lunes, 14 de mayo de 2018

Jerónima “Moma” Reza, cuñada Leticia Herrera, adquiere terreno del DIF Gómez Palacio


Mediante operaciones trianguladas la familia Herrera Reza se quedó con el predio del Bulevar M. Alemán
Juan Monrreal López
Mayo 10 de 2018

Gómez Palacio, Durango. – Apoyados en el poder de la presidencia municipal que ocupa Juana Leticia Herrera Ale, y mediante operaciones trianguladas ficticias, amenazas de llevar ante tribunales al  ex alcalde José Miguel Campillo Carrete,-por los faltantes y desvíos de recursos públicos-, además de usar ilegalmente el poder de la Fe pública por el Notario Público Número 2 de este municipio, el ex prisionero Octaviano Rendón Arce, más las sumas de las triquiñuelas de compra/venta entre Alejandro Issa Mourra y Jerónima “Moma” Reza,- esposa de Ernesto Herrera Ale, hermano de la presidente-, hicieron que después de un año de triangulaciones de compra/venta, la familia de Leticia Herrera, se apropiara del terreno de 1110 metros cuadrado ubicado en Bulevar Miguel Alemán y Mónaco, en la Colonia El Campestre,- donados en 1976 por “Fraccionamiento El Campestre Sociedad Anónima y Fraccionadora y Constructora de Gómez Palacio, Sociedad Anónima”-, y una construcción que en la sesión de Cabildo del 15 de agosto de 2016 se aprobaron su venta porque “en virtud de que ha sido desocupado este bien municipal y lo solicita en venta para la instalación de comercio el C. Nicolás  Alejandro  Issa  Mourra (Sic)”, este bien municipal “había dejado de ser útil”, a decir del Cabildo gómezpalatino que acompañó a José Miguel Campillo Carrete, mientras el ayuntamiento seguía pagando arrendamientos de inmuebles por por varios millones de pesos.
La desincorporación de los 1110 metros cuadrados donde se ubicaron las oficinas del DIF municipal estuvo viciada de origen.
Nunca se cumplió siquiera una de las primeras reglas que señala La ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, que es convocar a una subasta pública cuando se trata de bienes a desincorporar, pero para Pepe Campillo Carrete, eso no importó; le interesaba brincar con turbiedades y pactos ilegales al margen de la ley, todas las irregularidades que acumuló bajo su presidencia; deudas disparadas, empresas paramunicipales quebradas, y servicios que aparentemente construyó, malos y caros, como el alumbrado público,-que nunca alcanzó para toda la ciudad-, la falta de agua y drenajes colapsados, más el pavimento derruido que dejó como herencia de una gestión municipal fracasada.
Así, en el más pleno desparpajo, el Cabildo de Campillo Carrete, ni siquiera se preocupó por citar correctamente los artículos de La ley Orgánica del Municipio de Durango, que autorizan la desincorporación de bienes municipales; mucho menos le interesó apegarse a lo que señalan los numerales de la citada ley Orgánica que especifica como hacerlo.
“Sin comentario Alguno, el H. Cabildo toma el Acuerdo” de desincorporar este bien, se consigna en el acta de Cabildo del 15 de agosto del 2016, una y otra vez, evidenciando que los regidores priistas y los de la oposición panista, son lo mismo, como hasta ahora, bajo el régimen de Juana Leticia Herrera.
De esta manera, con regidores panistas dóciles, puestos a modo con negociaciones simples, -finalmente terminaron apoyando al PRI y a Leticia Herrera-, José Miguel Campillo Carrete sacó el acuerdo del Cabildo, pero sin ceñirse al marco de la ley, como tampoco, Nicolás Alejandro Issa Mourra, cumplió con los negocios a instalar en el predio que ilegalmente fue enajenado a su nombre.

Terreno del DIF, instrumento de negociación entre Leticia Herrera y Pepe Campillo Carrete

Antes de que se llevaran a cabo las votaciones del 5 de junio de 2016, en las que se eligieron gobernador, diputados locales y presidentes municipales en el estado, José Miguel Campillo Carrete, buscó negociar con Juana Leticia Herrera Ale, la salida sin raspones administrativos que lo colocaran frente a la opinión pública como jefe de una cuadrilla de delincuentes administrativos que llevaron hasta la quiebra al SIDEAPA, SIDEAPAR, Feria Nacional de Gómez Palacio, más los millones y millones de pesos desviados de los fondos federales, estatales y municipales.
Desde allí surgió la venta de los terrenos del DIF y el traspaso de otros bienes municipales, para la familia de la presidente Juana Leticia Herrera Ale, a cambio de impunidad para él y varios de sus funcionarios preferidos, entre ellos, Miguel Pérez, director de la Feria Nacional, el director de SIDEAPA, Guillermo Morales Aguilar, así como al tesorero municipal, Jesús Loza Flores, entre otros.
Además, se transó que se suspendieron las auditorías a las distintas dependencias municipales como Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Rural (SIDEAPAR), y se abrió el espacio para renegociar las aguas grises de la ciudad.
Una vez transados, Campillo Carrete, se dedicó a torcer las instituciones como el Cabildo y autorizar fuera de la ley la venta de terrenos como las instalaciones del DIF.
Por eso, el 15 de agosto de 2016, la Sesión de Cabildo tuvo como punto central la venta del terreno del DIF, ese día, el cuerpo edilicio dejó patente que los intereses ciudadanos son lo último que les importan; sin cuestionar nada, ediles del PRI y del PAN, votaron desincorporar el edificio del DIF “Sin comentario Alguno(Sic)”, según asienta el acta de dicha sesión.
Peor; en franca burla de La Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, el presidente municipal ni siquiera se tomó la molestia de citar el articulado que autoriza las desincorporaciones de bienes públicos municipales.
Como si fuera guasa, Campillo Carrete, enumeró artículos que corresponden a las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos estipulados en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango Capitulo, así, citó los Artículos 148, 152, 156, 157, 158 pero los ediles no dijeron nada, ya estaban negociados, premiados, con sólo 15 días para largarse de la representación que traicionaron.
Por ello, sin preocupación alguna todos esos servidores públicos que componían el Cabildo votaron desincorporar el edificio del DIF, “sin comentario alguno”, aunque la ley prohíba desincorporaciones de esta forma.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, el predio del DIF sigue siendo municipal

