viernes, 2 de abril de 2010

El avión de los diputados

Editorial EL UNIVERSAL
01 de abril de 2010

En los primeros seis meses de la 61 Legislatura, los diputados federales han gastado 100 millones de pesos solamente por concepto de boletos de avión. Los pasajes forman parte de su dieta, lo que significa que son legales, aunque no necesariamente legítimos en un país en plena crisis económica.
El año pasado el diputado panista Gerardo Priego destapó el escándalo al devolver 827 mil pesos en efectivo de boletos de avión no usados, que bien se pudo haber embolsado, sin que nadie le dijera nada.
Dos años antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló el excesivo gasto que implicaba la entrega de cupones para la compra de boletos, ya que éstos corresponden a un precio superior al valor real, con lo que los legisladores violaban violan los artículos 134 de la Constitución, y primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Hoy nos damos cuenta que nada de eso hizo mella en los diputados. No se modificaron las reglas de uso de los pasajes aéreos y se mantienen las cuestionables prácticas en la transacción de los mismos, de tal manera que éstos pueden ser usados por terceros o cambiados a efectivo, sin que exista un sistema de rendición de cuentas que garantice que tales instrumentos son usados a favor de la tarea legislativa.
Cada diputado recibe cuatro cupones mensuales para un viaje redondo por el costo del vuelo más caro a su lugar de origen, en caso de vivir a más de 300 kilómetros de la capital. Además, si el diputado forma parte de la Comisión Permanente recibe un boleto de avión extra de forma semanal y, si el legislador lo desea, puede solicitar boletos extra para eventos que se realizan fuera del Distrito Federal.
Tal mecanismo es práctica común en la Camara baja. Todas las fracciones parlamentarias lo avalan y usan, por lo que son corresponsables de la mala imagen que esto acarrea a los legisladores, pues además de las observaciones legales hechas por la ASF, existe la percepción ciudadana de que los legisladores no son solidarios con la nación en tiempos de austeridad.
La Cámara de Diputados es escrupulosa en el uso de los recursos públicos que ejerce el poder Ejecutivo. Hace bien. Pero igual o más rigurosa ha de ser en su propia casa para velar que los recursos públicos no sean malbaratados.
Cada boleto de avión, cada gira de trabajo, cada reembolso financiero por motivo de viajes no realizados debe justificarse por escrito y de cara a la nación. Los legisladores también han de demostrar que buscan los precios más bajos en sus viajes.
El país no está para derroches ni para generar en la sociedad la percepción que está manteniendo, con sus impuestos, una casta de privilegiados de baja rentabiliad legislativa, pero alto mantenimiento personal.

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