El monto “explica el gran poder” seductor de los dueños del negocio
David Carrizales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de agosto de 2012, p. 27
Monterrey, NL, 25 de agosto. Se calcula que en los 71 casinos que operan en Nuevo León se mueven 16 mil millones de pesos al año; esa cantidad de dinero explicaría el gran poder “corruptor” que tienen los dueños de esas casas de apuestas para operar en la entidad, aunque no cumplan los requisitos de ley, dice Ernesto Cerda Serna, director del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide), con más de 10 años estudiando el tema de las casas de apuestas y combatiendo su proliferación.
Cerda Serna dice que sólo 26 de esas 71 casas de apuesta tendrían los permisos en regla, y el resto trabajaría con amparos y argucias legales, con la complacencia de autoridades, sobre todo federales y municipales.
“Fuimos los primeros que destapamos la corrupción del gobierno federal, pues de ahí salieron los permisos para los centros de apuestas, aunque no cumplieran con los requisitos para operar; denunciamos en tiempo y forma y nunca hicieron nada”, agrega.
Cerda señala que hace cinco años presentó la demanda penal contenida en la averiguación previa 245/UEIDAPLE/LE/04/2007, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
La querella se instruyó contra Roberto Correa Méndez, entonces director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, del entonces alcalde regiomontano Adalberto Madero Quiroga, y Fernando Margáin Berlanga, alcalde de San Pedro Garza García, así como integrantes de ambos cabildos, del juez primero de distrito, David Cardoso Hermosillo, y del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Solís Navarro, por presuntamente coludirse para permitir la operación de casinos al margen de la ley.
Ocho días antes del ataque al casino Royale –hace un año–, se declaró el inejercicio de la acción penal contra los citados.
El jueves pasado, Ernesto Cerda solicitó ante la Procuraduría general de la República reabrir el caso, porque se han evidenciado irregularidades en la operación de casinos, al grado de que en septiembre de 2011, el mismo gobierno federal solicitó orden de arresto contra Correa Méndez y otros dos funcionarios de Gobernación.
Cerda Serna expuso que la administración de Felipe Calderón, “va a heredar el problema de los casinos al próximo gobierno, éste ya no hará nada, porque están metidos hasta las manitas”.
A un año del ataque al Royale, el director del Incide dijo que ahora hay más centros de apuestas y más gente que acude a apostar, pues en aquel entonces se hablaba de medio centenar y hoy serían 71, de los cuales solamente 26 operarían legalmente. Algunos están cerca de escuelas e iglesias y aun así fueron autorizados por los cabildos, en contra de los que señalan los reglamentos y leyes sobre desarrollo urbano.
Ernesto Cerda señaló que entre 400 mil y 500 mil personas serían clientes de los casinos en la zona metropolitana, aunque según la Secretaría Estatal de Salud, unos cien mil tendrían ya problemas serios de ludopatía; es decir, que irían al menos tres veces por semana a los centros de apuesta.
“Desde las siete de la mañana ya hay gente, y cierran a las tres y hasta cuatro de la madrugada del día siguiente, aunque hay algunos que están abiertos las 24 horas. Hay madres que llevan a sus hijos a la escuela y de ahí se pasan a jugar, y luego se les hace tarde para ir a recogerlos cuando salen”, comentó.
Dijo que un amigo constructor le confió que recientemente un ingeniero ludópata y empleado lo defraudó con 700 mil pesos, ante lo cual lo acusó penalmente y tuvo que vender su casa para cubrir el daño patrimonial. Al trascender su caso, fue investigada la esposa, igualmente jugadora empedernida, que trabajaba en otra empresa, donde también fue despedida, al detectarse un desfalco si bien de menor cuantía.
El diputado local panista Omar Orlando Pérez Ortega, que en octubre de 2011 presentó una iniciativa de Ley para la Atención y Tratamiento de la Ludopatía, dijo que el proyecto está congelado porque al gobierno estatal, y por tanto a la mayoría priísta en el Congreso local, “no les interesa atacar el problema de una manera seria y eficaz”.
Pérez Ortega señaló que hay tres centros de atención a víctimas de este mal, pero no se publicitan para que acuda la gente que requiere ayuda.
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