Según la Escritura Pública 3 mil 8 ochocientos 89 elaborada por la Notario Pública Número 11 Flor María Pescador Gómez, el 24 de agosto de 2016 comparecieron ante ella, el entonces presidente municipal, José Miguel Campillo Carrete, el secretario del Ayuntamiento Regulo Octavio Gámez Dávila y el supuesto interesado Nicolás Alejandro Issa Mourra, justamente una semana antes que Campillo entregara la alcaldía.
De acuerdo con el testimonio público, Issa Mourra, dijo ser empresario, con domicilio en la colonia Torreón, Residencial, de Torreón, Coahuila.
En la escritura pública se dice que José Miguel Campillo Carrete, “Con fecha 25 de julio del año en curso (2016), el conocido (¿?) empresario Nicolás Alejandro Issa Mourra, dirigió al Presidente Municipal de Gómez Palacio Durango, un escrito solicitando le vendieran el edificio ubicado en Miguel Alemán sin número esquina con calle Montecarlo de la Colonia El Campestre de esta ciudad donde anteriormente se encontraban las oficinas del DIF, en virtud de que desea extender sus negocios y pretende realizar en dicho inmueble, un hotel de cuatro estrellas y la inversión estimada al mismo es de cuarenta millones de pesos,aunado a que tiene interés de colaborar en mejorar la imagen urbana y plusvalía de la zona”, expuso en entonces alcalde Pepe Campillo Carrete.
Más raudo que veloz, Campillo Carrete, con una simple carta, movió los hilos del poder municipal, como consta en el acta de Sesión de Cabildo del 15 de agosto de 2016, donde se reseña que, para el 10 de agosto, la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, la Comisión de Hacienda, el tesorero Jesús Loza Flores, y el alcalde, ya se habían reunido en varias ocasiones donde determinaron vender ese bien municipal, “en virtud de que ha sido desocupado … y lo solicita en venta para la instalación de comercio el C. Nicolás  Alejandro  Issa  Mourra… (un) Hotel de categoría 4 estrellas, hotel que nunca construyó, y que ahora, un año después, vendió en 7 millones de pesos a Jerónima “Moma” Reza Soto,-cuñada de la presidente Juana Leticia Herrera Ale-,quien mintió con nombres de empresas inmobiliarias y domicilios que no existen en la Escritura Pública número 40 mil 688 levantada por el Notario Público Número 2 el ex recluso Octaviano Rendón Arce, quien sin vergüenza alguna violó la Ley del Notariado del estado de Durango.
El asunto es que de acuerdo con La ley Orgánica del Municipio de Durango, los protocolos de previos de desincorporación de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando “podrán enajenarse a título oneroso o a título gratuito o permutarse los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; tratándose de venta, ésta deberá efectuarse mediante subasta pública, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 171 de esta Ley, y con expresa prohibición de que se finque a favor de los servidores públicos federales, estatales o municipales, de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, transversal hasta el cuarto grado o de sus parientes por afinidad hasta el tercer grado”, señala el Artículo 170 de este ordenamiento legal.
La Sesión de Cabildo, no autorizó la venta directa a Nicolás Alejandro Issa Mourra, pues en el acta de esa sesión, dicha determinación no aparece; por tanto, en todo caso las instalaciones del DIF debieron ser subastadas.
Peor aún, de acuerdo con el Artículo 171 en su Fracción VI se establece que debe especificarse “El destino que se dará a los recursos financieros que se obtengan de la enajenación”, asunto que no fue tratado por el Cabildo, ya que en la reunión participaron “sin comentario alguno”.
Peor:
La compra/venta de este inmueble también establece que, “ La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado, dará vista a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la que revisará el ejemplar que se turne al Congreso, para el caso de enajenaciones de bienes inmuebles, si al analizar el inventario se desprende que no se cumplió con alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo, o se incumplió lo dispuesto por el artículo anterior, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, dará cuenta a la Comisión antes citada para que proceda en consecuencia.
En caso de que la información proporcionada no demuestre el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, o que el o los responsables de la formulación del inventario no justifiquen la legalidad de la operación de la enajenación, la Comisión podrá acordar se haga del conocimiento de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado la situación, a efecto de que la misma determine si procede o no fincar responsabilidad al servidor público que haya incurrido en omisión”.
Y este es el caso. Son punibles todos los funcionarios y empresario que participaron en la compra/venta del inmueble donde estuvo el DIF.

Cuñada de presidente Juana Leticia Herrera; Jerónima “Moma” Reza Soto, adquiere terrenos del DIF

