jueves, 29 de enero de 2009

Miguel Ángel Granados Chapa

Los agentes de seguridad estatal del gobierno de Juan Sabines parecen contar con licencia para matar a mansalva. Algunos de ellos asesinaron en octubre a seis personas y otros más privaron de la vida a tres el 9 de enero

Dejemos por ahora las rivalidades entre la clase política de Chiapas, y su probable efecto en la procuración de justicia, es decir en el encarcelamiento del ex fiscal general y ex secretario de Economía Mariano Herrán Salvati -y una de sus colaboradoras también. El conflicto entre el gobernador Juan Sabines y su antecesor Pablo Salazar es de tal profundidad y amplitud que requiere abordamiento extenso. Dejemos también para otra oportunidad las razones por las cuales el sobrino del poeta Jaime Sabines falta a sus compromisos o los cumple a medias, llegando tarde a citas establecidas con mucha anterioridad. Así lo hizo anteayer en la Ciudad de México cuando estuvo a punto de quedar fuera de la reunión del Consejo de Armonización Contable de la Secretaría de Hacienda. El propio presidente Calderón tuvo que autorizar su demorado ingreso. Sabines ha logrado una buena relación con el Ejecutivo federal con su melosa cercanía y su adulación frecuente, como la que de modo indirecto le brindó al erigir una estatua en memoria de Juan Camilo Mouriño.

Ocupémonos ahora de algunas señales del autoritarismo pendenciero que se extiende por toda la entidad. Uno de esos signos deplorables es que los agentes de seguridad estatal parecen estar autorizados para matar, sin que se les aplique la ley, de cuyo cumplimiento se ufana el gobernador en el caso de Herrán Salvati -a quien se vilipendia en un texto manifiestamente pagado en Excélsior, el martes pasado, aunque presentado como si fuera un artículo de opinión-. En octubre del año pasado, por ejemplo, policías estatales asesinaron arteramente a seis personas. Varias de ellas estaban heridas y eran trasladadas por una persona de buena voluntad a un hospital, para la pronta atención que requerían. Horas antes los agentes policiacos y miembros de la comunidad en torno a los vestigios arqueológicos de Chinkultic habían librado una escaramuza que dejó hasta 17 heridos, de una y otra parte, y muchas personas detenidas (y que fueron liberadas porque no hubo cargos en su contra, lo que muestra la imprudencia de la acción policiaca inicial que dio motivo a la gresca).

La policía interceptó más tarde el vehículo donde iban los heridos y sin más, como si sus compañeros se cobraran las contusiones que algunos miembros de la corporación recibieron en el combate previo, dispararon contra los lesionados y su benefactor, que murieron de inmediato.
Una acción agresiva semejante acaba de ocurrir, de nuevo, porque las autoridades no castigan la violencia policiaca. El 9 de enero, en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, una brigada policial disparó contra un vehículo que trasladaba a migrantes indocumentadas. Suponiendo que, como ocurría en efecto, se practicaba tráfico de personas en la furgoneta, los agentes le marcaron el alto, que fue ignorado por el chofer. Lanzada una patrulla en persecución del vehículo, los policías dispararon sobre sus ocupantes. Mataron a tres personas, dos de ellas nacidas en Ecuador con lo que, por añadidura, se ha suscitado un conflicto internacional, pues el gobierno de ese país reclama castigo para los agresores e indemnización para los deudos de las víctimas. Es claro que su conducta hubiera sido plausible si sólo impidieran el trabajo del pollero que conducía a los desgraciados migrantes, procedentes de Centro y Sudamérica. Pero para hacerlo no requerían disparar sin control, máxime que no enfrentaron resistencia sino que los tratantes procuraban huir.

Ese episodio, en que los indocumentados que sobrevivieron fueron llevados a la cárcel como si hubieran cometido delitos, antes de su entrega a las autoridades migratorias para su deportación, no fue un acontecimiento aislado. Se inserta en la práctica solapada por el gobierno de hostigar a los trabajadores que intentan cruzar el territorio mexicano para entrar en Estados Unidos. Rapiña, chantaje y agresión son conductas de los policías estatales que forman ya parte del paisaje y contra las cuales nada pueden las denuncias de los comités civiles que promueven el respeto a los derechos humanos.

Con violencia menos obvia autoridades estatales generan o empeoran conflictos en vez de aliviarlos y resolverlos. Pongo dos ejemplos a los que se refiere una carta dirigida al gobernador Sabines apenas el jueves pasado, 22 de enero sobre acontecimientos en los municipios de Ocosingo y Tila. El órgano firmante de esa comunicación, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, recuerda al destinatario que "el 26 de marzo de 2007 presentamos por primera vez a su gobierno un pliego de demandas de nuestras organizaciones, acompañándolo de una carta dirigida a usted. De entonces a la fecha, el presente es el quinto escrito que dirigimos a su persona, para hacerle saber que los distintos funcionarios públicos encargados de atender nuestros planteamientos no sólo han incumplido en lo general con esa función, sino que algunos han incurrido puntualmente en conductas indebidas y contrarias a la búsqueda de soluciones justas".

La carta se refiere en particular despojo de tierras en el ejido El Carrizal y a un conflicto causado por el abandono de un proyecto de agua potable en Petalcingo. El denominador común es el apoyo de autoridades a grupos paramilitares que hostigan y avasallan a comunidades de base zapatista que se han avenido a trabajar conforme a los cánones gubernamentales en beneficio de sus integrantes, pero sin abandonar su filiación.

Ésos son sólo ejemplos de lo que ocurre allá.

Cajón de Sastre
El procurador Eduardo Medina Mora ve la procesión y no se hinca. Como lo anticipó ayer Reforma, está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia el dictamen sobre violaciones a garantías individuales en Atenco, que lo involucra en tanto que era en mayo de 2006 secretario de Seguridad Pública. En aquel entonces, en ese papel no aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el mismo asunto para castigar y enmendar conductas de la Policía Federal Preventiva. Y ahora, ya como procurador, anteayer comunicó al ombudsman nacional que tampoco acepta una nueva recomendación, actitud en que según dijo el doctor José Luis Soberanes ha insistido, toda vez que no hay consecuencias legales de rechazar el producto de las investigaciones de la CNDH.

Reforma29/01/2009