Mediante operaciones trianguladas la familia Herrera Reza se quedó con el predio del Bulevar M. Alemán
Juan Monrreal López
Mayo 10 de 2018
Gómez Palacio, Durango. – Apoyados en el poder de la presidencia municipal que ocupa Juana Leticia Herrera Ale, y mediante operaciones trianguladas ficticias, amenazas de llevar ante tribunales al ex alcalde José Miguel Campillo Carrete,-por los faltantes y desvíos de recursos públicos-, además de usar ilegalmente el poder de la Fe pública por el Notario Público Número 2 de este municipio, el ex prisionero Octaviano Rendón Arce, más las sumas de las triquiñuelas de compra/venta entre Alejandro Issa Mourra y Jerónima “Moma” Reza,- esposa de Ernesto Herrera Ale, hermano de la presidente-, hicieron que después de un año de triangulaciones de compra/venta, la familia de Leticia Herrera, se apropiara del terreno de 1110 metros cuadrado ubicado en Bulevar Miguel Alemán y Mónaco, en la Colonia El Campestre,- donados en 1976 por “Fraccionamiento El Campestre Sociedad Anónima y Fraccionadora y Constructora de Gómez Palacio, Sociedad Anónima”-, y una construcción que en la sesión de Cabildo del 15 de agosto de 2016 se aprobaron su venta porque “en virtud de que ha sido desocupado este bien municipal y lo solicita en venta para la instalación de comercio el C. Nicolás Alejandro Issa Mourra (Sic)”, este bien municipal “había dejado de ser útil”, a decir del Cabildo gómezpalatino que acompañó a José Miguel Campillo Carrete, mientras el ayuntamiento seguía pagando arrendamientos de inmuebles por por varios millones de pesos.
La desincorporación de los 1110 metros cuadrados donde se ubicaron las oficinas del DIF municipal estuvo viciada de origen.
Nunca se cumplió siquiera una de las primeras reglas que señala La ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, que es convocar a una subasta pública cuando se trata de bienes a desincorporar, pero para Pepe Campillo Carrete, eso no importó; le interesaba brincar con turbiedades y pactos ilegales al margen de la ley, todas las irregularidades que acumuló bajo su presidencia; deudas disparadas, empresas paramunicipales quebradas, y servicios que aparentemente construyó, malos y caros, como el alumbrado público,-que nunca alcanzó para toda la ciudad-, la falta de agua y drenajes colapsados, más el pavimento derruido que dejó como herencia de una gestión municipal fracasada.
Así, en el más pleno desparpajo, el Cabildo de Campillo Carrete, ni siquiera se preocupó por citar correctamente los artículos de La ley Orgánica del Municipio de Durango, que autorizan la desincorporación de bienes municipales; mucho menos le interesó apegarse a lo que señalan los numerales de la citada ley Orgánica que especifica como hacerlo.
“Sin comentario Alguno, el H. Cabildo toma el Acuerdo” de desincorporar este bien, se consigna en el acta de Cabildo del 15 de agosto del 2016, una y otra vez, evidenciando que los regidores priistas y los de la oposición panista, son lo mismo, como hasta ahora, bajo el régimen de Juana Leticia Herrera.
De esta manera, con regidores panistas dóciles, puestos a modo con negociaciones simples, -finalmente terminaron apoyando al PRI y a Leticia Herrera-, José Miguel Campillo Carrete sacó el acuerdo del Cabildo, pero sin ceñirse al marco de la ley, como tampoco, Nicolás Alejandro Issa Mourra, cumplió con los negocios a instalar en el predio que ilegalmente fue enajenado a su nombre.
Terreno del DIF, instrumento de negociación entre Leticia Herrera y Pepe Campillo Carrete
Antes de que se llevaran a cabo las votaciones del 5 de junio de 2016, en las que se eligieron gobernador, diputados locales y presidentes municipales en el estado, José Miguel Campillo Carrete, buscó negociar con Juana Leticia Herrera Ale, la salida sin raspones administrativos que lo colocaran frente a la opinión pública como jefe de una cuadrilla de delincuentes administrativos que llevaron hasta la quiebra al SIDEAPA, SIDEAPAR, Feria Nacional de Gómez Palacio, más los millones y millones de pesos desviados de los fondos federales, estatales y municipales.