Al principio de la administración de Leticia Herrera, el rumor que corría entre los políticos de café o miembros de la RENATAB (Registro Nacional de Talentos en la Banca) en La Laguna, eran la apropiación de los terrenos del DIF por parte del clan Herrera.
Funcionarios, exfuncionarios, pequeños empresarios e incluso algunos dirigentes de cámaras empresariales, se acercaban a este medio para cuchichear el despojo que estaba cometiéndose en contra de la ciudad, al vender las instalaciones del DIF municipal.
Construido sobre los terrenos donados en 1976 por “Fraccionamiento El Campestre Sociedad Anónima y Fraccionadora y Constructora de Gómez Palacio, Sociedad Anónima”, escriturados bajo el Número 3 mil 160 el día 2 de febrero de 1976, por la Notaria Pública Número 12 Lilia Sonia Casas Franco; y en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 11 mil 999 del 25 de febrero de 1976, las instalaciones del DIF fueron construidas como oficinas y centro de atención a los ciudadanos.
Desde entonces, y hasta el año 2016, fueron punto de referencia, en atención a los más necesitados patrimonialmente.
Ubicadas en el área de mayor plusvalía de la ciudad, pronto fueron punto de negociación para el exalcalde José Miguel Campillo Carrete, quien viendo la ambición de la cepa Herrera Ale, los canjeó por impunidad.
De esta manera, metieron a Nicolás Alejandro Issa Mourra, para que fingiera que iba a construir “un hotel cuatro estrellas”, edificio que nunca erigió, como tampoco instaló negocio alguno.
Dejaron pasar un año exacto, para que, en septiembre 18 de 2017, el turbio Notario Público Número 3, el ex preso, Octaviano Rendón Arce, levantara la Escritura Pública Número 40 mil 688 para que Issa Mourra le vendiera el edificio que perteneció al DIF a la Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V. una empresa propiedad de Jerónima Reza Soto, mejor conocida como Moma Reza, cuñada de Leticia Herrera Ale, y que fue fundada el 22 de junio de 2017, ante la Fe de Rendón Arce.
Así que, con apenas 3 meses de constituida, la empresa de Moma Reza, adquirió después de un periplo de un año, lo que, en cafés, mundillo político e incluso funcionarios públicos se sabía de cierto; los terrenos del DIF son propiedad de la cepa Herrera-Reza, luego que los mercenarios e irresponsables regidores de Campillo Carrete, quebraron La ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, que convierte en punible la desincorporación de los terrenos de Bulevar Alemán esquina con Mónaco.

¿Qué esconde Moma Reza? dio datos falsos de su empresa Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V.

Que el turbio Notario Público Número 3, Octaviano Rendón Arce, registre datos que no son fidedignos en algunas de sus escrituras públicas, no es novedad; pero que una empresa que se supone se encuentra legalmente constituida lo haga, es de pensar que algo ilegal esconde; así sucede con Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V. propiedad de Moma Reza, quien en la Escritura Pública Número 40 mil 688 aseguró tener por domicilio la Calle Claveles sin número Colonia Jardín en Gómez Palacio, Durango, con el Código Postal 35 079, simplemente la calle no existe, tampoco la empresa arrendadora, al margen de que es una colonia proletaria.
Sí todo es legal, ¿por qué esconder una empresa en una calle que no existe? Esa es la pregunta.

La ilegalidad de la venta de las instalaciones del DIF

La venta de los terrenos del DIF se realizó de manera ilegal de acuerdo con lo que estipula Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango.
La transacción se realizó a todas luces con la complicidad del entonces presidente José Miguel Campillo Carrete, -punible de acuerdo a la ley-, junto con el Síndico Dagoberto Limones López, y sus regidores, Jesús José Cisneros Robledo, Primer Regidor; María Isabel Cisneros Torres, Segunda Regidora; José Mario Ortega Bermúdez, Tercer Regidor; Ringo Manuel Enríquez Salazar, Cuarto Regidor; Francisco de Santiago Campos, Quinto Regidor; Juan José Ramírez Ortíz, Sexto Regidor; Juan Francisco González Díaz, Séptimo Regidor; Eduardo Faudoa Chávez, Octavo Regidor; Lorenza Adela Medrano Navarro, Novena Regidora; Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor; Ángel Guillermo Orona Gallardo, Décimo Primer Regidor; Jacquelin Santos Romero, Décima Segunda Regidora; Oswaldo  Santibáñez  García,  Décimo  Tercer  Regidor; Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto Regidor; Hassan Chaúl García, Décimo Quinto Regidor; así como el secretario del Ayuntamiento Régulo Octavio Gámez Dávila; quienes afectaron al patrimonio municipal, puesto que se siguen pagando arrendamientos de inmuebles, cuando el edificio del DIF pudo albergar oficinas municipales.
Sin embargo, la negociación de impunidad de José Miguel Campillo con Juana Leticia Herrera Ale urgía; y que mejor manera que pagar con bienes que no eran de él; lo que muestra la baja ralea del exalcalde y la presidente municipal, que conociendo que están rompiendo la ley, apelan a la impunidad, a que no se conozcan los atentados contra el patrimonio público de los ciudadanos.
Que los priistas, panistas, perredistas, morenistas, movimientos naranjas o partidos duranguenses hablen de honradez y servicio, está por verse que lo cumplan; los archivos públicos están llenos de trapacerías de éstos quienes se dicen servidores públicos.
Esta es otra joyita que regalan los benefactores de Gómez Palacio, -como se auto nombra el linaje Herrera Ale y parientes-, al municipio; pero faltan más camafeos, regados por todo el municipio.
También exigimos juicio político contra la presidente priista Juana Leticia Herrera Ale, por faltar más del 80 por ciento de las ocasiones a las sesiones de Cabildo; por saquear bienes patrimoniales municipales, crear empresas trianguladas para apoderarse de dinero público; otorgar inmuebles a familiares mediante triangulaciones ficticias, hacer uso faccioso del poder público, además de perseguir periodistas y ordenar balear a manifestantes que se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de Chemours; entre otros motivos. Además de hacerla responsable a ella y su clan Herrera Ale (Ernesto y Carlos Manuel y demás parientes) de los daños físicos que pueda sufrir mi familia, este reportero y los colaboradores de Demócrata Norte de México.
Twitter@jmonrreall

