ERNESTO VILLANUEVA
Desde principios del siglo pasado se había generado un sólido presente a favor de la libertad de expresión, como se puede verificar en las importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia en la Quinta Época, que abarca de 1917 a 1957, cuando se produjeron 27 tesis de jurisprudencia que ponderaban la libertad de prensa y el derecho de crítica a los gobernantes y a las personas públicas. Hoy las cosas se han complicado. Veamos por qué.
Primero. Nadie podría sostener que la libertad de expresión es absoluta, sino que está limitada por derechos personales y colectivos en los términos de la Constitución. Esa armonización de derechos, empero, privilegia la libertad de expresión sobre el derecho al honor, la vida privada y la propia imagen de las personas y los servidores públicos, siempre y cuando el caso sea de interés público y el presunto agraviado no haya comprobado malicia real o efectiva, es decir, dolo claro de quien ejerce las libertades de expresión e información. Eso es particularmente cierto en el Distrito Federal, donde se han derogado las figuras penales de la difamación y la calumnia, así como la antigua de "daño moral", mediante una ley especial moderna que protege el derecho a expresarse y, por ende, el derecho a estar informados. Se trata de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a iniciativa del entonces diputado Carlos Reyes Gámiz.
Segundo. La libre discusión de informaciones y opiniones en los medios se está dando en medio de una tendencia a la judicialización. Eso en sí mismo no tendría nada de malo. Al contrario, en principio acotaría el ejercicio abusivo de las libertades informativas, por un lado, y las tentaciones autoritarias de las personas públicas para restringir la libertad de informar, por otro. El problema es que el desconocimiento no sólo de los demandantes, sino, peor aún, de las autoridades jurisdiccionales para aplicar la ley en sus términos hace que el sistema normativo se convierta, en los hechos, en una trampa para quienes ejercen las libertades informativas con independencia.
Así, se puede observar cómo el periodista Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea y Fortuna, fue privado de su libertad al margen de la ley por una causa de naturaleza civil. Ello pone de relieve el uso del poder para acallar a la prensa incómoda con la connivencia de las autoridades jurisdiccionales. La misma suerte puede correr la reportera Ana Lilia Pérez, autora del reportaje que puso al descubierto el caso Mouriño en Pemex. Badillo y Pérez se encuentran en la posibilidad de que cada una de las empresas que forman parte del Grupo Zeta Gas y que fueron denunciadas por corrupción en dichas publicaciones inicien procesos civiles con el propósito de vulnerar la moral de los reporteros, fomentar la autocensura y poner en peligro la viabilidad económica de tales medios ante los gastos sustantivos en abogados para atender varios frentes legales al mismo tiempo. Respecto al caso, Badillo y Pérez presentaron el 12 de septiembre de 2008 una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esperemos actúe a la brevedad.
Tercero. En la misma tesitura, el diputado federal del PRI y aparente propietario del diario La Jornada en Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, no ha cejado en su litigio judicial contra el escritor Alfredo Rivera, acudiendo a todo tipo de argucias. El pecado de Rivera fue escribir el minucioso libro La Sosa Nostra / gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, donde realiza un trabajo serio y documentado que expone la corrupción en la Universidad. A lo largo de casi cinco años el proceso sigue su cauce. Hasta el maestro Eduardo Huchim, uno de los periodistas más rigurosos y éticos que hay en el país, junto con un grupo de articulistas, ha sido demandado por la vía civil por parte de la magistrada Consuelo Villalobos, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Villalobos invoca en su demanda normas que han sido derogadas y se duele de datos publicados sobre hechos presumiblemente constitutivos de violación a la ley sucedidos dentro del propio tribunal del cual forma parte.
Cuarto. Y si los casos legales se multiplican para restringir la crítica de interés público y documentada, el Centro de Periodismo y Ética Pública que preside Leonarda Reyes revela en el Informe 2008: Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, entre muchos datos preocupantes, a qué partidos pertenecen los gobernantes que han dejado la vía legal para amedrentar físicamente a los periodistas. De acuerdo con el estudio, las agresiones a comunicadores provienen de servidores públicos del PRI en un 44% de los casos; del PAN, en el 35%; y del PRD, en el 21%. Los umbrales de tolerancia de las personas públicas han disminuido a pesar de que jurisprudencialmente tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica que un ciudadano promedio, precisamente por su relevancia social. No habría que dejar que los principios ganados transiten por nuevos precedentes judiciales que conduzcan a la uniformidad.
Proceso26/01/2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario