El narco en las elecciones

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 23 de enero (apro).- Desde un principio quedó claro la simulación de los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Su supuesta intención de "blindar" las elecciones federales intermedias del 5 de julio próximo, para evitar la participación de la delincuencia organizada, quedó en mera demagogia.
Todo lo que dijeron durante meses acabó en nada. La semana pasada, el IFE dejó en claro que no hará nada distinto de lo que ha hecho hasta ahora: enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la lista de los candidatos y dirigentes de partidos políticos.

Es decir, la misma medida que por años ha demostrado ser insuficiente e ineficaz, se aplicará a las personas "políticamente expuestas".

Es insuficiente porque la lista no es más que una relación de nombres que no dicen nada respecto de los antecedentes y relaciones de los candidatos y sus cúpulas partidistas.

Es ineficaz porque de 2006 a 2008, la Secretaría de Hacienda dio "seguimiento" a mil 425 nombres de personas enviadas por el IFE. Pero de ese número, los encargados de la inteligencia financiera del país sólo mantienen la investigación en un solo caso.

Según lo informó el consejero presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés, desde 2002 el IFE realiza esa práctica. Lo que no dijo es que no se sabe que alguna de esas miles de personas supuestamente vigiladas haya sido procesada y encarcelada por financiamiento ilegal.

Ahora, el IFE dice que va a incluir a empresarios y sindicatos. No servirá más que para alargar la lista.

Por lo pronto, el presidente del Senado, Gustavo Madero, del PAN, y el senador del PT Ricardo Monreal se dicen "fiscalizados" en sus cuentas y en las de sus familiares, por parte del IFE.

De nada ha servido, pues la secretaría de Hacienda no sabe investigar o las listas del IFE están totalmente equivocadas. Otra posibilidad es que sean cómplices; a menos, claro, que la responsabilidad total recaiga en la Procuraduría General de la República.

Es un hecho que en todo el país hay antecedentes de financiamiento ilegal a las campañas electorales. Y eso lo saben muy bien los partidos políticos y los supuestos vigilantes.

Pero no sólo fue retórica la que hicieron el IFE y los partidos políticos con el supuesto "blindaje". También manipularon, pues saben que la presencia del narco en los procesos electorales no sólo tiene que ver con el financiamiento.

El dinero es parte de la ecuación. El otro elemento son las propias candidaturas.

Ningún partido ha sido ajeno a las presiones de los grupos de poder fáctico para imponer candidatos a presidentes municipales, regidores, diputados locales, y más de un legislador federal ha sido relacionado con esas organizaciones.

Al imponer candidatos, han logrado los nombramientos que desean, sobre todo en los cuerpos policiales. Pero también en las actividades económicas locales.

El propio procurador Eduardo Medina y su empleador, Felipe Calderón, a fines de 2007 hicieron referencia a Michoacán y Tamaulipas como estados en donde los narcotraficantes influyen en las elecciones municipales.

Curiosamente se refirieron a estados que no están gobernados por el PAN, pero basta mirar a Baja California, bastión de ese partido durante dos décadas, para ver la influencia del cártel de los Arellano Félix en la vida institucional del estado.

Los servicios de inteligencia civiles y militares saben que no hay estado que se haya salvado de la injerencia del narcotráfico en las elecciones. El IFE, los partidos políticos y el Congreso, también.
En las elecciones de este año la única novedad será que el secreto fiduciario y bancario podrá ser eliminado en el caso de esas personas "políticamente expuestas".

Esta nueva facultad de investigación es resultado de la reforma aprobada para tener siquiera más elementos para casos como el de los Amigos de Fox, la asociación civil creada por el expresidente que trianguló recursos privados, incluso del extranjero, sin que se conociera su origen.

Por si la hipocresía no bastara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo un acuerdo del IFE para que los partidos políticos evitaran, durante la campaña electoral, acusaciones sin fundamento sobre actividades delictivas de los candidatos o de los partidos.

Con esa resolución, en aras de la libertad de expresión, cualquiera podrá acusar a otro de vínculos con el narcotráfico sin que sea necesario que lo pruebe. La obscenidad en pleno.

Proceso 23/01/2009