Poder criminal amenaza a periodista Juan Monrreal López


abril 20, 2018

“Juan Monreal ha realizado una labor informativa muy valiente en esa región y sin duda que por esa razón su vida corre peligro”. Foto: Especial
Tierra de capos y lavadores de dinero, la Comarca Lagunera es una región donde el narcotráfico y todas las versiones del crimen organizado operan con absoluta impunidad. La policía forma parte de los cárteles de la droga que ahí operan, los hombres poderosos, los dueños del dinero, imponen su ley y no existe autoridad alguna que ponga freno a la violencia que campea por doquier.
Es tierra de nadie.
En este escenario de violencia y de impunidad se maneja el periodista Juan Monrreal López, propietario de la revista impresa y electrónica Demócrata Norte de México, quien hace unos días fue demandado por daño moral.
Quien lo acusa es Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, quien es hija del extinto empresario Carlos Herrera Araluce, durante años señalado como el padrino de la droga en La Laguna.
Juan Monrreal ha realizado una labor informativa muy valiente en esa región y sin duda que por esa razón su vida corre peligro. Ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y ahora está enfrascado en un juicio con una de las familias más poderosas de Durango, por décadas señalados públicamente de servir a los intereses del narcotráfico y al lavado de dinero.
Hay que recordar que antes de morir, el señor Carlos Herrera, fundador de la empresa Chilchota, fue atacado a balazos por un comando armado, presuntamente Los Zetas –cártel que arribó a la Comarca Lagunera enfrentándose a los cárteles de Sinaloa y de Juárez –porque se aseguraba que Herrera era el que otorgaba las concesiones a diversos grupos criminales.
Esto lo dijo Enrique Ruiz Arévalo en 2007, horas después de haber sido secuestrado en Torreón, Coahuila. El coordinador antisecuestros fue llevado a una casa de seguridad donde le vendaron los ojos y fue interrogado bajo tortura. Luego fue asesinado. Ni su cuerpo apareció.
En un video estremecedor, difundido por los medios de comunicación, Ruiz Arévalo declaró que Carlos Herrera estaba involucrado en el narcotráfico, que él asignaba las plazas a los grupos criminales y mencionó que su escolta cuidaba a una de las esposas de Joaquín Guzmán Loera cuando visitaba La Laguna, a donde con frecuencia iba de compras.
Todo esto forma parte de una historia documentada y pública. Por eso no es un caso menor el que enfrenta Juan Monrreal López, quien ha solicitado el apoyo de amigos y colegas, así como del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, cercano a Leticia Herrera, para que frene el conflicto. Pero ni el gobernador ha podido resolverlo. Ante Leticia Herrera, Rosas Aispuro se debilita. Le tiene miedo, se asegura.
El encono entre Juan Monrreal López y Leticia Herrera surgió porque la alcaldesa de Gómez Palacio se ha molestado por las publicaciones que ha hecho Monrreal respecto a la corrupción en el ayuntamiento duranguense, los negocios al amparo del poder, como la adquisición de terrenos, entre otros. También porque se les ha cuestionado debido a sus prolongadas ausencias.
Pero quizá lo que más molestó a Leticia Herrera fue una nota en la que Monrreal dio a conocer que Paco Bardán, quien fue coordinador de la campaña de Leticia Herrera, tiene un pasado criminal: cuando fue funcionario del área de alcoholes en Coahuila fue sorprendido por agentes federales en posesión de armas, pastillas psicotrópicas y bolsas de cocaína, según escribió Monrreal.
Por esa razón fue detenido y encarcelado. A través de diversas maniobras políticas y tráfico de influencias, Bardán fue liberado bajo el argumento de que la droga que le hallaron había sido sembrada y sus abogados aludieron que los responsables de ese hecho fueron los dueños de bares y cantinas afectados con las clausuras de sus negocios. Cierto o falso, el hecho es que Bardán reapareció al lado de Leticia Herrera como su coordinador de campaña a pesar de sus antecedentes.
Juan Monrreal es quizá uno de los periodistas mejor informados de La Laguna. No es el único que ha enfrentado denuncias por daño moral. Otros, sin embargo, no han sobrevivido para contar sus experiencias, pues han sido asesinados o desaparecidos por el poder criminal impune que impera en La Laguna.
La situación que enfrenta el periodista es del conocimiento público y de las autoridades: las quejas por el acoso y las amenazas que enfrenta son del conocimiento del gobernador de Durango, también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Gobernación.
No hace falta decir que Juan Monrreal corre peligro y en cualquier momento puede ser asesinado si las autoridades no intervienen para frenar este conflicto.
Está por verse en los tribunales si el periodista incurrió en daño moral. Hasta donde se puede analizar, el periodista no ha mentido. Lo que ha hecho público está sustentado en hechos y en documentos. No hay dolo. Tampoco malas intenciones, como alega Leticia Herrera en su demanda. En todo caso el periodista estaría en todo su derecho de acusar a la alcaldesa de Gómez Palacio de amenazas de muerte y de un persistente acoso por parte de sus colaboradores.
No hay que olvidar –y se espera que las autoridades no soslayen este hecho –que Leticia Herrera proviene de una familia poderosa y con muy mala fama en La Laguna. A su padre se le atribuyeron varios hechos, desde narcotráfico hasta presuntos asesinatos que jamás se han investigado. Un caso, por ejemplo, fue el asesinado de tres pilotos que se hospedaron en un hotel propiedad de Herrera. De ahí fueron secuestrados, presuntamente por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien había ordenado darles “piso”. El Grande, según los señalamientos de Ruiz Arévalo, era el jefe de la plaza del narcotráfico en La Laguna, posición a la que arribó con la venia del señor Herrera Araluce, según declaró Ruiz Arévalo antes de morir.
Estas y otras historias dan cuenta de qué tipo de personas son las que ahora tienen a Juan Monrreal en situación difícil. Es la guerra entre la prensa crítica y el poder criminal.
Juan Monrreal puede ser asesinado en cualquier momento. Y las autoridades de Durango lo saben, pero nadie hace nada.

