SOBREAVISO

Debates sin tema y temas sin debate

René Delgado
3 Ago. 13

Como broma, suena chistoso abrir un debate sin materia y resolver una materia sin abrirla a debate. Como estrategia política, suena demagógico hacer alharaca sobre un tema durante semanas y con sigilo y premura resolver otro.

Durante semanas se ha debatido la reforma energética, cuya iniciativa apenas la presentará el gobierno el próximo miércoles, pero ahora resulta que la prioridad legislativa es otra: la reforma electoral, la cual -más allá de algunas ideas no del todo articuladas- se desconoce.

Tal paradoja puede ser producto de la dificultad del gobierno y los partidos para fijar prioridades. Sin embargo, también puede ser producto de una suerte de perversidad o ineptitud que les resta credibilidad y seriedad a los actores políticos, en un momento que no conviene jugar con esos valores.


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A mediados de junio, al exterior fue el presidente Enrique Peña Nieto a abrir un asunto interno: la reforma energética.

A partir de entonces y en medio de los sobresaltos provocados por las elecciones de julio, el tema a debate fue el petróleo. El eje de la discusión fue absurdo, debatir una reforma, cuya iniciativa -al menos, la gubernamental- aun se desconoce. Pero el tema lo tratará el Congreso hasta el periodo ordinario que arranca en septiembre, porque la prioridad es legislar la enésima reforma electoral (no política) que es del particular interés de los partidos.

Si la idea era precipitar el debate sobre el petróleo para medir cómo venía la mano y preparar la estrategia de su presentación, quizá la jugada rindió algunos frutos. Esa aventura, sin embargo, arrojó también otro resultado. La precipitación del debate puso al descubierto las posturas de las oposiciones frente al tema, pero también descubrió la corrupción y la ineficiencia prevalecientes en Petróleos Mexicanos.

Privatizar esa empresa, siguiendo el juego a quienes así advierten el asunto, exigiría como precondición reexpropiarla porque el debate exhibió que la industria petrolera tiene dueños: la cúpula sindical, la alta burocracia de la empresa, el fisco, los contratistas y, desde luego, los empresarios del crimen que han diversificado su actividad al ramo petrolero. ¿Cómo privatizar una propiedad si tiene dueños?

El contrato laboral parece un acuerdo entre particulares. El consejo es expresión de la capacidad de los partidos para acordar cuotas de poder hasta en esa instancia. La división del corporativo es la división de la empresa. El director de la empresa es rehén de esa maraña de intereses. La productividad es asunto exclusivo del sindicato que, parafraseando el himno, entona "...el cielo una plaza por cada hijo te dio". La ordeña fiscal, sindical y criminal es problema de un inventario mal hecho.

Modernizar la empresa, siguiendo el juego de quienes así advierten el asunto, exigiría como precondición someter, cuando menos, a la cúpula del sindicato y sacudir a fondo su administración, antes de tocar su estructura. Abrir la participación del capital privado en ella, en el estado que guarda, sería tanto como rematar lo poco que le queda. Esto porque, con toda razón, quienes tienen interés en participar en Petróleos Mexicanos demandarían fuertes garantías a su inversión.

Todo eso afloró con la precipitación del debate y, ahora, cuando finalmente el gobierno abra sus cartas y fije postura ante la reforma, será menester remontar el saldo que dejó la primera aproximación al tema. Modernizar Petróleos Mexicanos sin tocar al sindicato y sin emprender su reforma administrativa es un sueño imposible o un acto desesperado por atraer capital a como dé lugar.


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Lo paradójico del asunto es que, ahora, el gobierno y los partidos dicen: bueno, en realidad el asunto legislativo prioritario es la reforma electoral, cuyo debate no se ha abierto y cuya iniciativa se desconoce. Se ha presentado por parte de las fracciones parlamentarias opositoras un proyecto de reforma política, pero -por el compromiso hecho en el marco del Pacto- la atención se concentrará exclusivamente en el aspecto electoral, o sea, de nuevo y como siempre, el interés está sólo en el reparto, no en el sentido del poder. Más adelante se verá para qué sirve el poder, lo importante es repartirlo.

Curioso de por sí anunciar una reforma electoral sin iniciativa, no menos lo es la agenda fijada para el periodo extraordinario que, en principio, arrancará el 21 de agosto, 10 antes de arrancar el periodo ordinario de sesiones.

En un lapso menor a 20 días, los legisladores tendrán listas las iniciativas y los dictámenes de las reformas electoral y financiera, así como la Ley General de la Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la del Servicio Profesional Docente.

Además, la generosidad y la prestancia legislativa obsequiarán a la nación los ajustes al Instituto Federal de Acceso a la Información y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la ley relacionada con la deuda de estados y municipios. De pilón, los diputados concederán nombrar al consejero electoral faltante y la gracia de los senadores dará a la luz los nombres de los comisionados del Ifetel y la Cofeco.

La dimensión de esa agenda orilla a pensar en una disyuntiva: los legisladores han trabajado y dictaminado en comisiones sin transparentar su quehacer ni hacer consultas o, peor aún, van a trabajar sobre las rodillas asuntos de enorme importancia en el corto y el largo plazos para el país. Resolver 11 asuntos legislativos en 20 días, aceptando que los periodos extraordinarios son para votar dictámenes, no para presentar ni discutir iniciativas, habla de una gesta legislativa o de una irresponsabilidad parlamentaria mayúscula.


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Ciertamente, en este espacio se había señalado que los periodos extraordinarios de agosto deberían concentrar su atención en resolver pendientes antes meterse en nuevos embrollos legislativos. Conforme a la agenda legislativa fijada se resolverán pendientes y se presentarán nuevos embrollos. Algo de osadía y algo de aventura tiene el acuerdo del gobierno y los partidos.

El punto delicado es abrir frentes para después cerrarlos, precipitar temas o debates para después postergar su abordamiento legislativo o, en sentido contrario, abordar asuntos legislativos sin debatirlos. Esa circunstancia habla de falta de claridad en las prioridades y, sobra decirlo, por esa ruta más de una vez se han perdido la dirección y el rumbo.


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