domingo, 19 de octubre de 2014
CHILPANCINGO, GRO. (Apro).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre dio pie en Guerrero al surgimiento de un movimiento, la Asamblea Nacional Popular (ANP), que ha comenzado a aglutinar a diversas organizaciones radicales, advierten los órganos de seguridad e inteligencia del Gobierno Federal, los cuales han identificado a los grupos que dan forma a las acciones de protesta y presión.
Un informe de inteligencia federal obtenido por este semanario enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Según el reporte fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses.
La mayoría de estas acciones ya han sido propuestas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), encabezada por Reyes Ramón Guerrero, y por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Oaxaca, que ya ha desplazado contingentes a Guerrero y tiene "fuertes vínculos con el EPR", dice el reporte.
NO ESTÁN SOLOS
Con ese grupo armado también relaciona al Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, al Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al Frente de Izquierda Revolucionaria.
Según esa información, en las movilizaciones en Guerrero también participa la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria dirigida por Eliseo Villar Castillo, de quien dice "desde hace tiempo se le relaciona con el ERPI". Vinculado con ese mismo grupo armado señala a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Menciona también a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual agrupa a estudiantes de todas las normales rurales del país. Como organizaciones locales el documento menciona al Movimiento Popular Guerrerense, del que dice está integrado por sindicatos y grupos sociales; entre ellos el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero y los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, del DIF y del Conalep.
Asegura que también participa la Unidad Popular, organización fundada por Arturo Hernández Cardona, de cuyo asesinato el año pasado se responsabiliza al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo.
"Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento", dice el documento.
GOBIERNOS PARALELOS
El informe revisado por Proceso también habla del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, que tiene marcada presencia en las regiones Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro, e incluye a grupos comunitarios de Tixtla y Olinalá, cuyos líderes, Gonzalo Molina y Nestora Salgado, están presos en cárceles de máxima seguridad, acusados de diversos delitos por el gobierno federal.
Desde septiembre de 2012 este semanario advirtió sobre los gobiernos paralelos que se formaban en la entidad y documentó que los grupos caciquiles y del crimen organizado imponían su ley en los municipios, a tal grado que ponían alcaldes a placer o presionaban a ediles para que colocaran a sus personeros en puestos clave, sobre todo los que tienen que ver con seguridad pública (Proceso 1873).
Este cáncer no se queda en la esfera municipal; alcanza al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien constantemente ha sido señalado por la prensa y la sociedad de tener nexos con el narcotráfico por conducto de su presunto primo, el líder del Cártel Independiente de Acapulco (CIA), Víctor Aguirre Garzón.
IRA POPULAR
El caso Ayotzinapa ha provocado el surgimiento de expresiones de inconformidad social donde convergen normalistas, el magisterio disidente, organizaciones sociales y campesinas de izquierda, autodefensas, universitarios, empresarios y ciudadanos que amenazan con paralizar la entidad en caso de que el gobierno siga con su actitud indolente frente a la desaparición de estudiantes y omisa con políticos ligados a la delincuencia.
La muestra se dio esta semana, cuando anunciaron la toma de las 81 alcaldías de la entidad así como de las casetas de peaje de la autopista del Sol y la multitudinaria marcha pacífica del viernes 17 en Acapulco, que cimbró la ventana turística de la entidad.
Este plan de acción se definió el miércoles 15 en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa donde Reyes Ramos anunció la formación de la ANP, frente encabezado por el magisterio disidente para respaldar las acciones de los estudiantes víctimas de la narcopolítica.
Dos días antes, el lunes 13, la ira de normalistas, padres de los desaparecidos y cetegistas estalló en la capital guerrerense, donde quemaron parte del edificio sede del gobierno estatal y el ayuntamiento capitalino.
Las acciones de la ANP esta semana provocaron psicosis en las autoridades municipales, las cuales ordenaron sacar documentación, muebles y equipo de cómputo de los ayuntamientos. Según los líderes del movimiento, son ocho las alcaldías ya en su poder.
En respuesta, Aguirre Rivero anunció una estrategia para "garantizar la protección" de la población y de los inmuebles, a los que se refirió como "instalaciones estratégicas", "bajo la consigna de no caer en confrontaciones con los manifestantes".
Para ello pidió el apoyo de organizaciones de transportistas sospechosas de estar vinculadas con el narco, a las cuales habilitó como grupos de choque para resguardar edificios públicos en Chilpancingo y la exclusiva Zona Diamante de Acapulco.
PRESUNTOS NEXOS
El 8 de septiembre de 2011, Proceso documentó en su página web los presuntos nexos de Aguirre Rivero con el narco: En nota titulada "Dobla Cártel de Sinaloa a gobierno de Guerrero", se advierte que en un contexto donde políticos, autoridades de los tres niveles de gobierno y jefes militares han sido acusados de brindar protección a la estructura del extinto cártel de los Beltrán Leyva, que durante más de una década dominó el corredor Acapulco-Cuernavaca, Aguirre ha rechazado cualquier vínculo familiar con el narcotraficante y líder del CIA, Víctor Aguirre Garzón.
En su afán de rechazar cualquier relación con la delincuencia, el gobierno estatal emprendió una ofensiva contra La Barredora, grupo que en ese momento mantenía una férrea disputa con el CIA por el control de Acapulco. Esa confrontación obligó a Aguirre a pedir una tregua a los grupos criminales que peleaban el tráfico y comercio de droga en el estado.
El anuncio gubernamental lo hizo el entonces procurador Alberto López Rosas, quien durante la presentación pública de 16 sicarios al servicio de La Barredora argumentó que las acciones violentas de las bandas estaban afectando "más que a nadie a la población civil".
En respuesta La Barredora dijo que aceptarían una tregua "de tres meses" si el gobernador se deslindaba o reconocía públicamente su relación familiar con Aguirre Garzón. De lo contrario, amenazaron, ejecutarían a 50 miembros del CIA y atentarían contra 10 funcionarios del gabinete.
PRIMO INCÓMODO
De acuerdo con informes periodísticos, los señalamientos de supuesta relación familiar entre el Ejecutivo estatal y el líder del CIA datan de 2009, pero se intensificaron en agosto de 2010.
La primera ocasión en que se exhibió públicamente esa supuesta relación familiar fue el 23 de septiembre de 2009, cuando aparecieron dos narcomantas en distintos puntos de Acapulco.
El mensaje decía que, cuando estuvo preso, Víctor Aguirre se asumió como primo "del político Ángel Aguirre Rivero" —entonces senador—, por lo cual presuntamente tenía protección oficial.
La segunda vez en que se vinculó a Aguirre Rivero con el líder del CIA fue el 27 de enero de 2011, siendo candidato de la izquierda a la gubernatura de Guerrero, con dos narcomantas colgadas en zonas públicas de Acapulco. El 11 de abril de ese año, seis días después de que un grupo armado incendiara el Acatianguis, comerciantes bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, responsabilizaron al CIA del siniestro y le exigieron al gobernador que detuviera "a su primo" Víctor Aguirre.
Por Ezequiel Flores Contreras
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