Presidente Leticia Herrera Ale, demanda al periodista Juan Monrreal López, por “daño moral”


La alcaldesa alega, “afectación…en grado patológico psíquico y depresivo…por motivo” de los escritos del reportero
*La querella fue notificada al informador el pasado 22 de marzo, previa aparición de 2 desconocidos en su casa
Juan Monrreal López
Abril 11 de 2018

Gómez Palacio, Durango. – Con “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo que padece el suscrito (Juana Leticia Herrera Ale, Sic)”, aunado a “trastornos psicológicos, estrés y depresión con motivo” de que “El periodista, C. JUAN MONREAL LÓPEZ (Sic) y la revista virtual (digital ) DEMOCRÁTA NORTE DE MÉXICO (Resic), han denostado a la suscrita” “lo han hecho configurando la real malicia (Sic)”, la presidente municipal priista Leticia Herrera Ale, decidió entablar una demanda por “daño moral” ante el juez de la Primera Instancia del Ramo Civil, Gerardo Ramírez Juárez, fijando en “prestaciones” que el supuesto perjuicio se le resarza con “el pago de la cantidad en dinero que resulte por concepto de indemnización”, dando por hecho que ganará la demanda antes de que inicie el juicio ya que padece una “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo”, trastorno que le impediría permanecer al frente de la presidencia municipal al presentar un perfil de enfermedad mental que le imposibilitaría conducir la vida pública de este ayuntamiento de 370 mil habitantes, esto de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del estado de Durango, Ley Orgánica del Municipio Libre, por sólo citar algunas leyes.
Aferrada a construir por cualquier medio una presidencia de corte delincuencial que genere terror, respalde amenazas, además que evite cuestionamientos hacia los desvíos  millonarios que existen en el municipio, junto a que le permita armar persecuciones contra los que considera rivales,- declarar enemiga pública número uno del municipio a la diputada federal Rocío Rebollo Mendoza, ex alcaldesa, y hoy candidata a senadora; ordenó al Cabildo en pleno denunciar en la vice Fiscalía al periodista Juan Monrreal López, como también ocurrió con la primera regidora María Isabel Charles, a la que corrió del cuerpo edilicio después de retenerla en las oficinas de la alcaldía contra su voluntad; entre otros casos-, ahora, la alcaldesa envuelta en esa vorágine de intolerancia decidió demandar “por daño moral” al periodista y director de la RevistaDemócrata Norte de México, Juan Monrreal López, quien ha informado acerca de las promesas incumplidas de la presidente, de sus  las transgresiones a las leyes de la Administración Pública,- ser la presidente más faltista en la historia del ayuntamiento, por lo que tendría que haber sido destituida por el Congreso-, desvíos de recursos públicos federales y estatales, violaciones a la libre expresión, al derecho de manifestación, persecuciones constantes a ciudadanos, sean priistas, panistas o de cualquier filiación política descalificándolos ante la opinión pública; también por usar dinero gubernamental para pagar a  los medios y reporteros quienes se encargan de colgar frente a los ojos de la ciudadanía a los señalados por ella y el jefe de Comunicación Social Fernando Alatorre Escobedo( un tipo que se ostenta como licenciado, pero no estudió absolutamente nada); sumados a una larga lista de acciones arbitrarias, como el abuso de poder, cuyo ejemplo procaz y feroz, es haber ordenado reprimir con gases, toletes y rafaguear con metralletas a la población del poblado Dinamita, quienes se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de la empresa Chemours, acompañado a la protección que brinda a un grupo de funcionarios con actividades ilícitas, entre otras muchas faltas a la ley.
En este marco de intimidación, la demanda contra el periodista Monrreal López,  se estuvo preparando por más de un año como consta en los documentos testimoniales que Juana Leticia Herrera,- el reportero ya había sido denunciado en la vice Fiscalía de La Laguna por el Cabildo en pleno el pasado, 31 de mayo de 2017, porque “a este señor no lo conocemos, nunca lo hemos visto por los pasillos de la presidencia… y a ustedes, que sí son reporteros, que sí son periodistas, les consta porque están cubriendo las notas y los vemos a diario” declararon los ediles entre otras sandeces como “aquí estamos los regidores, dando la cara a él (Sic) a través de toda la prensa, para que se presente ante el Ministerio Público y diga quién o quiénes son los que están dándole información y así, a todos los demás los deje libres de toda culpa”-, quiso hacer llegar a través de la demanda el pasado 21 de marzo, no sin antes, como a las 8 y media de la mañana, se presentaran dos sujetos sin identificación a la casa del periodista, quien en ese momento viajaba a la capital estatal a realizar parte de su trabajo informativo.
Los tipos, exigieron a la esposa del editor que le avisara, que ellos, – sin identificarse-, querían hablar con él.
Ella volvió a explicarles que Monrreal López, se encontraba fuera de la ciudad, así que pidió que se retiraran de las puertas de su domicilio.
Una hora después, se apareció la notificadora María Teresa de Jesús Delgado Gallegos, – que se ostentó como licenciada-, escoltada por lo que dijo eran un par de supuestos abogados para entregarle “personalmente” a Juan Monrreal López, la notificación del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO (Sic), que abriera el portón, ordenó.
Tampoco se abrió.
Así que molesta dijo que le avisaran al informador que al día siguiente, 22 de marzo, el demandado tendría que estar en el domicilio para recibir la notificación de dicho litigio civil, interpuesto por la presidente Juana Leticia Herrera Ale, por “daño moral”, el que exige sea resarcido económicamente, según lo apunta en uno de los apartados de exigencias de prestaciones de la querella, ya que Leticia Herrera, aduce que padece “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo”, ofreciendo presentar incluso la valoración del psiquiatra Fernando Sánchez Nájera, ante la sala judicial.

La demanda por daño moral porque, “la suscrita (Leticia Herrera Ale) ha tenido trastornos psicológicos, estrés y depresión con motivo de las manifestaciones realizadas por el demandado a los medios (Sic)”, dice la controversia

