Civiles o sicarios, da igual...

Luciano Campos Garza

Ante la indignación social por las muertes de ciudadanos inocentes en medio de los operativos militares, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina trata de ocultar su inoperancia con llamados “a la unidad”, artificiosos desplegados de prensa y marchas “por la paz”. A su vez el Ejército, enfrascado en enfrentamientos reactivos por todo el estado y sin autoridad que le imponga respeto al marco legal, tacha a todos los caídos de “sicarios” –como hizo con los dos estudiantes del Tec– y considera “narcocampaña” cualquier crítica.

MONTERREY, NL.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos, el rector del Tec de Monterrey y familiares de las personas muertas en el fuego cruzado entre elementos de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada exigen que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia.
En Nuevo León hay por lo menos cinco de esos casos documentados. Ante los reproches por los daños “colaterales” en los enfrentamientos, el comandante de la cuarta región militar, general Guillermo Moreno Serrano, declaró al periódico El Norte que el Ejército no ha cometido homicidios: “Seríamos una horda de salvajes. Por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos”.
En cuanto al gobernador, durante su campaña el priista Rodrigo Medina exclamaba en un spot de televisión: “¡Por Nuevo León daré mi vida!”. Ahora, no sabe para dónde voltear.
En Anáhuac, municipio ubicado en el extremo norte de Nuevo León, el miércoles 3 se enfrentaron a balazos miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que “hubo ocho delincuentes muertos”.
Se explica que durante el enfrentamiento un auto de los agresores chocó con un vehículo militar, momento que aprovecharon los delincuentes para sacar a cuatro de sus muertos, subirlos a otra camioneta y darse a la fuga. “En el lugar de los hechos perdió la vida un elemento de tropa y uno más resultó herido, mismo que durante su traslado para su atención médica lamentablemente murió”.
No se aclaró oficialmente la identidad de los civiles muertos. Sin embargo, en fotografías que tiene la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), se aprecia a varios de éstos tirados y con armas de fuego en las manos. Sin embargo, entre ellos han sido reconocidos los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, ambos de 29 años.
Sus familiares presentaron el jueves 11, ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, una denuncia en contra de miembros del Ejército Mexicano y “quienes resulten responsables” de los asesinatos (averiguación previa 580/10).
A las 12:20 horas del miércoles 3 –refieren en su demanda–, escucharon detonaciones que se prolongaron durante 10 minutos. Fueron a la casa de la pareja y preguntaron por ella, pero fue hasta las 19:30 cuando se enteraron en la televisión de una balacera entre sicarios y militares. Se dijo que en el lugar murió una delincuente conocida como La Gata.
Poco después llegó el alcalde Santos Javier Garza García para notificarle a un hermano de Rocío: “Es muy duro, pero les tocó. Hubo dos bajas aquí, y son tu hermana y tu cuñado”. Dejaron huérfanas a dos niñas.
En la denuncia se especifica que el mismo familiar acudió al otro día por el coche de la pareja victimada, un Chevrolet Lumina 96. Al preguntarle a un soldado, éste dijo “de manera burlona que cómo iba a recuperar el coche de una sicaria. Enseguida otro soldado me dijo que él había visto el cuerpo de mi hermana con un chaleco antibalas y una pistola escuadra en la mano”. En la ampliación de la declaración, fechada el 21 de marzo, el deudo refiere que en ese momento el mismo militar le dijo: “A los sicarios, en lugar de darles auxilio, hay que matarlos como perros”.
En entrevista, el hermano de Rocío Elías señala que unos testigos le comentaron que los esposos habían salido a comer y subieron al coche, que estaba estacionado en la calle: “Salieron de la recepción (de Delphi) y al minuto empezó la balacera. Iban por el carro y la balacera los agarró dentro del carro. Ya al último se asustaron y mi hermana se bajó corriendo.
