Jesús Jiménez
03 mayo 2012
Fueron adquiridas con recursos que el ex funcionario saqueó de las arcas del estado, asegura Carlos Orta, presidente del PAN en Coahuila
Saltillo.- No sólo en Estados Unidos existen propiedades de Javier Villarreal Hernández y de diversos prestanombres, que fueron adquiridas con recursos públicos de Coahuila, también en diversos estados de México existen inversiones que deben ser investigadas por las autoridades, a fin de recuperar para nuestro estado esos montos, para aligerar la pesada carga de la enorme deuda.
Así lo declaró a la columna Aeropuerto el presidente del Partido Acción Nacional en Coahuila, Carlos Orta Canales, entrevistado ayer en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, a donde acudió a recibir a diferentes militantes y representantes de su partido que participarán este jueves y viernes en la Expo Deuda que se realizará en Villa Ferré, y quien dijo que “el pueblo de Coahuila debe solicitar que las autoridades de Estados Unidos reintegren los montos incautados de Villarreal Hernández.
“Nosotros siempre dijimos que si existía una manera de hacer justicia, sería a través de las leyes de Estados Unidos, que sin duda castigarían a Javier Villarreal cuando cometiera un error, y así fue, porque así como hay facilidades en ese país para invertir y generar empleos, también hay leyes estrictas que se aplican cuando no demuestras cuál es el origen de los recursos”, expresó el dirigente albiazul.
Agregó que “primero que nada, esos recursos provienen de Coahuila y se adquirieron de manera ilícita o incorrecta, a través de fraudes y falsificaciones, y desconozco la legislación americana y qué trámites se deben de hacer para poder reclamarlos, pero son recursos que le corresponden al pueblo coahuilense, son de sus impuestos y fueron saqueados y llevados allá para hacer muchas inversiones”, aseguró.
“Pero también hay recursos de Coahuila y de los coahuilenses invertidos en varios estados de México que deben ser investigados a fondo, los hay en propiedades en Monterrey y en muy diversos municipios de aquí del estado, y no sólo a nombre de Javier Villarreal, también de muchos prestanombres como Vicente Cháires, quien no estuvo sentado cerca de los recursos, lo estuvo lejos, pero los estaba recibiendo porque alguien se los estaba dando”, aseguró el entrevistado.
“Recordemos —dijo el dirigente del PAN— que Javier Villarreal fue contratado de alguna manera para hacer el trabajo sucio, y lógicamente lo hacía para alguien de arriba, y Villarreal dijo: ¿’Por qué no lo hago para mí’?, y así fue saqueando al estado, como ahora está saliendo a la luz pública, por lo que se debe investigar qué paso con todo ese dinero que falta y que no se ha justificado, porque no nos han dicho, ni el origen ni la aplicación de todos esos montos”.
Orta Canales hizo especial énfasis en que “no sólo estamos hablando de lo que se pidió como deuda pública de manera ilegal o bajo simulación de actos jurídicos, que es mucho el faltante, y según las auditorías no ha sido comprobado, sino también debemos recordar que Coahuila en 6 años recibió más de 170 mil millones de pesos, según los propios informes, y no se invirtió mas de 16 mil mdp en obra ni en infraestructura”.
‘Que se aplique la ley’: Concanaco
En ese mismo sentido y entrevistado también en el aeropuerto, Jorge Dávila Flores, presidente nacional de Concanaco, dijo que “la postura que nosotros hemos fijado es que se deslinden responsabilidades y se aplique la ley, y de ahí lo que proceda”, y dijo que si se pudieran regresar esos recursos al estado “sería una alternativa que hay que estudiar si se pudiera dar, pero vamos a esperar el resultado de las investigaciones correspondientes, y ya entonces emitiremos un comunicado”.
Pasajeros en tránsito
En el vuelo 226 México-Saltillo-Piedras Negras llegó ayer Juan Pablo Arellano, delegado del CEN del PAN para Asuntos Electorales, y Eduardo Valdés, también dirigente panista, quienes fueron recibidos por el ex diputado local Jorge Rosales Saade. De Saltillo a México viajaron en el vuelo 231 Jorge Dávila Flores, presidente de la Concanaco, y Guillermo Quintero Rodríguez, delegado federal de la Procuraduría Agraria, entre otros.
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