Reforma educativa: menú empresarial a la carta

 

Luis Hernández Navarro

El 14 de agosto, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González escribió, jubiloso y categórico: Ya era hora que Ejecutivo enviara iniciativa de leyes secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar el sistema. Ese mismo día, remató su regocijo con un nuevo mensaje: El arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de pelear: Sun Tzu.

El beneplácito del presidente de Mexicanos Primero hacia la iniciativa del gobierno federal y su orden al Legislativo fueron desencadenados por el anuncio del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, la tarde del 13 de agosto, de que la Presidencia de la República enviaría esa misma noche al Congreso las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa.
La cita de Sun Tzu no fue un desplante de erudición, sino algo mucho más banal: una notificación, no muy sofisticada, de que el proyecto educativo de la coalición que él representa, se había impuesto sin tener que luchar abiertamente. Sus chantajes, presiones y amenazas dieron resultado. El Ejecutivo presentó como propia la propuesta empresarial de reforma a la enseñanza, diseñada por la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos (OCDE) y cabildeada por las cámaras patronales.
Por supuesto, quien salió a defender y explicar las iniciativas de leyes en público no fue el gobierno federal, sino el mismo Claudio X. González. Para que no quedara duda de que la propuesta educativa es suya, el hasta hace no mucho tiempo presidente de la Fundación Televisa, dijo a Denise Merker que ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente a grupo. Y detalló: Si entraste como profesor antes de la modificación al artículo tercero de la Constitución, tienes derecho a tres pruebas, si repruebas las tres se te retira del grupo y se te reubica, ya sea en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Publica, y “si eres profesor ‘nuevo’ y repruebas las tres pruebas dejas el servicio público y no se te reubica en ninguna parte”.
Unos cuantos días antes, el 9 de agosto, Emilio Chuayffet justificó su propuesta arguyendo que busca permitir al Estado recuperar la rectoría del sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos. Sin embargo, la apresurada proclamación de triunfo de Claudio X. González, demuestra que la afirmación del funcionario es fallida. El Estado no recuperará la rectoría del sistema pedagógico nacional, sino que se la entregará a la iniciativa privada y a la OCDE. A partir de ahora, la agenda y el marco normativo de la educación pública estarán en manos de esos dos poderes fácticos.
En lugar de reconocer que las leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo al Congreso son un menú a la carta dictado por los intereses empresariales, Chuayffet pretende disfrazar su sometimiento afirmando que éstas incorporan las propuestas del magisterio democrático. Algunas –aseguró– fueron entregadas a las autoridades del Pacto por México, y evidentemente tuvimos en cuenta algunas de esas propuestas. Por supuesto, sus palabras son falsas. El secretario no hace sino copiar el mismo guión de Enrique Peña Nieto, que trata de legitimar sus pretensiones de privatizar la industria petrolera usando la figura de Lázaro Cárdenas. No hay en ello novedad. Como suele hacer, Chuayffet miente. Esto no es cierto. Lo que se incorporó a las leyes secundarias fueron palabras e ideas de la CNTE de manera aislada y descontextualizada, dejando fuera lo central de su argumentación.

Las iniciativas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo son un asalto a las conquistas la­borales del magisterio y al principio de bilateralidad en la negociación de sus condiciones de trabajo. Confirman que la reforma educativa es, en realidad, una reforma laboral y administrativa que busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo y castigarlo. Una reforma basada en la evaluación que hace de la amenaza y el miedo al despido o a la degradación laboral el centro de una supuesta mejoría profesional del magisterio y la ruta para alcanzar la calidad educativa.
Los empresarios, que tienen menos pruritos que los legisladores, lo han reconocido con absoluta claridad. “La importancia real de la evaluación docente recae –sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– en las consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta materia.” Y, para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener consecuencias, positivas y punitivas también.
La aberración de este proyecto salta a la vista si se considera que ni los médicos que trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los abogados que litigan, ni los ingenieros que realizan obras son evaluados permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido, cuentan con su título y cédula profesional y han sido contratados, pueden laborar sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la nueva legislación establece que los maestros son trabajadores de excepción con un régimen laboral especial, y que deben estar sujetos a vigilancia permanente.
Por si fuera poco, el corazón de las propuestas que se discutirán a partir de mañana en el Congreso implica, en los hechos, el fin del normalismo. Las escuelas normales seguirán existiendo, pero su función estará completamente desnaturalizada. Sus egresados no se diferenciarán en nada de los de otras instituciones educativas.
Las leyes secundarias en materia de enseñanza no resolverán los grandes problemas educativos del país, por el contrario, los agravarán. Lo que sí harán será incendiar la pradera del descontento magisterial. Los grandes empresarios pueden estar contentos, pero no deberían olvidar que no son los únicos que leen a Sun Tzu.
Twitter: @lhan55