A Zedillo no le alcanza inmunidad, dice Garzón

El juez español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por crímenes de lesa humanidad, tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, en 1997

Miércoles 11 de enero de 2012Silvia Otero | El Universal04:05

silvia.otero@eluniversal.com.mx

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), invocó la inmunidad soberana que prevé la ley en Estados Unidos, a favor del ex presidente Ernesto Zedillo, a fin de que se deseche la demanda que se presentó en su contra en una Corte estadounidense por la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.

Aunque la Cancillería se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada en noviembre de 2011 ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas detallaron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.

La denuncia contra Zedillo por delitos de lesa humanidad fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que reside en el estado y es profesor en la Universidad de Yale en New Haven.

Una decena de deudos de algunas de las 45 víctimas de Acteal, demandaron al ex mandatario por acciones y omisiones durante los hechos que propiciaron la masacre, así como de encubrimiento de los responsables.

Leyes contra la tortura

Esta denuncia es viable ya que existen la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

La primera norma autoriza tanto a los extranjeros como a los ciudadanos de Estados Unidos a que entablen una acción de daños contra todo individuo que practique la tortura o cause la muerte extrajudicial en el ejercicio de una “autoridad real o aparente o al amparo del derecho de cualquier nación extranjera”.

Sin embargo, los gobiernos extranjeros no pueden ser encausados en Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1976, que es la que invocó la Cancillería a favor de Zedillo, y que se aplica en casos de Estados o funcionarios, donde los jueces norteamearicanos renuncian a someter a juicios mercantiles, penales o financieros a un demandado.

De acuerdo con agencias noticiosas, la petición del gobierno de México presentada en noviembre para que se aplique la inmunidad soberana a Zedillo, propició que el 6 de enero pasado sus abogados solicitaran también al Departamento de Estado que se pronuncie sobre esta inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado y a rechazar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

“Se le puede pedir su punto de vista al Departamento de Estado y si éste hace una sugerencia de inmunidad, la Corte debe rendir su jurisdicción”, argumentó la defensa del ex mandatario mexicano.

El equipo de abogados pidió a la Corte en Connecticut aguardar un tiempo prudencial para que el Departamento de Estado norteamericano se pronuncie respecto a la inmunidad soberana, si es aplicable en este caso, para sumarse a la petición de la SRE.

Roger Kobert, uno de los abogados de los demandantes, declaró a la agencia Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar que la Corte lo exima de toda responsabilidad.

“No es apropiado solicitar inmunidad”, dijo el abogado, quien sostuvo que todas las evidencias presentadas en la demanda cuentan con respaldado. (Con información de agencias)

