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| Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- La caída de gobernadores en medio de escándalos o por venganzas políticas del presidente en turno tiene su origen en el régimen priista. Esa tradición fue suspendida durante los 12 años de gobiernos panistas, en que los mandatarios estatales consolidaron su inamovilidad.
Con la solicitud de licencia del guerrerense Ángel Aguirre Rivero, realizada esta tarde, ocurre el segundo caso en los casi dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Apenas el pasado 19 de junio el michoacano Fausto Vallejo Figueroa dimitió de manera definitiva.
En ambos casos, las salidas se han generado en medio de escándalos de inseguridad y, señaladamente, por el involucramiento de la clase política gobernante en dichas entidades con grupos de la delincuencia organizada.
No obstante, Peña Nieto ha evitado pronunciarse, y el pasado viernes 17 esquivó un cuestionamiento al respecto, al señalar que la renuncia de Aguirre era “una decisión de allá”, expresión que se interpretó como una alusión a los ciudadanos de Guerrero.
La salida de Ángel Aguirre ocurre a casi un mes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Normal de Ayotzinapa, víctimas de un ataque de policías y criminales en Iguala, Guerrero, cuyo destino hasta ahora se desconoce.
Paradójicamente, Aguirre ya había sido gobernador en los años noventa, cuando llegó al poder en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que el 28 de junio de 1995, policías estatales dispararon contra un grupo de campesinos, dando muerte a 17 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Los señalamientos de numerosas organizaciones sociales contra el entonces gobernador Figueroa –como ocurrió esta vez con Aguirre, por los hechos de Iguala– motivaron su renuncia en marzo de 1996. En su lugar fue designado Ángel Aguirre Rivero, para concluir su período.
La vieja práctica
Desde la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la de Ernesto Zedillo, prácticamente todos los presidentes han recurrido a la desaparición de poderes, las presiones para forzar dimisiones o la negociación política ante una crisis para conseguir renuncias.
El tinglado del presidencialismo hegemónico, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, consolidó el poder metaconstitucional para deponer gobernadores.
Cárdenas se deshizo del callismo con una “limpia”, incluyendo a los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chiapas y Morelos.
Desde entonces, los casos fueron más o menos frecuentes vía renuncia conciliatoria, desaparición de poderes o cualquier otro mecanismo.
Miguel Alemán depuso al inicio de su administración al gobernador tamaulipeco Hugo Pedro González. La fórmula para evitar formalmente el involucramiento presidencial fue plantear la desaparición de poderes a petición ciudadana y de políticos locales vinculados al régimen, ante el Senado de la República presidido entonces por el incondicional alemanista Carlos I. Serrano.
Adolfo Ruiz Cortines removió a los gobernadores Tomás Marentes Miranda, de Yucatán, en 1953; de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, en 1954; Manuel Barttlet Bautista (padre del actual senador homónimo), de Tabasco, en 1955.
López Mateos depuso al guerrerense Raúl Caballero Aburto. Díaz Ordaz hizo dimitir al duranguense Enrique Dupré Ceniceros, y Luis Echeverría quitó a Eduardo Elizondo Lozano en Nuevo León, en 1971 “por motivos de salud”. También a los gobernadores de Guerrero, Israel Noguera Otero; de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y de Hidalgo, Otoniel Miranda Andrade, en 1975.
José López Portillo recurrió a la fórmula para deshacerse del echeverrista gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, en 1981.
Ordenar la renuncia de quienes respondían a los intereses de un grupo político precedente o por cualquier otro motivo, se dio también durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período se produjeron las renuncias de los gobernadores que asumieron por la vía electoral en San Luis Potosí, Fausto Zapata, y en Chiapas, Elmar Setzer.
También en Chiapas, Ernesto Zedillo depuso, en apenas cuatro años, a Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz; en Guerrero, a Rubén Figueroa; en Morelos, a Jorge Carrillo Olea, y en Nuevo León, a Sócrates Rizzo, principalmente por ajustes de cuentas con el ingrediente de escándalos por sus excesos, especialmente en los tres últimos mencionados.
La práctica se suspendió durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes gobernaron con mandatarios mayoritariamente de extracción priista y sin mucho margen de maniobra ni base social.
Los casos mencionados corresponden a mandatarios depuestos en medio de escándalos y no incluye a los que se incorporó a cargos federales o de elección popular o dirigencias partidista.
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