“Traía la bata de la fábrica. Lo que sé es que se bajó mi cuñado y lo hirieron en el tórax. Estaba tirado pidiendo auxilio, una ambulancia. Mi hermana también estaba gritando. Hay testimonios de quienes escuchaban los gritos de ella y que vieron cuando los militares los mataron. Ya había acabado la balacera.
“Ya había militares heridos y uno muerto. Un testigo dice que mi cuñado estaba tirado boca abajo y que llegó un militar por atrás y le dijo: ‘Cómo ambulancia, hijo de tu pinche madre’, y le dio el tiro de gracia por atrás, en la nuca. Ya estaba todo calmado. Ya no había sicarios.
“Mi hermana seguía pidiendo auxilio. Quería huir, salvarse y los militares la balacearon toda, desde la espalda hasta la cabeza. La desfiguraron por detrás. Antes le habían dado balazos a mi hermana en la pierna, y como quiera podía pararse... y ya fue cuando le dieron”. Una señora que fue testigo directo le reclamó al militar por qué los había matado si estaban desarmados, con las manos arriba y pidiendo auxilio.
Finalmente, el entrevistado dice que en el funeral efectuado en Anáhuac, el viernes 5, “pude observar los rostros desfigurados de mi hermana y mi cuñado, percatándome que cada uno tenía al menos tres orificios en la cabeza”.
La empresa Delphi, planta Anáhuac, expidió dos cartas fechadas el miércoles 17, donde hace constar que Rocío Romely y Juan Carlos eran sus empleados. Ella tenía el número de nómina 142251, con 13 años de antigüedad, y ocupaba el puesto de operadora universal. Se especifica que era “una persona seria, responsable y un alto enfoque de dedicación a su trabajo”.
En cuanto a él, su número de nómina era el 201814, con 12 años de antigüedad, y su puesto era de técnico de Kaizen/Métodos. “Se caracterizó –dice la carta firmada por el gerente de recursos humanos de Delphi– por ser una persona seria, responsable, emprendedora y con gran interés por sobresalir, y con alto enfoque hacia su trabajo”.
Otro testimonio, recabado por el CADHAC, confirma esta versión. Dice el declarante identificado como “Autoridad”: “Fue un crimen. Lo que yo sé es que ellos salieron hacia las 12:15 de la empresa, atraviesan la calle, caminan no más de 30 metros, cuando, a como quedó el carro, ellos quieren salir, yo creo que ellos vieron el refuego y lo que hicieron fue darle pa’trás, reversearse, pero el carro se quedó a medias”.
Otro declarante, cuya versión se identifica como “Testimonio 2”, señala: “Me parece muy injusta la agresión que recibieron por parte de los soldados, aunque varios van a atestiguar diferente, pero yo sé que Rocío, Chío, les gritó auxilio, pidió auxilio, levantó las manos y el soldado le disparó”. Coincide en que hubo disparos a la cabeza sin justificación alguna.
Las actas de defunción, fechadas el 8 de marzo, señalan otras causas de muerte. La de Juan Carlos, la número 2195, certificada por el médico David Carlos Amaya Vega, establece que se trató de “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen”. El documento correspondiente a Rocío (número 2195) prácticamente dice lo mismo: “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectiles a tórax y abdomen”.
El hermano de Rocío dice que los cadáveres les fueron entregados desnudos en el hospital Universitario. Su padre tuvo que someterse a una muestra de sangre para comparar su ADN con el de la fallecida para reclamar el cuerpo, ya que el rostro era irreconocible.
Hasta el jueves 25, los familiares no habían recuperado las pertenencias de los fallecidos. No saben quién se quedó con sus identificaciones oficiales.
Indignación en el Tec
El 19 de marzo, dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fallecieron cuando militares se enfrentaron de madrugada a un grupo de presuntos sicarios sobre la avenida Garza Sada. En el cruce de ésta con Luis Elizondo, por una puerta lateral, cayeron abatidos Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Las actas de defunción, expedidas por el médico Ismael Valencia y fechadas el 22 de marzo, señalan que los dos jóvenes perecieron por “lesiones intercraneales secundarias a trayectoria de proyectil de arma de fuego”.
