martes, 27 de abril de 2010

Calderón dice que la ley migratoria de Arizona "abre la puerta al odio"

El presidente mexicano rechaza la nueva norma contra los 'sin papeles'

SALVADOR CAMARENA México 27/04/2010/El País


El presidente mexicano, Felipe Calderón, solía decir cuando era candidato en 2006, e incluso como presidente, que lo mejor que podía hacer Estados Unidos para detener la migración de mexicanos era ayudar a que en Michoacán, Zacatecas o Jalisco, lugares altamente exportadores de mano de obra, por mencionar algunos, se construyeran caminos, fábricas, escuelas... Al diagnóstico le faltaba contemplar variables más complejas, desde una devastadora crisis económica internacional hasta las tensiones de la política interna estadounidense, que en Estados como Arizona han atrapado el debate migratorio hasta el punto de criminalizar a los sin papeles, medida que ayer fue duramente condenada por el mandatario mexicano, quien afirmó que "abre la puerta al odio".
Caza a los 'sin papeles' en Arizona

"Ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos de la gente. Esta convicción es hoy más fuerte que nunca, ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley SB1070", dijo ayer Calderón, durante una reunión con representantes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El presidente mexicano responde así a la promulgación de una ley en el Estado de Arizona que será efectiva en 90 días y que permite a la policía detener indiscriminadamente a personas sólo por su apariencia y encarcelarlas si no pueden demostrar su residencia legal, incluidas aquellas que siendo estadounidenses no cuenten con papeles para demostrarlo.
"Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarlo de esta manera, abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley", apuntó Calderón, quien tiene prevista una visita de Estado a Washington dentro de unas semanas. "El próximo mes de mayo haré una visita al presidente Obama y al Congreso de los Estados Unidos. Tengan la certeza de que en las reuniones que habré de tener, en los espacios que como presidente de México habré de defender, estará presente el tema, indeclinablemente, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo; y la imperiosa necesidad de avanzar a esquemas racionales, sensatos, humanos, equilibrados, que sin menoscabo del derecho que tiene cualquier país de regular las leyes de su propio territorio, sí permitan, como he dicho, una migración ordenada, integral, comprensiva y justa".
Rotativos como The New York Times yThe Washington Post han criticado a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, por haber firmado el viernes la ley, a pesar de que tuvo varios días para devolver la iniciativa al Legislativo local, como le pedían distintas voces de ámbito nacional e internacional. El Times señaló en un duro editorial que la medida iba en el sentido equivocado y el propio Obama adelantó el viernes que Washington actuará para prevenir la "irresponsabilidad de otros". La gobernadora republicana dijo, por su parte, que validó la ley porque es un "arma para atajar el problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver". El asunto no sólo ha desatado protestas, sino que, paradójicamente, puede suponer que se reinicie el debate sobre la urgente reforma migratoria,
"No puede nadie quedarse cruzado de brazos frente a decisiones que afectan tan claramente a paisanos que por generaciones han contribuido al crecimiento. No sólo quienes llegan ahora, [sino también] quienes están ahí, y que sufrirán el atropello de una ley injusta, y que han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona, que no se entendería sin los mexicanos y menos cuando, en este caso, se pone en marcha una legislación que abre las puertas a una inaceptable discriminación racial", dijo ayer el presidente Calderón.
Se calcula que en Arizona viven más de 500.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Con la nueva ley, cualquier persona podrá ser detenida si la policía cree que hay "dudas razonables" de que su estancia en el país sea ilegal. La pena es de seis meses de cárcel.