Obtiene gobierno de Sonora con acciones ilegales tierra guarijío

Jesús Armando Haro y Ramón Martínez, asesores de los indígenas, amenazados

 

Consiguió firma de los gobernadores tradicionales sobre 3% de los derechos para construir la presa Pilares-Bicentenario; sin embargo, falta autorización del comisariado ejidal y la asamblea

Las maniobras que realizan los gobiernos estatal y municipal de Álamos para obtener las tierras colocan a la comunidad guarijía en una situación de alta vulnerabilidad, advirtieron en entrevistaFoto José Núñez

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de agosto de 2013, p. 39

 

La población indígena guarijío –asentada en Sonora, y que apenas cuenta con unas 350 familias– se resistió durante dos años a ceder los derechos de sus tierras para la construcción de la presa Pilares-Bicentenario, pero las autoridades estatales obtuvieron hace unos días la firma de los gobernadores tradicionales mediante engaños y la obstrucción a la asistencia a las asambleas de asesores, señalan Jesús Armando Haro, investigador del Colegio de Sonora, y Ramón Martínez, de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable, quienes, además, recibieron amenazas de muerte.

Desde el 21 de julio, cuando se dieron las primeras advertencias, han enfrentado dificultades para ir a las cinco comunidades guarijías, la mayoría ubicadas en el municipio Álamos, a ocho horas de Hermosillo.
Ese día las llantas de sus carros fueron macheteadas, después empezaron las amenazas de muerte por teléfono y correo electrónico, y aunque presentaron denuncia ante el Ministerio Público y recibieron escoltas del gobierno municipal, cuando las requirieron para acudir los primeros días de agosto a las asambleas guarijías les fueron negadas, detallan en entrevista.
Mientras, el gobierno estatal consiguió las firmas de los gobernadores tradicionales para obtener 3 por ciento de los derechos de las tierras que le faltan para su proyecto y en las cuales está prevista la cortina de la presa, indican.
Esas autorizaciones se consiguieron con acciones ilegales, ya que sacaron a cuatro gobernadores –que tenían el acuerdo de tomar una decisión conjunta– de las comunidades para trasladarlos a Navojoa, donde los aislaron y les pidieron por separado la firma. Además, una de estas autoridades es ilegítima y la otra será destituida en asamblea por haber firmado la cesión.

Maniobras para lograr las firmas

Todo esto ocurrió, indican, luego de compromisos que los gobiernos estatal y municipal asumieron el año pasado y que no se han cumplido: la presentación del documento del proyecto, un resumen de éste en español y guarijío, y la realización de la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, la cual se instaló, pero no concluyó.

Haro y Martínez detallan que todavía el domingo pasado acudieron a una asamblea guarijía de la región, sin protección policiaca, donde observaron que representantes de los gobiernos estatal y municipal no respetaron las formas de deliberación interna, ofendieron a la autoridad tradicional que no firmó y se salió de la asamblea. Promovieron su destitución para poner un guarijío que firmó un convenio apócrifo para ceder los derechos, y ahora lo quieren hacer pasar como el quinto gobernador que lo suscribe.
Tras abandonar Sonora y adheridos al Mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación a causa de las amenazas, consideran que lo importante en este momento es la vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad guarijía por las maniobras que los gobiernos estatal y municipal de Álamos realizan para obtener las tierras, lo que indica un cambio de estrategia respecto del diálogo que el año pasado sostuvieron.

El proyecto de la presa Pilares, que al igual que el Acueducto Independencia al que se opone la comunidad yaqui forma parte de la estrategia Sonora Sí, tiene prevista una inversión de mil 200 millones de pesos.
Está planeado como un vasode control de avenidas de agua del valle del Mayo, el cual ha sido afectado por huracanes que han ocasionado daños de alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, afirma en su página de Internet el gobierno del estado.

La instalación de la consulta libre

Los asesores Martínez y Haro, junto con dos especialistas que llevan años de trabajo en la región, comenzaron a asesorar a los guarijíos repartidos en las comunidades Burapaco, Guajaray, Macurawe, Los Conejos y Los Jacales, en 2011, pero fue el año pasado cuando ésta se intensificó y lograron establecer mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, además de la instalación de la consulta libre, previa e informada que establece el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aunque ésta no concluyó. También hicieron comentarios a la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, autorizado en forma condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Armando Haro detalla que el documento no tenía suficiente información de la biodiversidad que hay en la zona y es un machote de otro proyecto presentado en Veracruz, porque incluso contiene alusiones a municipios de este estado. Sumado a esto, tampoco la Semarnat hizo la consulta pública de la MIA.
En una plática, donde se van turnando para explicar la problemática de este proyecto y de la comunidad guarijía, así como la situación que viven a raíz de las amenazas, apuntan que las autoridades federales no volvieron a la región, aunque sí tuvieron apoyo de una funcionaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pero se suspendió con la llegada de la actual administración.
El gobernador tradicional de la colonia Macurawe que se ha negado a firmar –y al que se intentó destituir– envió un oficio a Nuvia Mayorga, titular de la CDI, para que asista a la región, describiendo los amagos a que se están enfrentando, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Hay omisión de la CDI.
Ramón Martínez sostiene que con los cambios en el gobierno federal y en la CDI se da luz verde para atacar a los gobernadores tradicionales, presionarlos y ofrecerles prebendas.
Añade que además faltan las autorizaciones de las autoridades ejidales –comisariado ejidal y la asamblea– para la cesión legal de las tierras al proyecto.
Respecto de las amenazas que recibieron refieren que en la asamblea del 24 de julio en Macarawe supieron de la vehemencia de las autoridades (estatales) de que no querían nada con los asesores.
Abundan que cuando quisieron ir a las asambleas guarijías que se realizarían del primero al 4 de agosto, pidieron protección al gobierno estatal para acudir, pero no se les dio y aún con el riesgo que implican las amenazas que han recibido, acudieron a la zona.