Durante el funeral de Jorge, el 22 de marzo en Saltillo, su madre, la señora Rosa Elvia Alonso, declaró al corresponsal Arturo Rodríguez: “Para el funeral tuvieron que ponerle mucho maquillaje y ni así quedó igual. Tenía el rostro muy exquisito pero, por como quedó, pensamos que fue objeto de tortura”.
Entrevistado el miércoles 24, Rafael Rangel Sostmann, rector del Tec, dijo que su trabajo no es el de ser “rector investigador”, aunque tiene dudas sobre las versiones oficiales de los hechos. Por lo menos, dice, los estudiantes fueron alcanzados por granadas.
“Al Ejército hay que decirle: responsabilízate de lo que hiciste. No quiero decir: fuera el Ejército o la procuraduría. Tú, Ejército, comprométete a tener reglas de cómo intervenir, y tenemos qué ponérselas, acotarlo, porque van a segur sucediendo (hechos como éstos).”
“Hay que pedir esclarecimiento (…) Tenemos qué preguntar por qué les quitaron la identidad, por qué no reportaron inmediatamente que eran estudiantes, por qué afirmaron definitivamente que no eran estudiantes y nosotros, tontamente y equivocadamente, les creímos. Ese fue un gran error.”
Señala que ya preguntó por las pertenencias de los jóvenes a la procuraduría del estado y al Ejército, pero nadie le respondió. El lunes 22, se reunió también con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se comprometió a resolver los homicidios.
“Yo lo que tengo miedo es que le quieran dar carpetazo a esto, como generalmente ocurre, y ahora me estoy dando cuenta de que un ciudadano común y corriente en la calle lo borran y dicen que era un gatillero”, dice Rangel Sostmann.
Con todo, no ha contemplado la posibilidad de actuar jurídicamente contra el Ejército: “¿Bajo qué ley? Ellos se rigen bajo la ley de armas y explosivos, échele un ojo a ver si los puedo demandar. Se me hace que no. ¿Por el homicidio? Cómo voy a demostrar eso. ¿Dónde está la procuraduría? ¿Me voy a meter a averiguar si fue homicidio? ¿Me corresponde a mí? Cuando se determine si hubo negligencia, entonces actuamos, pero ahorita, ¡no tengo nada!
“¿Qué le voy a reclamar al Ejército? Me gustaría primero entender quién lo limita o si hay alguien que lo haga, con qué autoridad. Porque si al Ejército no lo limita nadie, los paramilitares son válidos. (…) Es que obedecen al presidente (los militares), sí, pero, ¿dentro de qué marco?”.
No tiene muchas esperanzas: “A mis dos estudiantes les quitaste la identidad, no los reportaste, los pusiste como gatilleros y ya, cerraste el caso. Es lo que van a tratar de hacer. Sí, mi amigo, a cerrar el caso”.
El asesinato de los estudiantes del Tec ocurrió a la una de la mañana. La noche de ese mismo viernes 19, en el exclusivo sector de San Jerónimo hubo otra balacera. Sandra de la Garza Morales falleció en el fuego cruzado entre militares y presuntos secuestradores.
Ella iba en la camioneta que manejaba su marido, Julio César Peña Rodríguez, quien al percatarse del tiroteo quiso huir por el Periférico, pero varios disparos poncharon las llantas del vehículo. La señora recibió un balazo en la cabeza. Ella era egresada de la Udem y dejó a dos hijos, uno de año y medio y otro de 10.
El domingo 21 ocurrió otro incidente en el que participaron las fuerzas federales. En el municipio de Santa Catarina, agentes de la Policía Municipal detuvieron en la colonia La Fama a dos narcomenudistas, identificados como José Humberto Márquez Compeán y Marcelo Adrián Lucio Barajas.