Chiapas: las vías de la contrainsurgencia

Magdalena Gómez

Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para derogar”, en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la “justificación” que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un “estallido” en Chiapas cerca del 20 de noviembre?
La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.
De pronto y por los mismos días, el 19 de noviembre resultó que el pleno de la 63 Legislatura chiapaneca aprobó “la creación de la comisión especial ante la realidad de las juntas de buen gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, con base en la “solicitud” de unos “representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno” en la que habrían señalado: “ante la espera e incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hemos acordado como mexicanos que el ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.
Incluyeron, asimismo, “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”, así como “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Todos los elementos anotados encierran la intención de intervenir “legal” y abiertamente en las juntas, dado el fracaso de la estrategia gubernamental federal y local para vencerlas y dividirlas con recursos públicos. No ha sido fácil avanzar en ese contexto y el costo ha sido alto, porque en estricto sentido esas comunidades indígenas zapatistas, como los pueblos de todo el país, tienen derecho a recibir recursos públicos.
Recordemos que ése era el sentido de la propuesta de la Cocopa, mutilada en la contrarreforma de 2001: reconocer a las comunidades como instancias de derecho público. Sin embargo, dado el contexto de suspensión del diálogo y el evidente propósito del Estado de vaciar de sentido al EZLN, éste mantiene su distancia absoluta con los gobiernos federal y local, mientras construye su autonomía en los hechos.
Por ello, y con justa razón, las cinco juntas de buen gobierno zapatistas desmintieron y desautorizaron la supuesta petición de “reconocimiento constitucional” de personas que no los representan , y señalaron: “no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos, que no son del pueblo; ya somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional”, y agregaron que en su momento exigieron “a los tres poderes de México que se haga ley sobre nuestros derechos y cultura indígenas; esos tres poderes nos mandaron a la basura. No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria” (La Jornada, 27/11/09).
La enérgica respuesta zapatista y sus elecciones próximas desarticularon esta iniciativa, e inclusive hasta el gobernador Juan Sabines se deslindó, no obstante que es poco creíble que fuera ajeno.
Lejos estamos de que existan las condiciones para retomar el camino del diálogo del EZLN con el Estado mexicano. Persiste la hegemonía política de quienes optaron por la contrarreforma indígena en 2001, porque alcanzar la paz al costo de otorgar poder real a los pueblos indígenas era contrario al sentido del proyecto neoliberal asumido.
En correspondencia con esta decisión de Estado se mantiene la ficción de la vigencia de la estructura de un diálogo suspendido indefinidamente mientras se aplican las muy viejas recetas de contrainsurgencia. De ellas forman parte los actuales remedos de políticas indigenistas banales para evadir el sentido original de los acuerdos de San Andrés sobre derechos de los pueblos indígenas, que requerían la reforma en serio del Estado como condición para la autonomía.

Se usó la labor social en comunidades para obtener información, dice el ex titular de la Sedena

Riviello: el Ejército se preparó desde 1984 para enfrentar a la insurgencia en Chiapas

*Lamenta que no se haya actuado “conforme a derecho en contra de los transgresores”
*“Sin la actuación efectiva de las fuerzas armadas, México tendría hoy un gobierno muy distinto”

Jesús Aranda

La irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas obligó al Ejército Mexicano a modernizar su estructura operativa, material y de armamento; mejorar el adiestramiento de los soldados en territorio nacional y en el extranjero; modificar la división territorial, al reubicar y crear nuevas unidades, además de enfrentar los problemas de corrupción y falta de apoyos económicos que afectaban las condiciones de seguridad social, la moral y la vida de los soldados y sus familias.

Revela lo anterior el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 1988 a 1994, general Antonio Riviello Bazán, en El libro de Chiapas, de edición limitada, en el que detalla cómo la dependencia se preparó militar y logísticamente, 10 años antes de que estallara el conflicto, además de que utilizó la labor social para obtener información directa de las comunidades sobre la situación existente. Lo anterior sirvió al Ejército para prevenir de operaciones del movimiento “que se estaba gestando, detectarlo y ubicarlo con toda anticipación”, y que estalló el primero de enero de 1994.

“No ha sido tomado en consideración que, sin la actuación efectiva de las fuerzas armadas, México tendría hoy un gobierno muy distinto al que actualmente nos conduce”, sostiene en su libro, el cual, se sabe, generó molestia en el instituto armado.

El titular de la Sedena durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuestiona que el gobierno federal no haya tomado medidas a tiempo en contra de quienes apoyaron el movimiento armado, entre los que menciona a religiosos nacionales y extranjeros.

Lamenta que “no se actuara conforme a derecho en contra de los transgresores”, lo que dejó a “nuestras excelentes tropas reprimidas y maniatadas frente a un grupo armado que los embosca y los mata”. También critica a los que denomina “la quinta columna o la quinta pluma”, quienes desde dentro y fuera del país justificaron el movimiento armado.

Los focos rojos sobre la existencia de grupos armados en Chiapas datan del 17 de abril de 1971, cuando ocurrió un enfrentamiento entre soldados e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional en las inmediaciones del rancho El Diamante, en el municipio de Ocosingo.

