Seguro «universal»: justificación «social» para generalizar el IVA

 

Gustavo Leal F.*

Cumpliendo el sueño salinis-ta de un bipartidismo a imagen de EU, la distribución de tareas entre PRI y PAN vuelve a operar. Como apenas ocurriera (noviembre 2012) con la reforma laboral, ahora, mientras el PAN asume la reforma energética, el PRI se ocupará de la reforma fiscal.

Y ésta, según comunicara Peña (20 de julio), incorporará uno de sus compromisos de campaña: la seguridad social universal, aunque ella se reduzca a meras condiciones mínimas de bienestar. Justo lo que el Consejo Coordinador Empresarial, Instituto Mexicano para la Competitividad y Coparmex demandaran frente a la única iniciativa que dotaría de algunos recursos extras al IMSS (artículos 27-32, 9 de marzo): discutirla dentro de la reforma fiscal ( Reforma, 2/5/13).
Peña quiere un sistema de seguridad social universal que garantice a todos condiciones mínimas de bienestar con atención a la salud, seguro de desempleo y pensión para el retiro como elementos fundamentales. Será parte de la reforma hacendaria. Pero ¿es universal un sistema de sólo tres derechos exigibles? Además de que no estableció como va a financiarlo (en campaña lo vinculó al IVA).
Esta oferta que recorta prestaciones y eleva impuestos –diseñada por Santiago Levy y manufacturada como consenso por intelectuales mediáticos e intereses– fue divulgada como una de las reformas que el país necesita y ampliamente publicitada como soporte social del incremento del IVA generalizado y sin excepción.
Ante las críticas de Gabriel Zaid por la facilona propuesta priísta para elevar el IVA ( Reforma, 28/4/13), Jorge Chávez Presa –ex diputado federal priísta, ex director de la SHCP, actual director en Banorte e integrante del CEESP– respondió: le faltó indagar cuál sería la aplicación de la recaudación adicional. Generalizar el IVA como un fin en sí mismo es absurdo. Lo correcto es contemplar el binomio impuesto-gasto. Si la recaudación adicional la dirige a un sistema de protección social con acceso efectivo a servicios de salud, un seguro de vida e invalidez y pensión mínima, lograríamos un México más incluyente ( Reforma, 3/5/13). Para elevar el IVA, el PRI modificó sus documentos básicos el 4 de marzo 2013.
En campaña Peña ofreció cuatro derechos exigibles que, ahora, redujo a tres: desapareció el seguro de riesgos de trabajo. Pero resulta que la atención a la salud ya está en el Pacto por México (compromiso 1, portabilidad y convergencia) que han asumido sin chistar los directores del IMSS-Issste bajo la rectoría de la Ssa. El seguro de desempleo, también anunciado en el pacto (compromiso 4) fue ahora presentado por Peña como temporal y ha sido anticipado por el secretario Navarrete Prida con otro conjunto de iniciativas vinculadas con la productividad y el fomento de la formalidad. La pensión para el retiro (compromiso 3 del pacto) es el Programa 65 y más. ¿Qué hay de nuevo?

El avance de la verdadera agenda socio-electoral de Peña se abre camino con la Cruzada Nacional contra el Hambre: vincularla con el Seguro Popular, según Mercedes Juan ( La Jornada, 8/5/13); priorizar en ella 800 mil beneficiarios en condiciones de pobreza extrema –durante 2013– del Programa 65 y más, según Rosario Robles ( Reforma, 8/3/13) y la ampliación paulatina del Seguro para Madres en municipios de zonas urbanas de mayor marginación incluidos en la cruzada, según Peña ( La Jornada, 14/3/13).
El seguro universal de Peña está cubierto con recursos fiscales. Vale 66 mil 400 millones de pesos. Dispone de 10 mil millones para la atención sexenal a la salud ( Reforma, 21/7/13), más la bolsa del Seguro Popular; 30 mil millones para el seguro de desempleo (Navarrete Prida, El Financiero, 15/7/13); 26 mil millones para la pensión para el retiro (Presidencia de la República, 7/3/13) y 400 millones para el seguro para madres (Presidencia de la República, 13/3/13).
Como ya está cubierto, el incremento al IVA –justificado socialmente con el seguro universal–, suturaría el hoyo fiscal de la reforma energética.
En la 32 Asamblea de Funsalud Peña aclaró que la salud es un derecho humano, no laboral. Pero como señala el ministro Cosío: la sustitución de garantías individuales por derechos humanos no es sólo semántico. Implica que para cumplirlo Peña sólo puede acotarlo. Tal como sucede con el Seguro Popular. Esta es la médula de la universalidad de Levy.
Aliado al PAN, Peña pretende justificar socialmente su reforma fiscal con un seguro universal que acota a mínimos el compromiso del Estado en materia de derechos humanos, pero fortalece simultáneamente la acción socio-electoral de su cruzada. Peña dispone, además, de un convenio signado por México con la OIT para un piso básico de protección social (apoyado por la UNT-CTM) y también cuenta con una agenda de lucro enarbolada por el sector asegurador: Fernando Solís Soberón (AMIS y Banorte) junto con el fondo único de Funsalud operado por Mercedes Juan desde la Ssa ( Reforma, 25/7/13).
Con la universalidad de Peña los jóvenes recibirán menos prestaciones y servicios por más impuestos. Pero los intereses de los actores que animan la política pública dispondrán, por primera vez, de un jugoso y nutritivo mercado que difícilmente beneficiaría a los pacientes, trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Después de una reforma laboral que sacrifica a los jóvenes, ésta es la política socio-electoral del nuevo PRI-Peña: protección social mínima con seguridad social integral deliberadamente rebajada (IMSS-Issste) para una país al servicio de los inversores.
*UAM-Xochimilco