sábado, 15 de febrero de 2014

'Enmudece' Gobierno Estatal de Coahuila, frente a la detención de Javier Villarreal

 

Por: LUCÍA PÉREZ / EL SIGLO DE TORREÓN / SALTILLO

EVADEN GOBERNADOR Y PROCURADOR DE COAHUILA HABLAR SOBRE EL CASO DE JAVIER VILLARREAL
El Gobierno de Coahuila guarda silencio respecto al encarcelamiento en Texas de Javier Villarreal, operador financiero del exgobernador Humberto Moreira.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira canceló ayer los actos públicos que tenía programados. Su cuenta de twitter mostró actividad, sin embargo, no emitió comentarios respecto al caso de Javier Villarreal, quien es acusado de lavado de dinero, fraude bancario y narcotráfico.
El Gobierno del Estado sólo infomó el jueves que esperará a que sean las autoridades estadounidenses las que avisen sobre la detención.
Por su parte, el vocero de la Procuraduría del Estado, Jesús Carranza, dijo desconocer los avances de las investigaciones.
Al solicitar información sobre las acciones que se realizarán, el procurador Homero Ramos Gloria argumentó que se encontraba en una reunión de trabajo en el Distrito Federal y evitó dar entrevistas.
"(¿La postura del gobierno?) Pues la verdad ninguna. Lo que procede es que las autoridades hagan su trabajo", declaró el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, quien aseguró que las autoridades coahuilenses "hicieron lo que tenían que hacer. Se procesó a una persona".
Luna Canales dijo que el Gobierno del Estado sólo pedirá el cumplimiento de la ley.
Sobre los 26 millones de dólares que fueron decomisados en efectivo y en propiedades a Javier Villarreal en Estados Unidos, dijo que esperarán a que concluya el caso.
Además del proceso en Estados Unidos, Javier Villarreal es acusado de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios en México por al menos cinco mil millones de pesos.
Según la Auditoría Superior del Estado en la pasada administración el Congreso de local sólo autorizó la contratación de créditos por 6 mil 503 millones de pesos, mientras que 18 mil 009 millones fueron adquiridos en créditos de largo plazo sin aval.
Sin embargo en 2011 los legisladores locales aprobaron refinanciar la deuda, aun cuando no se ha logrado comprobar en qué se aplicaron los recursos.

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