Después de un largo recuento, el divisionario da cuenta de la “vista aérea de adiestramiento de transgresores en la región de la Cañada, los días 26, 27 y 28 de mayo de 1993”, acciones que fueron hechas del conocimiento de las autoridades federales. Además se dio cuenta de “un sinnúmero de robos, asaltos, secuestros y vejaciones a la sociedad civil, sin que ninguna autoridad civil u organización defensora de los derechos humanos se molestara en tomar conocimiento de estos penosos acontecimientos”.

Riviello Bazán señala que las operaciones militares “no sólo tomaron 12 días (antes del cese al fuego decretado por el presidente Carlos de Salinas de Gortari el 12 de enero de 1994), sino cinco años de duro adiestramiento”, cuyo origen data de 1984, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, ordenó a la Inspección General del Ejército y la Fuerza Aérea que constataran “las condiciones reales en que se encontraban las tropas en el sureste de la República, considerando como hipótesis: oponerse a una agresión proveniente del exterior o alteraciones al interior del Teatro de Operaciones del Sureste (Tose)”.

A partir de entonces, el Ejército creó en los estados de esa zona “un órgano de inteligencia especializado, encargado de evaluar, interpretar, explotar y difundir la información necesaria, tanto para el orden interno como para realizar operaciones, y que al mismo tiempo fuera la base de una estructura nacional para desarrollar actividades de información”.

El diagnóstico reveló que las brigadas de infantería contaban con “una capacidad operativa muy baja”; que no se tenía un sistema de logística adecuado; no existía la coordinación necesaria “con autoridades civiles para la realización de la defensa civil”; las bases aéreas de la zona tenían muchas deficiencias operativas, y no había coordinación con la Armada, entre otras cosas.

Ante “la preocupación ineludible por la situación que guardaba el sureste”, el Ejército, con la autorización presidencial, inició labores de acción social en 1989, con 2 mil 661 elementos. en 49 comunidades de los Altos de Chiapas.

Esto permitió a los soldados acercarse a las comunidades y obtener información posterior sobre la existencia de grupos armados en el lugar.

El alto mando ordenó optimizar el entrenamiento; reforzar la moral de las tropas y sus familias –con incrementos salariales, mejoramiento de prestaciones y vacaciones–, “combatir y erradicar la corrupción en la Sedena”, así como modernizar y unificar el armamento.

Revela que era práctica cotidiana el “agiotismo” de comandantes de unidades que “prestaban” a los soldados dinero a cuenta de su salario, además de que había corrupción en la compra de comida, vales de gasolina y uniformes, lo que en conjunto causaba impacto negativo en la moral de los soldados. Esas situaciones, asegura, se desterraron en su administración (1988-1994).

Ascensos a incondicionales

Afirma que también se erradicó la práctica de dar ascensos a unos pocos, “preferidos o incondicionales”, porque ello desmoralizaba “a muchos jefes y generales”. Estableció que para ser elegible a un ascenso se requerían cuando menos cuatro años de antigüedad, y no uno o dos como ocurría anteriormente.

Respecto de la preparación de los soldados, se creó el Centro de Adiestramiento de Operaciones en la Selva, “con instructores nacionales preparados en el extranjero, que utilizaron las experiencias de otros países (Guatemala)” en contra de la guerrilla; se formaron los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes); se dieron cursos de localización y desactivación de explosivos, minas y trampas explosivas, impartidos por oficiales de Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Chile.

De diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1994, mil 82 elementos del Ejército y Fuerza Aérea realizaron estudios en Inglaterra, Chile, Bélgica, Estados Unidos, España, Venezuela, Francia, Guatemala, Panamá, Alemania, Perú, Brasil, Canadá, Italia y Colombia

En cuanto a la modernización del equipo, en el contexto de las operaciones en Chiapas, la Sedena adquirió 30 teléfonos Intesat vía satélite; modernizó el servicio de transmisiones; unificó el armamento individual de todas las unidades operativas del Ejército y se adoptaron los fusiles HK (FA y G3); se adquirieron 500 fusiles Barret calibre 50 mm, 200 lanzagranadas MGL, mil 706 ametralladoras MK-19, 15 mil 158 aditamentos para lanzagranadas, 270 cohetes MK-1 y 500 lanzacohetes Blindice. Además se compraron 2 mil 205 vehículos de transporte de personal y 829 de reconocimiento.

