Vanguardia 09-Abril-2010
La crisis de seguridad que se vive en la Región Laguna, particularmente en el municipio de Torreón, requiere urgentemente una mejor respuesta por parte de los tres órdenes de Gobierno.
Y, como se ha dicho hasta la saciedad, lo que menos importa en este propósito es saber “quién tiene la culpa” de que las cosas hayan llegado hasta la situación actual, pues eso no resuelve el problema.
A las personas que han sido víctimas de la delincuencia organizada, así como a sus familias, de nada les sirve —y en nada les ayuda— que les digan a quién deben culpar por la ineficacia de las instituciones que tienen como obligación legal garantizar su seguridad y la de sus bienes.
La ola de plagios que se desató en las últimas horas en La Laguna no necesita diagnósticos y menos si estos son realizados por los gobiernos municipal, estatal o federal.
Los ciudadanos sabemos de sobra las razones por las cuales los criminales actúan en la forma en que lo están haciendo: las autoridades de todos los niveles se han dedicado a demostrar cotidianamente su incompetencia para hacer frente al desafío que representa la actividad del crimen organizado.
Así que no necesitamos que nadie nos diga cómo, cuando o dónde comenzó esta historia, ni que intenten convencernos de que esto es culpa exclusiva de algún orden de Gobierno: en esta historia no hay, al menos en el bando gubernamental, héroes y villanos, sino solamente funcionarios que no saben, no quieren o no pueden cumplir con su responsabilidad.
Lo que sí necesitamos es que nos digan quién va a resolver el problema, cómo lo va a hacer y en cuánto tiempo.
También necesitamos, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este espacio, que las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia establezcan un compromiso puntual con la sociedad en esta materia.
¿Qué quiere decir esto? Que se le ponga nombre y apellido a los responsables de frenar la inseguridad y que les establezca un plazo concreto para cumplir dicha encomienda al final del cual, si han fracasado en el intento, sean sustituidos por alguien que sí sea capaz de alcanzar el éxito.
Es tiempo que la incompetencia demostrada hasta ahora por todos los actores gubernamentales relacionados con el fenómeno comience a provocar bajas en el sector público, concretamente en los cuerpos de policía y en las procuradurías de justicia.
La situación es intolerable y por ello no admite ambigüedades ni demoras en la obtención de resultados. Si quienes hoy encabezan las instituciones responsables de garantizar nuestra seguridad no pueden con el paquete, que se vayan a sus casas y sean relevados por individuos comprometidos con el logro de metas concretas.
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