COMPLICIDAD O NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES
Los principales organismos internacionales defensores de periodistas encienden luces de alarma ante la devastadora ola de violencia que afecta a los comunicadores en México. En sus reportes e investigaciones destacan la falta de libertad de expresión, así como la impunidad que prevalece en casos de asesinatos, lesiones y amenazas contra la gente de prensa
domingo, 06 de mayo de 2012
HOMERO CAMPA
ÉXICO, DF (Apro).- Según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), México es el país más peligroso para los periodistas en el continente americano y se encuentra entre los cinco "más mortíferos" del mundo.
También es uno de los 10 donde hay mayor impunidad en los casos de periodistas asesinados, desaparecidos, secuestrados o agredidos, indica el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Y debido a la violencia e impunidad que afecta a los trabajadores de los medios, es una de las cuatro naciones americanas donde no prevalece la libertad de prensa, sostiene la organización Freedom House.
Los señalamientos de éstas y otras organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los periodistas y de la libertad de expresión aparecen en sus más recientes informes sobre México.
Varias de ellas aportan datos duros: RSF dice que de 2000 a 2011, 80 periodistas fueron asesinados y de 2003 a 2011 otros 14 fueron desaparecidos. El CPJ consigna que en los primeros cinco años del gobierno de Felipe Calderón fueron asesinados 32 trabajadores de los medios, en tanto que la organización Artículo 19 sostiene que en 2011 hubo 172 casos de amenazas y agravios contra periodistas.
En un informe publicado en diciembre pasado, RSF identifica al puerto de Veracruz como uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo, junto con las ciudades de Misrata (Libia), Daraa, Homs y Damasco (Siria), la plaza Tahrir de El Cairo (Egipto) y la Plaza del Cambio en Saná (Yemen).
LOS FACTORES...
Las organizaciones coinciden en que la presencia del crimen organizado, la corrupción de las autoridades y la impunidad que impera en los crímenes contra la prensa son factores que explican el creciente número de asesinatos y ataques contra los periodistas, así como la censura y autocensura que afectan a reporteros y medios.
Destacan que esta situación se agudizó conforme el gobierno de Felipe Calderón atizó la guerra contra el narcotráfico, pues incluso autoridades locales y federales, así como fuerzas policiacas y del Ejército, son responsables de muertes, atentados y agresiones contra periodistas.
RSF cita un estudio de la organización Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que atribuye a las autoridades 49.03% de los ataques a la prensa y sólo 26.45% al crimen organizado durante 2010.
El documento señala: "A la responsabilidad del crimen organizado en la ruptura del estado de derecho se suma la de las autoridades, por complicidad o negligencia. Las violaciones de los derechos humanos atribuidas a la policía y al Ejército, así como a la corrupción de los dirigentes políticos, con frecuencia implicados en delitos de tráfico de estupefacientes, constituyen un freno en las investigaciones sobre los ataques y crímenes cometidos contra los periodistas y los medios en los que éstos laboran".
Y añade: "Frente a la escalada de terror, la autocensura o el exilio son con mayor frecuencia la alternativa de los periodistas condenados a ejercer su profesión bajo amenazas".
SIN LIBERTAD
En su informe "La libertad de prensa 2012", Fredoom House clasificó a México en el rango de naciones donde no existe libertad de prensa. Es el segundo año consecutivo en que el país cae en esa categoría. La organización mide los entornos legal, político y económico que favorecen u obstaculizan la libertad de expresión y de prensa. México obtuvo 62 puntos, donde cero es totalmente libre y 100 marca la ausencia absoluta de libertad. El país comparte esta condición en América con Cuba, Venezuela y Honduras y, a escala mundial, con naciones como Irán, Corea del Norte o Uzbekistán.
El informe –presentado el jueves 3– apunta: "Después de caer a la categoría de ‘no libre’ en 2010, México continuó con altos niveles de violencia delictiva en 2011, especialmente contra periodistas y comunicadores que utilizaban los medios sociales para evitar la autocensura en la prensa tradicional. Ocho trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en 2011 y los periodistas denunciaron haber recibido amenazas de cárteles de la droga, así como de la policía y los políticos".
Detalla que "la libertad de prensa se vio amenazada fundamentalmente por las difíciles condiciones provocadas por el lugar central que ocupa México en el tráfico internacional de drogas ilícitas; por el empleo de la fuerza militar en las principales ciudades contra grupos delictivos y por la imposibilidad de promover reformas significativas en materia de rendición de cuentas e imperio de la ley. Tampoco pudieron materializarse las promesas de mejorar la ineficaz protección gubernamental y de las fiscalías y no hubo ningún progreso en las reformas estructurales requeridas para compensar los problemas provocados por la concentración de los medios electrónicos".
El reporte de Freedom House sostiene que "la impunidad se mantiene en México. Existen pocos avances en el procesamiento de los casos de homicidio y alegatos de tortura de trabajadores de los medios de comunicación".
