Impunidad empresarial

Napoleón Gómez Urrutia

La irresponsabilidad se ha apoderado de México conforme los más adinerados y poderosos deciden crecientemente el destino del país y dejan sin posibilidades de defensa a los que venden su fuerza de trabajo. Se supone que la nuestra es una República democrática, representativa y federal, pero en la práctica no funciona como tal en muchos aspectos. Opera más que nunca bajo el injusto modelo de gran concentración de la riqueza, la cual provoca la agudización de la pobreza e incrementa las desigualdades sociales entre los pobladores de nuestro país.

Las relaciones laborales entre empleadores y asalariados son grave muestra de ello. Los intereses particulares de los poderosos en muchos casos se han impuesto a los trabajadores, porque estos han sido abandonados por el Estado y por un sindicalismo corporativo, tradicional y antidemocrático que pervirtió su función original y se ha dejado vencer por la complicidad entre empresarios y gobierno.

Lo que ocurre estos días en Coahuila, tanto en la región carbonífera como en la ciudad industrial de Monclova, así como en Zacatecas y en Durango, revela que ha llegado muy lejos el abuso de los empresarios sin escrúpulos sociales, junto con los respectivos gobiernos estatales y municipales. En Coahuila, los “charros” espurios impuestos actúan con desenfreno, con el apoyo del Grupo Acerero del Norte (GAN), cuyo director, Alonso Ancira Elizondo, es uno de los empresarios más arrogantes, que se ha convertido en uno de los enemigos de los derechos e intereses de los trabajadores. Este funesto y malagradecido personaje está en el mismo nivel que el muy rapaz Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, quien permanece impune de su “homicidio industrial” en la mina de carbón de Pasta de Conchos, ocurrido en 2006, en el mismo Coahuila. Germán Larrea hace maniobras financieras con las que ha traicionado y cometido fraudes contra sus mismos socios dentro del Grupo México, utilizando a su otra firma, la Southern Perú Copper Corporation. Lo mismo pretendió hacer con los inversionistas estadunidenses de Asarco (American Smelting and Refining Company). Es decir, la corrupción y el cinismo en todo su esplendor.

El gobierno coahuilense –con los hermanos Moreira Valdés al frente– y ese tipo de empresarios han desarrollado una asociación cómplice que pretende dominar y controlar la vida entera de los coahuilenses. El percance ocurrido el 3 de agosto de 2012 en la mina 7 de la empresa Minerales del Norte, SA (Minosa), que es parte del GAN de Alonso Ancira Elizondo, donde fallecieron seis trabajadores por negligencia empresarial extrema, aplastados por toneladas de rocas, muestra lo absolutamente lesivo que es la existencia de esa complicidad. Hoy, los Moreira y Ancira se sienten y actúan como los nuevos caciques neoporfiristas de Coahuila.

El GAN de Alonso Ancira, en vez de proteger a sus trabajadores, como lo obligan la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo, ha aplicado todas las maniobras para que los mineros no hagan valer su protesta ni sus demandas de seguridad industrial, sino que además pretende que los miembros de la sección sindical 303 de ese centro de trabajo, abandonen su justa decisión de reincorporarse a plenitud de derechos al sindicato nacional de mineros, del cual esa mafia político-empresarial los sacó con amenazas de todo tipo, recurriendo al terrorismo empresarial.
A tal grado llega la actitud irracional de Ancira, que a pesar de que el sindicato nacional de mineros logró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cerrara la mina a partir del 7 de agosto, para exigir que se corrijan las 107 fallas graves detectadas por esta dependencia, y hasta que existan condiciones adecuadas y seguras para reanudar labores, se negó a pagar los salarios de hambre de 96 pesos diarios con los cuales los mineros arriesgan la vida y salud en condiciones infrahumanas. En conjunto, esta actitud es un abierto desafío al gobierno federal, que lo pone al margen de la ley y coloca en debilidad a la propia administración pública nacional ante la arrogancia violenta y desafiante de este sujeto.

En efecto, la violencia fue la respuesta de Alonso Ancira a la orden de la STPS de pagar los salarios de los trabajadores, dado que el cierre de la mina no es imputable a ellos. Ancira decidió tomar la mina por su propia mano, con lujo de violencia, con la complicidad de los Moreira, para así no cumplir la orden de la STPS. Utilizó a más de 600 delincuentes y golpeadores pagados para desalojar a los auténticos mineros en protesta de la mina 7, dejando heridos gravemente a 10 de estos, todo ante la mirada indiferente del gobernador Rubén Moreira. Y la pregunta es evidente: ¿cuántas muertes más habrán de ocurrir para que las cosas cambien en el país?

Este sujeto ha contado con la complicidad abierta de grupos confesionales que han presionado a los trabajadores de la mina 7 a obedecer al empresario sin ética, quien ha dicho: “prefiero cerrar la mina a que regresen los genuinos trabajadores mineros”, a los territorios que él ha convertido en verdaderos campos de concentración.

Ancira Elizondo es un empresario sin ética ni escrúpulos, que obtuvo de las privatizaciones de hace tres sexenios un emporio minero-industrial con más de 35 minas y plantas en Coahuila y en el resto del país, incluido Altos Hornos de México, valuadas en libros en 20 mil millones de dólares, en sólo 105 millones de dólares, que ni siquiera se sabe si ya se los pagó al gobierno. Ello independientemente de que lleva cerca de 10 años en suspensión de pagos.

No cabe duda que esa combinación cómplice entre gobernantes y negociantes de este tipo ha provocado el aumento de la irresponsabilidad y la impunidad empresarial en México. Por el bien de la sociedad, es necesario acabar con este deterioro moral y cumplir los grandes compromisos que debe enfrentar el próximo gobierno.