Cuando los trasladaban a los separos, un grupo de pistoleros intentó rescatar a los detenidos. En la refriega murieron dos agentes municipales y resultaron heridos el director de Tránsito, Antonio Marroquín Martínez, y un escolta. Lucio Barajas también fue alcanzado por las balas. Asimismo fue herida una pareja.
Los dos detenidos y el director de Tránsito lesionados fueron transportados en helicóptero de la Marina al hospital Universitario. Los medios de difusión impresos y electrónicos captaron a los dos detenidos cuando subían a la nave, pero al día siguiente, lunes 22, José Humberto apareció muerto en San Nicolás, en lo que parece ser una ejecución extrajudicial. De Lucio primero no se sabía nada; posteriormente apareció en casa de unos familiares, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos comunicó que estaba en buen estado de salud pero temía por su vida.
La Marina aclaró de inmediato que su trabajo fue únicamente trasladar a los sospechosos, y ya en el hospital se los entregó al jefe de la Policía Municipal. El procurador Alejandro Garza y Garza afirma que ya se investigan los hechos, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación al respecto.
“Que se haga justicia”
La presidenta del CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, deplora la “complicidad” de la procuraduría nuevoleonesa frente a los abusos del Ejército. Desde el gobierno de Vicente Fox, dice, la ONU advirtió del peligro de encargar a militares la seguridad pública de México.
Ahora “el semáforo ya está en rojo por los homicidios que vemos de los militares. En el aparente enfrentamiento de presuntos sicarios y el Ejército en la Anáhuac (…), la información que tenemos es que todos los sicarios que estaban enfrente de los soldados se rindieron e incluso la pareja que acababa de salir de su trabajo trató de explicar que no tenía nada que ver” en la balacera.
En respuesta, los mataron. Y “aunque el Ejército dice que eran sicarios, esto contradice lo que señala toda la comunidad de la Anáhuac, que los ve como gente que trabajaba y estudiaba”. Para el Ejército “todos los ciudadanos a los que matan son sicarios, sin presunción de inocencia ni derecho a juicio justo. Ellos vienen a matar”.
La complicidad para encubrir los crímenes, acusa, es de los tres niveles de gobierno: “Vemos un total sometimiento de parte de las autoridades gubernamentales estatales y municipales a las autoridades castrenses”. Parece confirmarlo el desplegado que el gobernador publicó en los periódicos locales el lunes 22: “Para los generales, jefes y oficiales de tropa, nuestro respeto y mayor consideración a su dedicación y esfuerzo”.
En ese desplegado Rodrigo Medina también convocó a una marcha por la paz, para el domingo 28 por la mañana en el parque Fundidora. Esa iniciativa, insiste Morales Elizondo, “nos da mucho que pensar, primero porque el gobernador divide a la sociedad en buenos y malos, y también porque se quitan los derechos constitucionales de derecho a audiencia y presunción de inocencia antes de decidir si somos delincuentes o no. Y no es justo que el gobernador convoque a una manifestación cuando él es una parte importante de la violencia que se ha generado”.
En un desplegado anterior, del domingo 21, Medina de la Cruz y supuestamente más de un centenar de instituciones y personas manifestaron su “desprecio al crimen organizado”. No suscribieron ese texto el Tec de Monterrey ni la Udem. En cuanto a la CNDH, no tuvo conocimiento de que había sido incluida en el desplegado y exigió que el gobierno de Nuevo León lo aclarara. El jueves 25 se publicó un cuarto de página con las disculpas oficiales.
Este mismo jueves, diputados locales del PAN desplegaron una serie de mantas en puentes peatonales de la zona metropolitana, en las que solicitan al gobernador: “No marches, Rodrigo, mejor márchate. En Nuevo León queremos vivir en paz”.
El viernes 26, el periódico El Norte dio a conocer que “fuentes militares” anticiparon que habría una “narcocampaña” para desprestigiar a las Fuerzas Armadas ante “la sociedad civil” por la muerte de inocentes como los estudiantes del Tec de Monterrey...
Proceso 28/03/2010