Semarnat da largas a una consulta

 

Iván Restrepo

Durante la docena trágica los funcionarios más importantes, comenzando por el becario de Harvard, dijeron que, por fin, la obra pública se haría con transparencia y en bien de la población. Que el gasto del gobierno se aplicaría con racionalidad, sin dispendio. Igualmente, que tratándose del medio ambiente y los recursos naturales, la prioridad era garantizar su buen estado y no destruirlos so pretexto de obtener el crecimiento económico o el ingreso de divisas. En cuanto al agua, repitieron, era asunto de seguridad nacional. Las últimas semanas diversas noticias muestran que nada de eso cumplieron. Comenzando por el conflicto político, económico y social que ocasionó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al dar el visto bueno al acueducto que lleva agua del Valle del Yaqui a Hermosillo, sin cumplir con un requisito básico y legal: consultar a las comunidades indígenas ahora afectadas por dicho trasvase. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara al respecto, pero no los actuales encargados de la Semarnat que deben realizar dicha consulta y le dan largas al asunto.

También la Suprema Corte echó por tierra el convenio firmado en 2007 por el Ejecutivo federal y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco para ampliar de 80 a 105 metros la cortina de la presa El Zapotillo, cuyas aguas servirán para abastecer la zona conurbada de Guadalajara, 13 municipios de la región de Los Altos y la ciudad de León. El entonces gobernador de Jalisco, el panista Emilio González, firmó dicho convenio sin contar con el aval de la legislatura estatal. Levantar la cortina 25 metros más inundaría el poblado de Temacapulín y las comunidades de Acasico y Palmarejo. Pero quienes defienden ese aumento alegan que con él se garantiza la plena utilización de la obra y más agua para la población, la industria y el sector agrícola. Por su parte, pobladores afectados directamente por dicha presa y grupos ambientalistas piden que la altura del embalse sea menor a 80 metros. Y que en vez de traer agua de otras cuencas se utilice racionalmente el agua hoy existente para uso humano e industrial, pues por fugas y mal uso se pierde una tercera parte.

Cabe señalar que el actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, del PRI, siempre se opuso al aumento de la cortina de El Zapotillo. Ahora impulsa la construcción de la presa, El Purgatorio, para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.
Otra obra, que en su momento se publicitó como una de las más importantes en el campo hidráulico, fue la presa Picachos, en Sinaloa. La inauguró el becario el último mes de su gobierno. Tardó seis años en construirse y costo más de mil 500 millones de pesos. Esa inversión la justificaron los funcionarios porque permitiría disponer de 322 millones de metros cúbicos de agua para generar electricidad, irrigar más de 20 mil hectáreas y abastecer de líquido a Mazatlán y poblaciones cercanas. Sin embargo, se necesitan 2 mil 500 millones de pesos para que comience a funcionar, pues no se cuenta con el sistema de riego ni de conducción del líquido para consumo humano. Y por si faltara, todavía no le pagan lo debido a los comuneros afectados en sus tierras por la construcción del embalse, mientras los agricultores que serán beneficiados con la obra dicen no tener dinero para cubrir el 5 por ciento que les corresponde del proyecto hidráulico. Así las cosas, Picachos y su correspondiente infraestructura comenzarán a funcionar al final de este sexenio, si hay recursos para terminarla.
Piensan construir otra presa para beneficiar a poblaciones y agricultores del sur de Sinaloa y al mal llamado Centro Integralmente Planeado. Este último es uno de los megaproyectos turísticos más cuestionados del sexenio anterior por los severos daños que ocasionaría al medio ambiente y los recursos naturales. Destacadamente a los humedales más importantes y mejor conservados de América del Norte: Marismas Nacionales. Igualmente lo fue el de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, de una empresa española con mala fama. Con el sello empresarial que distingue a la actual administración federal, no sería sorpresa si reviven ambos negocios, para nada sustentables.