Observa que "la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es considerada como generalmente ineficaz y no pudo procesar ningún delito grave contra periodistas en el año 2011". Asegura que el trabajo de esta dependencia "fue obstaculizado por deficiencias jurisdiccionales, escasez de investigadores y la necesidad de emplear recursos de otras dependencias, en ocasiones rivales. Por añadidura, los periodistas desconfían del gobierno porque en algunos casos los políticos y los policías están entre quienes los amenazan.
"Los periodistas y medios de comunicación regularmente censuran las noticias acerca de las organizaciones delictivas y evitan cada vez más cubrir la corrupción local. En un número creciente de ciudades se ven presionados a seguir las órdenes de los cárteles del crimen organizado en sus reportajes, al igual que ceder ante la presión del gobierno. Los periodistas suelen ser retirados de sus cargos después de hacer reportajes sobre estos temas delicados".
Pone un ejemplo: en abril de 2011 un reportero y un editor en San Luis Potosí fueron despedidos del periódico El Portal, a petición del gobierno estatal que condicionó el otorgamiento de publicidad a la remoción de esas personas.
LA AUTOCENSURA
Luego explica que en varios estados "la extensión de la influencia de los narcotraficantes en los medios de comunicación marcó una transición del silencio impuesto al control activo de la agenda noticiosa. Debido a ello es frecuente la autocensura respecto a temas delicados, como las amenazas a defensores e informadores".
El informe de Freedom House consigna que "los cárteles de la droga están detrás de la mayoría de los actos de violencia, pero las autoridades locales y las fuerzas policiales parecen estar involucradas en algunos casos lo cual crea un ambiente donde los periodistas no saben de dónde vienen las amenazas ni cómo evitar la violencia". Y subraya que el estado de Veracruz "experimentó una violencia excepcional en 2011".
"Las redes sociales –señala– se han convertido en un medio alternativo para que periodistas y ciudadanos comunicadores puedan denunciar y hablar de cuestiones relacionadas con la violencia asociada con las drogas; sin embargo los blogueros y los periodistas en las redes sociales fueron blanco de un esfuerzo por cerrar las formas alternativas de comunicación pública".
El documento se refiere el caso de María Elizabeth Macías Castro, periodista y bloguera de Nuevo Laredo en Vivo, un sitio web sobre crimen organizado. "Fue asesinada en octubre por sus reportajes anónimos sobre la guerra contra las drogas". Añade que "otros tres periodistas también fueron asesinados por publicar blogs críticos en torno a ese tema. Todos los cuerpos fueron torturados o mutilados y dejados en lugares públicos con notas para intimidar a los usuarios de internet".
En su parte final, el reporte de Freedom House critica la concentración en los medios electrónicos. Dice: "La propiedad de las radiodifusoras es predominantemente privada, pero está muy concentrada y la cobertura de noticias por televisión está dirigida por intereses corporativos de empresas privadas. La mayoría de las estaciones de televisión están afiliadas a Televisa o TV-Azteca, dos corporaciones de propiedad familiar, dueñas de cerca de 85% de las estaciones en México. Estas estaciones son las únicas redes con alcance nacional, mientras que una docena más o menos de empresas familiares controla la radio".
Más: "La industria telefónica está dominada por Telmex y esta organización también está tomando posesión de los servicios de televisión de cable y de proveedores de internet. En la sociedad civil mexicana se critican estas prácticas oligopólicas, pero la falta de voluntad política impide que funcionarios y políticos se enfrenten a los poderosos medios de comunicación y las empresas de telecomunicaciones. No hubo ningún movimiento en el Congreso de México ni en los órganos reguladores del Poder Ejecutivo para legalizar y apoyar a las emisoras comunitarias ni para reaccionar ante las demandas para diversificar la propiedad del espectro de radiodifusión. A sólo unas cuantas radios comunitarias se les han concedido licencias".
Señala que funcionarios y políticos utilizan la publicidad, los sobornos y el otorgamiento de favores para influir en el contenido editorial de algún medio. Precisa que "dichas prácticas ocurren especialmente en los periodos prelectorales y durante las campañas políticas".
CASOS NO RESUELTOS
Por su parte el CPJ publicó el pasado 17 de abril su informe Eludir a los asesinos, en el cual mide el "índice de impunidad" por casos de asesinatos y desapariciones de periodistas en el mundo. La organización clasifica a los países en función de los casos no resueltos con respecto al total de su población. México aparece entre los 10 países con mayor índice de impunidad. Comparte ese estatus con Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Nepal, Rusia y Pakistán.
El reporte plantea: "La red de narcotráfico, crimen y corrupción oficial que ha impulsado una ola de violencia en extensas regiones del país también ha producido un efecto devastador en la prensa".
Expone que "al menos 15 casos de periodistas asesinados permanecen sin resolver". Sin embargo el "registro puede ser más grave" debido a que existen otros 11 desaparecidos y "una cantidad numerosa de asesinatos" de informadores cometidos "en circunstancias poco claras".
"Una autocensura generalizada es el resultado de este clima de terror, que obliga a muchos medios de comunicación a abandonar la cobertura de temas sobre crímenes y corrupción", sostiene el informe.
"Así —ejemplifica— balaceras y muertes en calles de ciudades importantes como Reynosa, Tamaulipas, no reciben cobertura alguna".
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