En la historia de este ayuntamiento, los únicos alcaldes que han amenazado, perseguido, golpeado con toletes, bates de beisbol, reprimido con todas las policías e incluso con el ejército, gaseado con lacrimógenos, y baleado al pueblo gómezpalatino, son Carlos Herrera Araluce y Juana Leticia Herrera Ale, evidentemente padre e hija.
También, son los dos únicos presidentes que mantuvieron a una policía preventiva municipal que operaba el narcotráfico y los secuestros en La Laguna; son estos dos ex alcaldes, padre e hija, quienes crearon y protegieron al Grupo de Reacción Inmediata (GORI) al mando de Arturo Gorena, quien terminó siendo perseguido por la Procuraduría General de la República (PGR) dependencia que dio a conocer un número grande de delitos cometidos por este cuerpo del orden y su comandante.
Con estos antecedentes como referencia, puede entenderse, que no justificarse, que la presidente Juana Leticia Herrera Ale, sienta que los trabajos periodísticos, -todos con respaldo documental y judicial-, publicados por la Revista Demócrata Norte de México, “exceden los límites de la libertad de expresión”, asevera la alcaldesa en la demanda, toda vez que se han  ido documentando diversas ilegalidades cometidas por la presidente y sus subalternos, varios de ellos enriquecidos inexplicablemente si se toman en cuenta los sueldos y los puestos de trabajo que ocupan.
Y es que, en Gómez Palacio, Durango, la familia Herrera Ale y sus allegados hicieron que la vox populi esparciera por todos los rincones que “en este municipio, no se mueve una hoja si los Herrera no quieren”, así que las investigaciones periodísticas desarrolladas por el reportero demandado son afrentas para quienes desde la década de los setentas se ostentan como benefactores de este municipio; nada más alejado de la realidad; muchos de los bienes generados por todos los gómezpalatinos han ido a parar al peculio del clan Herrera Ale y no necesariamente para la ciudad, como puede probarse con la serie de investigaciones periodísticas que Demócrata Norte de México, ha hecho.
Así, que de acuerdo con la demanda presentada por la presidente Juana Leticia Herrera Ale, en contra del periodista Juan Monrreal López, éste ejerce el periodismo “configurando la real malicia o único propósito de dañar a la suscrita” ya que el informador ha “dejado de lado los cánones dictados por el periodismo que deben ejercerse de manera crítica y objetiva”, dice la alcaldesa en su disputa legal presentando como prueba varios textos, certificados por su Notario Público de cabecera, Octaviano Rendón Arce, titular de la Notaría Pública Número 3 de Gómez Palacio, Durango, certificaciones realizadas para sustentar “la real malicia” del periodista y la Revista Demócrata Norte de México.
Por eso, al irse publicando las investigaciones periodísticas, Juana Leticia Herrera Ale, ideó la estrategia de usar los medios de difusión, y sus sicarios de gacetillas,- ya que cuelgan públicamente a quienes les ordene la alcaldesa y el jefe de Comunicación Social, Fernando Alatorre Escobedo-, pagados con dinero público, para afirmar que el reportero demandado es “extorsionador, explotador, chantajista, gato, chofer y más adjetivos homofóbicos”, campaña que se  inició en diciembre del año 2016, por el entonces director de Comunicación Juan Noé Fernández Andrade, un corresponsal que fundó la asociación de periodistas Voces Irritilas, junto con el locutor, Joel Cobos Guirado, como instrumento de alianza con los funcionarios públicos y las llamadas ONG´s del periodismo, aunque no defiendan ninguna causa de los periodistas o de los reporteros que han sido golpeados por los policías y amenazado por autoridades de distintos niveles.
Así qué, texto que se publica en Demócrata Norte de México, acerca de las ilegalidades de la presidente, o que evidencie el despojo que ella y su grupo de funcionarios mafiosos comete contra el municipio, enseguida libelos, estaciones de radio, televisión, internet, desatan campaña negra de desprestigio contra el periodista Juan Monrreal.
Es tal el nivel de conocimiento, compromiso y ejercicio del periodismo de estos sicarios de medios que ya existen roces entre ellos, porque los preferidos de Juana Leticia Herrera y Fernando Alatorre Escobedo, reciben mayores cantidades económicas como premio a su esbirrez además del pronto pago de facturas, reciben premios de compensación de distinta índole.
Entre más burdo, patán, prosaico, calumniador, homofóbico y mentirosos sean los batidillos de letras que presentan como textos, mayor es la recompensa, porque además les han hecho saber que aquí la ley no opera en los juzgados si Juana Leticia Herrera Ale, no quiere; que aquí no se les podrá demandar o denunciar por todas las bajezas y tropelías que cometen y han cometido contra funcionarios, ciudadanos, periodistas, etcétera.  
De esta manera, sumida en la “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo que padece el suscrito (Juana Leticia Herrera Ale, Sic)”, aunado a “trastornos psicológicos, estrés y depresión” la presidente, hundida en este cuadro de desorden mental ordenó al Cabildo en pleno, denunciar al reportero ante la vice Fiscalía de La Laguna  porque “a este señor no lo conocemos, nunca lo hemos visto por los pasillos de la presidencia… y a ustedes, que sí son reporteros, que sí son periodistas, les consta porque están cubriendo las notas y los vemos a diario” dijeron los ediles a los reporteros citados a la dependencia judicial para que atestiguaran la denuncia y a la vez desataran otra campaña contra el “pseudo periodista” Juan Monrreal López, para que exhiba a sus fuentes, y “diga quién o quiénes son los que están dándole información y así, a todos los demás los deje libres de toda culpa Sic)”, expusieron los ediles en la vice Fiscalía del estado de Durango en La Laguna.
Ante las exigencias y regaños de la alcaldesa, los regidores, Síndico, secretario del Ayuntamiento y otros funcionarios se encuentran convencidos que la demanda por “daño moral”, interpuesta por Leticia Herrera Ale, hay razón fundada, ya que el periodista, “excede los límites de la libertad de expresión”, dice una y otra vez el escrito de la demanda radicada ante el juez de la Primera Instancia del Ramo Civil, Gerardo Ramírez Juárez.

