuoso con él.
LA RADIOGRAFÍA DEL CRIMEN
La penetración del crimen organizado en el país es muy grave. Desde el año 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República alertó sobre la fuerte presencia de presuntos delincuentes
que, desde diversos partidos, eran lanzados como candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, entre otros cargos de elección popular.
Aquel estudio sostenía que más de 60 por ciento de los municipios del país eran gobernador por personajes relacionados directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: narcotráfico, secuestro, extorsiones, tráfico humano, por citar sólo algunas.
En los últimos diez años, la radiografía del crimen es realmente perturbadora. A poco más de dos años que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, no ha sido capturado ningún capo emblemático.
Ahí siguen, intocables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán –quienes ahora encabezan el Cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales en América Latina.
Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, y que ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en el norte del país.
Y de igual forma, Nemesio Oseguera Cervantes continúa expandiendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, el más beligerante de los cárteles.
Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Tamaulipas, Baja California y la región de El Bajío. Ahí, los enfrentamientos se presentan entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En esta narcoguerra también se suma el Cártel Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yépez, conocido como “El Marro”, quien construyó un verdadero imperio mediante el robo de combustibles –” el huachicol– los secuestros y las extorsiones.
De acuerdo con autoridades estadunidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al Cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.
Los estados con mayor violencia son Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Guerrero. En este último estado operan varios cárteles que se disputan la llamada ruta del pacífico.
No es todo: En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes –y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Después de la guerra fallida implementada por Felipe Calderón y la corrupción desastrosa que prohijó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el crimen lejos de ser combatido se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala.
E incluso cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.
Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es la expansión del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la DEA.
Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos–, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.
De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo y La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.
Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.
De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.
Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos –es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.
Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos — Los Zetas y al Cártel del Golfo –cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.
Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.
En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo Gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.
Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra –la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.
Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis de inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.
El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico –al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.
Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, El H, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.
Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.
La caída y extradición de “La Barbie” no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo Cida, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, “El Melón”; Benjamín Flores Reyes, llamado “El Padrino” (capturado por agentes en 2010), y Moisés Montero, “El Coreano”, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.
El segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, “El Cris” y Eder Yair Sosa, “El Cremas”. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al Cártel de Sinaloa.
Dicha alianza tiene razones de peso: “El Cris”, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, “El Chaky”, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, una zona con una alta incidencia delictiva.
De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada Torreón, Coahuila-Gómez Palacio, Durango, considerado un territorio de muerte.
El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como “El Chaparro”, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo– quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
A pesar de que el Presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales –él asegura que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado –y echó a andar a la Guardia Nacional –el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.
Es el caso del Cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora ese grupo criminal se dividió en cuatro frentes: Los hijos de El Chapo –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán– encabezan un bloque; otro lo
opera Aureliano Guzmán, hermano de Guzmán Loera, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estaría al frente de otra pieza del Cártel de Sinaloa y con ello, se dijo tras su liberación hace cinco años, habría retomado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y una cuarta posición –para muchos la más importante –es la que mantiene Ismael “El Mayo” Zambada, quien se ha mantenido más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.
Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió hace tres años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, “El Azul” pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:
Del primero se ha dicho que se autodesapareció, mientras que del “Señor de los Cielos” se dice que opera en Rusia y que su muerte pudo ser parte de un acuerdo con el Gobierno federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de morir –presuntamente –Carrillo Fuentes entabló negociaciones con las autoridades federales.
De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.
La lista que organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga; muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del Cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, “La Jefa”, quien controla toda la estructura financiera del cártel.
En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano –hijo de Enedina –sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.
Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.
Sin embargo, para la DEA la jefa del Cártel de Tijuana es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo.
En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.
El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.
Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán”.
LA RED DE LOS CÁRTELES, INTOCADA
Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.
De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del Golfo, Zetas, Tijuana, Juárez, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, de la Sierra, Beltrán Leyva, familia Díaz Parada (traficantes de marihuana en Oaxaca), Valencia, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios”.
De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales –con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.
Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.
Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.
De hecho, el Gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que la semana pasada hizo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el Presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocie ni pacta con criminales.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el Presidente.
Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia –el país sigue incendiado por la violencia criminal.