Desde allí surgió la venta de los terrenos del DIF y el traspaso de otros bienes municipales, para la familia de la presidente Juana Leticia Herrera Ale, a cambio de impunidad para él y varios de sus funcionarios preferidos, entre ellos, Miguel Pérez, director de la Feria Nacional, el director de SIDEAPA, Guillermo Morales Aguilar, así como al tesorero municipal, Jesús Loza Flores, entre otros.
Además, se transó que se suspendieron las auditorías a las distintas dependencias municipales como Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Rural (SIDEAPAR), y se abrió el espacio para renegociar las aguas grises de la ciudad.
Una vez transados, Campillo Carrete, se dedicó a torcer las instituciones como el Cabildo y autorizar fuera de la ley la venta de terrenos como las instalaciones del DIF.
Por eso, el 15 de agosto de 2016, la Sesión de Cabildo tuvo como punto central la venta del terreno del DIF, ese día, el cuerpo edilicio dejó patente que los intereses ciudadanos son lo último que les importan; sin cuestionar nada, ediles del PRI y del PAN, votaron desincorporar el edificio del DIF “Sin comentario Alguno(Sic)”, según asienta el acta de dicha sesión.
Peor; en franca burla de La Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, el presidente municipal ni siquiera se tomó la molestia de citar el articulado que autoriza las desincorporaciones de bienes públicos municipales.
Como si fuera guasa, Campillo Carrete, enumeró artículos que corresponden a las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos estipulados en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango Capitulo, así, citó los Artículos 148, 152, 156, 157, 158 pero los ediles no dijeron nada, ya estaban negociados, premiados, con sólo 15 días para largarse de la representación que traicionaron.
Por ello, sin preocupación alguna todos esos servidores públicos que componían el Cabildo votaron desincorporar el edificio del DIF, “sin comentario alguno”, aunque la ley prohíba desincorporaciones de esta forma.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, el predio del DIF sigue siendo municipal
Según la Escritura Pública 3 mil 8 ochocientos 89 elaborada por la Notario Pública Número 11 Flor María Pescador Gómez, el 24 de agosto de 2016 comparecieron ante ella, el entonces presidente municipal, José Miguel Campillo Carrete, el secretario del Ayuntamiento Regulo Octavio Gámez Dávila y el supuesto interesado Nicolás Alejandro Issa Mourra, justamente una semana antes que Campillo entregara la alcaldía.
De acuerdo con el testimonio público, Issa Mourra, dijo ser empresario, con domicilio en la colonia Torreón, Residencial, de Torreón, Coahuila.
En la escritura pública se dice que José Miguel Campillo Carrete, “Con fecha 25 de julio del año en curso (2016), el conocido (¿?) empresario Nicolás Alejandro Issa Mourra, dirigió al Presidente Municipal de Gómez Palacio Durango, un escrito solicitando le vendieran el edificio ubicado en Miguel Alemán sin número esquina con calle Montecarlo de la Colonia El Campestre de esta ciudad donde anteriormente se encontraban las oficinas del DIF, en virtud de que desea extender sus negocios y pretende realizar en dicho inmueble, un hotel de cuatro estrellas y la inversión estimada al mismo es de cuarenta millones de pesos,aunado a que tiene interés de colaborar en mejorar la imagen urbana y plusvalía de la zona”, expuso en entonces alcalde Pepe Campillo Carrete.
Más raudo que veloz, Campillo Carrete, con una simple carta, movió los hilos del poder municipal, como consta en el acta de Sesión de Cabildo del 15 de agosto de 2016, donde se reseña que, para el 10 de agosto, la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, la Comisión de Hacienda, el tesorero Jesús Loza Flores, y el alcalde, ya se habían reunido en varias ocasiones donde determinaron vender ese bien municipal, “en virtud de que ha sido desocupado … y lo solicita en venta para la instalación de comercio el C. Nicolás Alejandro Issa Mourra… (un) Hotel de categoría 4 estrellas”, hotel que nunca construyó, y que ahora, un año después, vendió en 7 millones de pesos a Jerónima “Moma” Reza Soto,-cuñada de la presidente Juana Leticia Herrera Ale-,quien mintió con nombres de empresas inmobiliarias y domicilios que no existen en la Escritura Pública número 40 mil 688 levantada por el Notario Público Número 2 el ex recluso Octaviano Rendón Arce, quien sin vergüenza alguna violó la Ley del Notariado del estado de Durango.