El desdoblamiento de la personalidad jurídica de Juana Leticia Herrera Ale

Al interponer la demanda por “daño moral” contra el periodista Juan Monrreal López y la Revista Demócrata Norte de México, la presidente municipal Juana Leticia Herrera, sufre un extraño desdoblamiento de personalidad jurídica; no sabe si es funcionaria pública o una ciudadana común, tal como se desprende de leer las certificaciones realizadas por el ex recluso Notario Público Número 3, Octaviano Rendón Arce, quien con sus sellos certifica las pruebas presentadas por la señora Juana Leticia Herrera Ale.
El sello del notario marca en las carátulas, “PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE FE DE HECHOS SOLICITADA POR LA SEÑORA JUANA LETICIA HERRERA ALE, EN CARÁCTER PERSONAL(SIC)” marcado con el NUM. 39, 994 del VOL. 1 573 y con fecha de 18 de mayo de 2017, es decir, la demanda la fueron preparando por casi un año, esperando lo que ellos consideraron el momento propicio para arremeter contra la Revista Demócrata Norte de México y el periodista Juan Monrreal.
Los anexos del testimonio notarial marcado con el NUM. 39, 994 del VOL. 1 573 y con fecha de 18 de mayo de 2017, firmado por Octaviano Rendón Arce, son fotocopias que retratan los artículos publicados en la página de la Revista Demócrata Norte de México8 por cierto con Derechos de autor), referentes a la actividad pública de la presidente de Gómez Palacio, Durango, Juana Leticia Herrera Ale, cuando los sellos del fedatario afirman que son testimoniales de “LA SEÑORA JUANA LETICIA HEERRERA ALE, EN CARÁCTER PERSONAL (SIC)”.
De hecho, a lo largo de la denuncia, y quizá a la “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo que padece el suscrito (Juana Leticia Herrera Ale, Sic)”, aunado a “trastornos psicológicos, estrés y depresión con motivo” de que “El periodista, C. JUAN MONREAL LÓPEZ (Sic) y la revista virtual (digital DEMOCRÁTA NORTE DE MÉXICO (Resic), han denostado a la suscrita” y “lo han hecho configurando la real malicia (Sic)”, la presidente no logre identificar las diferencias entre ser funcionaria pública y ciudadana común, tal como lo deja ver el escrito de 72 fojas donde enderezó la demanda.
Por ejemplo, en uno de los apartados de la queja da una lección de como concibe ella el trabajo y papel de los medios y periodistas, pero siempre sin asumir el encargo de autoridad que detenta, sino de gobernada.
Con pésima redacción, dice textual:
“ Toda vez que los medios de comunicación no son para ese objeto, ya que los mismos tienen otro fin, como es el de informar, de opinar y criticar de forma sana y respetuosa el medio que nos rodea, sin embargo en la especie, tales personas se cobijan a través de estos medios de comunicación para hacer de las suyas y dañar la imagen pública y privada de la suscrita creyendo que los alcances de la libertad de expresión les favorecen; sin embargo han olvidado que la libertad de expresión no es a lo que ellos le llaman publicación o crítica desde su perspectiva, sino en esencia la libertad de expresión consiste en el derecho que tiene todo gobernado a expresar ideas del entorno que nos rodea, así como no ser molestado o vedado a causa de opiniones de personas, siempre y cuando no afecten a los mismos en su esfera jurídica, pública y privada causando daños en los derechos fundamentales y sociales de los gobernados, y mucho menos en las garantías individuales y los Derechos Humanos de las personas con las que compartimos en un territorio determinado (Sic)”.
Juana Leticia Herrera no es gobernada, es autoridad, y como tal trata de evadir las responsabilidades administrativas de saqueo al municipio, así como los desvíos de recursos públicos que ha cometido usando bienes de los tres niveles de gobierno.

“Esta situación o afectación de mis derechos ha traído como consecuencia un descrédito, un daño psíquico”; Leticia Herrera Ale

