Redacción
BBC Mundo
Miércoles, 22 de agosto de 2012
En agosto de 1982, en plena guerra civil en El Salvador, la región de San Vicente –un bastión de rebeldes izquierdistas en el norte del país centroamericano- fue blanco de una fuerte ofensiva del ejército.
Muchas familias decidieron huir, pero las que tenían miembros ancianos o niños intentaron esconderse en sus casas. Después de varios días de bombardeos, soldados armados atacaron la región por tierra.
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En la noche del 21 de agosto, en las márgenes del río Amatitán, un punto conocido como El Calabozo, las tropas colocaron en fila a centenares de personas y dispararon a quemarropa, según el relato de los sobrevivientes.
Se desconoce la cifra de personas que perdieron la vida ese día, ya que –según algunos relatos- los militares arrojaron los cuerpos al río o los destruyeron con ácido.
Pero los familiares cuentan al menos 200 desaparecidos por la masacre, incluyendo bebés y ancianos, dice el informe difundido por este miércoles por la ONG Amnistía Internacional para recordar los 30 años del hecho, cuyos responsables nunca fueron castigados por la Justicia salvadoreña.
"Las Fuerzas Armadas llamaron a la operación 'tierra quemada', porque querían acabar con todo lo que veían, personas, animales. Mataron vacas, caballos, gallinas, perros, gatos. No dejaron nada. Quemaron las casas", recordó una sobreviviente, Felicitas, que le dio su testimonio a Amnistía.
Otro sobreviviente, Jesús, le contó a la ONG que perdió a su madre, su padre, su hermano y su hijo de cuatro años. Todos ellos fueron asesinados en las márgenes del río Amatitán.
"Yo no me daba cuenta, pero dicen que me quedé la noche entera llorando. Pasé años y años tratando de lidiar con eso. Caminaba por la calle y lloraba, comía y lloraba, todas las comidas", contó.
Guerra civilLa masacre de El Calabozo fue uno de los muchos episodios sangrientos de la guerra civil que asoló a El Salvador entre 1980 y 1992, con un saldo de 75.000 muertos y al menos 8.000 desaparecidos.
En enero, el gobierno izquierdista de Mauricio Funes (cuyo partido, el Frente Farabundo Martí para a Liberación Nacional, desciende de la guerrilla) pidió perdón e inició un programa de reparaciones, en nombre del Estado, por otra masacre ocurrida en 1981 y recordada como El Mozote, en la que soldados mataron a 936 civiles en una operación contra la insurgencia.
Sin embargo, veinte años después del fin de la guerra, "casi nadie fue condenado por haber ordenado o llevado a cabo las matanzas, la tortura y la violencia sexual (registradas) en el conflicto", dice el informe de Amnistía.
En el caso de El Calabozo, la ONG afirma que a los sobrevivientes les tomó diez años para poder regresar a las aldeas arrasadas. En 1992, algunos de ellos hicieron un pedido formal para que se investigue la masacre.
"El caso fue cerrado al año siguiente, a pesar de las pruebas y de que la Comisión de la Verdad de la ONU, establecida después del conflicto, había documentado la masacre ", prosigue Amnistía.
"Desde entonces sobrevivientes, familiares y ONG luchan para que haya justicia. Cada vez que el caso fue reabierto, enfrentó algún obstáculo legal”.
La abogada de algunas de las víctimas, Claudia Interiano, le dijo a Amnistía que muchos de los sobrevivientes del 21 de agosto de 1982 ya murieron. "Parece que ellos (autoridades) están esperando que todos mueran para que el problema desaparezca”.
Outra organización que se queja de la impunidad de la guerra civil es Pro-Búsqueda, que intenta localizar cerca de 600 niños desaparecidos durante la guerra civil.
Ester Alvarenga, directora de la ONG, le dijo a la agencia Efe que, a pesar de los gestos de "buena voluntad" del Estado, poco sea avanzado en la investigación de las desapariciones forzadas durante los 12 años de guerra.
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