El asunto es que de acuerdo con La ley Orgánica del Municipio de Durango, los protocolos de previos de desincorporación de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando “podrán enajenarse a título oneroso o a título gratuito o permutarse los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; tratándose de venta, ésta deberá efectuarse mediante subasta pública, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 171 de esta Ley, y con expresa prohibición de que se finque a favor de los servidores públicos federales, estatales o municipales, de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, transversal hasta el cuarto grado o de sus parientes por afinidad hasta el tercer grado”, señala el Artículo 170 de este ordenamiento legal.
La Sesión de Cabildo, no autorizó la venta directa a Nicolás Alejandro Issa Mourra, pues en el acta de esa sesión, dicha determinación no aparece; por tanto, en todo caso las instalaciones del DIF debieron ser subastadas.
Peor aún, de acuerdo con el Artículo 171 en su Fracción VI se establece que debe especificarse “El destino que se dará a los recursos financieros que se obtengan de la enajenación”, asunto que no fue tratado por el Cabildo, ya que en la reunión participaron “sin comentario alguno”.
Peor:
La compra/venta de este inmueble también establece que, “ La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado, dará vista a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la que revisará el ejemplar que se turne al Congreso, para el caso de enajenaciones de bienes inmuebles, si al analizar el inventario se desprende que no se cumplió con alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo, o se incumplió lo dispuesto por el artículo anterior, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, dará cuenta a la Comisión antes citada para que proceda en consecuencia.
En caso de que la información proporcionada no demuestre el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, o que el o los responsables de la formulación del inventario no justifiquen la legalidad de la operación de la enajenación, la Comisión podrá acordar se haga del conocimiento de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado la situación, a efecto de que la misma determine si procede o no fincar responsabilidad al servidor público que haya incurrido en omisión”.
Y este es el caso. Son punibles todos los funcionarios y empresario que participaron en la compra/venta del inmueble donde estuvo el DIF.
Cuñada de presidente Juana Leticia Herrera; Jerónima “Moma” Reza Soto, adquiere terrenos del DIF
Al principio de la administración de Leticia Herrera, el rumor que corría entre los políticos de café o miembros de la RENATAB (Registro Nacional de Talentos en la Banca) en La Laguna, eran la apropiación de los terrenos del DIF por parte del clan Herrera.
Funcionarios, exfuncionarios, pequeños empresarios e incluso algunos dirigentes de cámaras empresariales, se acercaban a este medio para cuchichear el despojo que estaba cometiéndose en contra de la ciudad, al vender las instalaciones del DIF municipal.
Construido sobre los terrenos donados en 1976 por “Fraccionamiento El Campestre Sociedad Anónima y Fraccionadora y Constructora de Gómez Palacio, Sociedad Anónima”, escriturados bajo el Número 3 mil 160 el día 2 de febrero de 1976, por la Notaria Pública Número 12 Lilia Sonia Casas Franco; y en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 11 mil 999 del 25 de febrero de 1976, las instalaciones del DIF fueron construidas como oficinas y centro de atención a los ciudadanos.
Desde entonces, y hasta el año 2016, fueron punto de referencia, en atención a los más necesitados patrimonialmente.
Ubicadas en el área de mayor plusvalía de la ciudad, pronto fueron punto de negociación para el exalcalde José Miguel Campillo Carrete, quien viendo la ambición de la cepa Herrera Ale, los canjeó por impunidad.
De esta manera, metieron a Nicolás Alejandro Issa Mourra, para que fingiera que iba a construir “un hotel cuatro estrellas”, edificio que nunca erigió, como tampoco instaló negocio alguno.
Dejaron pasar un año exacto, para que, en septiembre 18 de 2017, el turbio Notario Público Número 3, el ex preso, Octaviano Rendón Arce, levantara la Escritura Pública Número 40 mil 688 para que Issa Mourra le vendiera el edificio que perteneció al DIF a la Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V. una empresa propiedad de Jerónima Reza Soto, mejor conocida como Moma Reza, cuñada de Leticia Herrera Ale, y que fue fundada el 22 de junio de 2017, ante la Fe de Rendón Arce.