Las publicaciones de Demócrata Norte de México, firmadas por Juan Monrreal López, son “una actitud ilícita”…” han sido la causa directa que entraña en este tiempo en la suscrita una significativa descompensación que altera su integración en el medio social”, afirma la presidente Leticia Herrera Ale, en su demanda, permitiendo ver sin necesidad de interpretación que “la suscrita tiene una significativa descompensación que altera su integración en el medio social”, lo que sólo subraya el menosprecio que muestra por la vida institucional y constitucional, por ejemplo ser la presidente más faltista a la presidencia y a las Sesiones de Cabildo, en la historia de Gómez Palacio, Durango (La presidente priista Leticia Herrera Ale la más faltista en la historia de Gómez Palacio. De acuerdo con la ley, debería ser destituida http://democratanortedemexico.com/portalwp/2017/10/la-presidente-priista-leticia-herrera-ale-la-mas-faltista-en-la-historia-de-gomez-palacio-de-acuerdo-con-la-ley-deberia-ser-destituida/ ).
También la presidente que ha permitido que se firmen contratos de concesión ( como el arrendamiento de los 8 camiones de basura supuestamente propiedad de la empresa Circulo Recolecto S.A. de C.V) que no tiene validez jurídica de acuerdo a las leyes del estado, aunque le cueste al municipio más de 28 millones de pesos anuales (Presidente, Leticia Herrera Ale, presunto fraude por 14 millones de pesos contra Gómez Palacio http://democratanortedemexico.com/portalwp/2017/12/presidente-leticia-herrera-ale-presunto-fraude-por-14-millones-de-pesos-contra-gomez-palacio/ ).
También ha mentido a los gómezpalatino con llevar ante los tribunales a quienes saquearon las arcas del ayuntamiento, como es el caso de la Feria Nacional Gómez Palacio, de donde el antiguo director se llevó hasta los discos duros, según declaró en su momento la alcaldesa y Gerardo Lozano Palomares, director de la feria, de la que nunca se han entregado números, como tampoco se hicieron las denuncias, y por si fuera poco, se le entregaron 30 millones de pesos para las cuestiones operativas en 2017, según asienta el presupuesto de egresos del municipio.
Es tan tremendo el desorden administrativo del ayuntamiento, que los subalternos de Juana Leticia Herrera Ale perciben mayor salario que ella, – y es ilegal, tal como lo señalan la Constitución General del estado de Durango y Código del Municipio Libre del estado de Durango-, tal como se puede comprobar con los recibos que entregó la alcaldesa en la demanda.
De acuerdo con el recibo que la presidente entregó al juez de la Primera Instancia del Ramo Civil, Gerardo Ramírez Juárez, ella percibió 17 mil 449 pesos con 1 centavo, y dio el recibo de pago de la segunda quincena del mes de enero.
En cambio, tiene asesores que desde el año pasado cobraban 45 mil 477 pesos con 90 centavos, como es el caso, – entre muchos otros-, de Carlos Gamboa García, quien le formó el movimiento “Yo Si Quiero”, una agrupación de coacción que usaron para presionar al ex gobernador del estado Jorge Herrera con el objetivo de colocar a Juana Leticia Herrera Ale, como candidata a gobernadora por el PRI.
Así que por haber liderado a “Yo sí Quiero”, los gómezpalatinos pagan a este asesor de café y promotor de la candidatura de José Meade Ocaranza en las llamadas redes sociales, al menos 45 mil 477 pesos con 90 centavos, es decir, gana 10 mil 579.88 pesos más que la presidente, y eso es ilegal de acuerdo con la Constitución General del estado de Durango y el Código del Municipio Libre del estado de Durango.
Pero estos botones de muestra en la administración de Juana Leticia Herrera Ale, dice el dicho popular “donde le rasques, salta el pus”.
El caso que producto de que “El periodista, C. JUAN MONREAL LÓPEZ (Sic) y la revista virtual (digital) DEMOCRÁTA NORTE DE MÉXICO (Resic), han publicado textos de información del actual régimen, la presidente tiene una “afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo” aunado a “trastornos psicológicos, estrés y depresión (Juana Leticia Herrera Ale, Sic)” y así no se puede gobernar, según dicen los especialistas en psiquiatría, pero ella sigue aferrada a la silla de la intersección de las calles de Madero e Independencia.
Por lo pronto, la editora Demócrata Norte de México y el periodista Juan Monrreal López, seguirán el camino de la ley, contestando la demanda, cual debe ser, más cuando se tiene la razón, se trabaja de acuerdo con derechos, y se tiene una presidente municipal totalitaria y violadora de las leyes de la administración pública.
Bienvenida la guerra de fiemo que desatarán otra vez contra nosotros, los auto llamados reporteros que cuelgan públicamente por encargo.
Informar vale eso y más.
También exigimos juicio político contra la presidente priista Juana Leticia Herrera Ale, por faltar más del 80 por ciento de las ocasiones a las sesiones de Cabildo; por saquear bienes patrimoniales municipales, crear empresas trianguladas para apoderarse de dinero público; otorgar inmuebles a familiares mediante triangulaciones ficticias, hacer uso faccioso del poder público, además de perseguir periodistas y ordenar balear a manifestantes que se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de Chemours; entre otros motivos. Además de hacerla responsable a ella y su clan de los daños físicos que pueda sufrir mi familia, este reportero y los colaboradores de Demócrata Norte de México.
jmonrreall@yahoo.com
Twitter@jmonrreall

Libres todos los manifestantes contra fábrica de cianuro de Chemours en el Ejido Dinamita


La presidente de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, ordenó reprimirlos con gas, armas de fuego y toletes
Juan Monrreal López
Marzo 24 de 2018

Gómez Palacio, Durango. – Después de permanecer detenidos por 15 días en el CERESO de la ciudad de Durango por protestar el pasado 9 de marzo contra la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de la empresa Chemours, los últimos 8 arrestados a sangre y fuego, con abuso de poder y allanamientos de morada cometidos por distintas corporaciones policiacas de La Laguna, -y hasta los cuerpos de bomberos-, por fin, este 24 de marzo salieron libres por la orden del juez sexto de distrito que así lo ordenó.
Como se recordará, el pasado 9 de marzo, habitantes de las comunidades rurales decidieron plantarse sobre el camino que va de la carretera Gómez Palacio-Ciudad Juárez al poblado Dinamita a la altura del Ejido La Aurora, sitio hasta donde llegaron las distintas policías municipales y estatales de la Laguna,- tanto de Coahuila, como de Durango-, con la orden de la presidente Juana Leticia Herrera Ale, para arremeter en contra de los manifestantes y sembrar olas de terror en los ejidos donde saquearon misceláneas, tortillerías, casas habitación, además de apropiarse de motocicletas, bicicletas y automóviles que incluso incendiaron.
Ese día, como es costumbre, Juana Leticia Herrera Ale, no dio la cara, en cambio, el Síndico municipal José Lorenzo Natera Ruelas y el jefe de Comunicación Social,- operador de bares de mala muerte y campañas negras en medios contra disidentes de la política municipal pagadas con dinero público-, Fernando Alatorre Escobedo, asumiendo tareas de alcaldes dijeron que la fábrica de cianuro de sodio “se instalará” en Dinamita “tope donde tope”.
En el enfrentamiento los cuerpos de policía detuvieron alrededor de 40 personas, luego quedaron 10 recluidas en el CERESO de Durango por cargos de motín.
Después vino la denuncia pública de las comunidades acompañada de algunos amparos logrando que los detenidos abandonaran la cárcel con algunas restricciones.
De esta manera, el juez sexto de distrito impuso como medidas cautelares a los 10 acusados que tendrán que presentarse cada 15 días a Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
También, dejaron garantía económica de 2 mil pesos. Junto con esto, se les prohibió abandonar el país, además de impedirles acercarse a los policías lesionados, sus supuestas víctimas.
Bajo estas medidas fue que se autorizó a los detenidos enfrentar el proceso acusatorio desde el exterior de la prisión.
Por último, el abogado de la causa de los detenidos solicitó que se cierre el plazo de investigación del Ministerio Público en un lapso de 45 días y presente la acusación ante el juez.
También exigimos juicio político contra la presidente priista Juana Leticia Herrera Ale, por faltar más del 80 por ciento de las ocasiones a las sesiones de Cabildo; por saquear bienes patrimoniales municipales, crear empresas trianguladas para apoderarse de dinero público; otorgar inmuebles a familiares mediante triangulaciones ficticias, hacer uso faccioso del poder público, además de perseguir periodistas y ordenar balear a manifestantes que se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de Chemours; entre otras causas.
Twitter@jmonrreall