Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La semana pasada Durango estrenó Constitución, pero lejos de ser un hecho que haga felices a las fuerzas políticas ha acarreado todo tipo de críticas hacia el Gobernador Jorge Herrera Caldera, quien gracias a este cambio ahora goza de mayores facultades.
La nueva Constitución incluye una Comisión Anticorrupción presidida por quien puede ser sujeto de investigación, el propio Gobernador. Otra de las quejas es que en materia electoral permitirá una sobrerrepresentación que favorecerá al PRI, ya que mientras a nivel nacional la sobrerrepresentación tiene un tope del 8 %, en Durango será del doble, de 16%.
También reduce el tamaño del Congreso estatal, que de 30 legisladores pasará a 25.
El Congreso del Estado aprobó el documento con 23 votos a favor y seis en contra.
Hace dos años el Gobernador del estado anunció que se redactaría una nueva Constitución, para lo cual creó una comisión encabezada por él y sin tomar en cuenta a los partidos de oposición, que, en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron 14 iniciativas.
Con el nuevo documento se crea una comisión anticorrupción donde el Consejo de Ética está presidido por el Gobernador. También se había propuesto que el mandatario tuviera la facultad de enajenar el patrimonio del estado y pasarlo sin la aprobación del Legislativo, sin embargo, se logró eliminar este punto.
Uno de los problemas de la nueva Constitución de Durango es que la propuesta salió del Gobernador y no tomó en cuenta a los partidos de oposición, ni se sentó con los líderes a discutirla, observa el coordinador nacional de diputados locales del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas. El panista ve en ello una contradicción.
Herrera Caldera es Gobernador desde el 15 de septiembre de 2010, puesto al que llegó representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI); durante su gestión ha enfrentado problemas relacionados con la presencia de la delincuencia organizada en La Laguna.
MESES OSCUROS
Enero trajo un inicio de año de pesadilla para el mandatario estatal: el crimen organizado comenzó a hacer sentir su presencia con media docena de ejecutados en distintos municipios y una acusación directa contra el Gobernador de estar ligado a uno de los grupos delictivos que operan en la entidad.“Atención policía federal y wachos: el problema no es con ustedes es con la DEI (Dirección Estatal de Seguridad) y con el Gobe Pechocho de Durango que ya se arregló con los Cabrera”, decía una de las narcomantas que aparecieron en distintos sitios del estado, sin firma.
Durante el primer mes del año, la violencia en la entidad se recrudeció con ataques a dependencias públicas, entre ellas las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y algunas empresas del sector privado.
Sólo en los primeros tres días del año, la FGE reportó la muerte de seis personas, cuyos cuerpos fueron localizadas en los municipios de Gómez Palacio y Súchil.
Durango volvió a ser noticia a nivel nacional a finales de julio cuando siete personas fueron asesinadas en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio tras ser atacadas por individuos armados.
Días antes se había reportado el asesinato de otras tres personas. La violencia ha mantenido a raya a la administración del priista Herrera Caldera, cuya administración recibió hace unos días 88.4 millones de pesos, distribuidos en tres municipios Durango con 35.3 millones de pesos; Lerdo con 13.5 millones de pesos y Gómez Palacio con 39.6 millones de pesos, para combatir la delincuencia a través de 26 programas de participación ciudadana y obras de infraestructura.
En abril pasado, el Diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez expresó que Lerdo se posicionó en la segunda población con mayor número de delitos dolosos dentro de las ciudades con más de 100 mil habitantes con una cifra de 141 muertes. El municipio de Gómez Palacio ocupa el lugar 25 con una cantidad de 112 asesinatos y finalmente el municipio de Durango en el número 32 con 156 homicidios dolosos.
Igualmente destacó la cantidad de delitos que quedan sin resolver en estos tres municipios. Mencionó que en Lerdo solamente se resuelven 3 casos de cada 10 que se registran, por otra parte en Gómez Palacio solamente se resuelven 5 de cada 10 y en Durango capital de cada 10 delitos 4 se quedan en la impunidad.
En 2011, el mandatario tuvo que salir a desmentir la versión de Héctor González, arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, quien aseguró que el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, estaba escondido el municipio de Guanaceví, lo que enrareció el ambiente ya que en ese año había seis poblaciones de la entidad catalogadas como “focos rojos” por los altos índices de violencia que registraban, lo que motivó la presencia del Ejército.
El mandatario salió al paso de las declaraciones al negar la presencia del conocido capo y afirmando que las cosas estaban bajo control y que el índice delictivo ha ido a la baja, discurso que mantiene hasta ahora, asegurando que en el primer cuatrimestre del año la violencia en la entidad bajó 34 por ciento.
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