Así que, con apenas 3 meses de constituida, la empresa de Moma Reza, adquirió después de un periplo de un año, lo que, en cafés, mundillo político e incluso funcionarios públicos se sabía de cierto; los terrenos del DIF son propiedad de la cepa Herrera-Reza, luego que los mercenarios e irresponsables regidores de Campillo Carrete, quebraron La ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, que convierte en punible la desincorporación de los terrenos de Bulevar Alemán esquina con Mónaco.
¿Qué esconde Moma Reza? dio datos falsos de su empresa Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V.
Que el turbio Notario Público Número 3, Octaviano Rendón Arce, registre datos que no son fidedignos en algunas de sus escrituras públicas, no es novedad; pero que una empresa que se supone se encuentra legalmente constituida lo haga, es de pensar que algo ilegal esconde; así sucede con Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V. propiedad de Moma Reza, quien en la Escritura Pública Número 40 mil 688 aseguró tener por domicilio la Calle Claveles sin número Colonia Jardín en Gómez Palacio, Durango, con el Código Postal 35 079, simplemente la calle no existe, tampoco la empresa arrendadora, al margen de que es una colonia proletaria.
Sí todo es legal, ¿por qué esconder una empresa en una calle que no existe? Esa es la pregunta.
La ilegalidad de la venta de las instalaciones del DIF
La venta de los terrenos del DIF se realizó de manera ilegal de acuerdo con lo que estipula Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango.
La transacción se realizó a todas luces con la complicidad del entonces presidente José Miguel Campillo Carrete, -punible de acuerdo a la ley-, junto con el Síndico Dagoberto Limones López, y sus regidores, Jesús José Cisneros Robledo, Primer Regidor; María Isabel Cisneros Torres, Segunda Regidora; José Mario Ortega Bermúdez, Tercer Regidor; Ringo Manuel Enríquez Salazar, Cuarto Regidor; Francisco de Santiago Campos, Quinto Regidor; Juan José Ramírez Ortíz, Sexto Regidor; Juan Francisco González Díaz, Séptimo Regidor; Eduardo Faudoa Chávez, Octavo Regidor; Lorenza Adela Medrano Navarro, Novena Regidora; Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor; Ángel Guillermo Orona Gallardo, Décimo Primer Regidor; Jacquelin Santos Romero, Décima Segunda Regidora; Oswaldo Santibáñez García, Décimo Tercer Regidor; Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto Regidor; Hassan Chaúl García, Décimo Quinto Regidor; así como el secretario del Ayuntamiento Régulo Octavio Gámez Dávila; quienes afectaron al patrimonio municipal, puesto que se siguen pagando arrendamientos de inmuebles, cuando el edificio del DIF pudo albergar oficinas municipales.
Sin embargo, la negociación de impunidad de José Miguel Campillo con Juana Leticia Herrera Ale urgía; y que mejor manera que pagar con bienes que no eran de él; lo que muestra la baja ralea del exalcalde y la presidente municipal, que conociendo que están rompiendo la ley, apelan a la impunidad, a que no se conozcan los atentados contra el patrimonio público de los ciudadanos.
Que los priistas, panistas, perredistas, morenistas, movimientos naranjas o partidos duranguenses hablen de honradez y servicio, está por verse que lo cumplan; los archivos públicos están llenos de trapacerías de éstos quienes se dicen servidores públicos.
Esta es otra joyita que regalan los benefactores de Gómez Palacio, -como se auto nombra el linaje Herrera Ale y parientes-, al municipio; pero faltan más camafeos, regados por todo el municipio.
También exigimos juicio político contra la presidente priista Juana Leticia Herrera Ale, por faltar más del 80 por ciento de las ocasiones a las sesiones de Cabildo; por saquear bienes patrimoniales municipales, crear empresas trianguladas para apoderarse de dinero público; otorgar inmuebles a familiares mediante triangulaciones ficticias, hacer uso faccioso del poder público, además de perseguir periodistas y ordenar balear a manifestantes que se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de Chemours; entre otros motivos. Además de hacerla responsable a ella y su clan Herrera Ale (Ernesto y Carlos Manuel y demás parientes) de los daños físicos que pueda sufrir mi familia, este reportero y los colaboradores de Demócrata Norte de México.
Twitter@jmonrreall
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