La Fuerza Aérea también resultó beneficiada, ya que, “por primera vez, se tomó conciencia” de su importancia. Se construyeron bases aéreas y se mejoró la infraestructura.

Se adquirieron seis helicópteros Sykorsky Blackhawk, 17 aviones Pilatus PC-7, 20 helicópteros Bell 212, 22 helicópteros MD-530, 16 aviones Maulé, cuatro aviones Aravá, un avión Hércules C-130, además de simuladores y laboratorios.

De acuerdo con Riviello, “las tropas enfrentaron el conflicto en Chiapas con un alto grado de adiestramiento, lo que permitió una rápida intervención en el conflicto y obligó al EZLN “a detener el impulso de sus operaciones y permanecer inactivo, como lo vemos hasta la fecha”.

Precisa que el 31 de enero de 1993, a las 19:30 horas, se comunicó con el secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco, para informarle sobre la presencia de individuos armados en diversos puntos de los Altos, “quien le hizo saber que ya había dispuesto que el gobernador de Chiapas, Élmar Setzer, reforzara con elementos policiacos las principales cabeceras municipales, y que mantenía la confianza de poder disuadir a los líderes del movimiento subversivo”.

Mientras, la instrucción al Ejército era que se mantuviera únicamente “en situación de alerta” en sus cuarteles, y los soldados actuaron sólo después de que los zapatistas habían tomado las principales cabeceras municipales de los Altos de Chiapas, afirma.

Zapatistas inician en Oventic el encuentro internacional de mujeres 'Mamá Corral'

Está dedicado a Concepción García Corral, luchadora por desaparecidos políticos en Ciudad Juárez.

Hermann Bellinghausen,

La Jornada, enviado Publicado: 07/03/2009 12:42

San Cristóbal dde las Casas, Chis. La mañana de este sábado dio inició el encuentro internacional de mujeres Mamá Corral en el caracol zapatista de Oventic, en el municipio autónomo San Andrés Sakamch’en de los Pobres.

Convocado por las comandantas del EZLN como evento “deportivo, cultural y político” para conmemorar el día internacional de la mujer, está dedicado a la memoria de doña Concepción García Esparza de Corral, octagenaria madre de desaparecidos políticos en Ciudad Juárez, Chihuahua, fallecida semanas atrás.

En su convocatoria, el EZLN revela que las comandantas, enteradas de la muerte de doña Concepción, “decidieron llamar a esta celebración con el nombre de lucha con el que la conocimos y conocemos, Mamá Corral, para así honrar a las mujeres que son madres y que, sin importar la edad, ni se rinden, ni se venden, ni claudican”.

Desde anoche comenzaron a llegar grupos de mujeres de las comunidades zapatistas de todo Chiapas, así como asistentes de México y otros países. Durante el día se celebran justas deportivas y actos de convivencia, para la noche se esperan una fiesta y actos culturales, y mañana, un mensaje político de las comandantas del EZLN.

Miguel Ángel Granados Chapa

Los agentes de seguridad estatal del gobierno de Juan Sabines parecen contar con licencia para matar a mansalva. Algunos de ellos asesinaron en octubre a seis personas y otros más privaron de la vida a tres el 9 de enero

Dejemos por ahora las rivalidades entre la clase política de Chiapas, y su probable efecto en la procuración de justicia, es decir en el encarcelamiento del ex fiscal general y ex secretario de Economía Mariano Herrán Salvati -y una de sus colaboradoras también. El conflicto entre el gobernador Juan Sabines y su antecesor Pablo Salazar es de tal profundidad y amplitud que requiere abordamiento extenso. Dejemos también para otra oportunidad las razones por las cuales el sobrino del poeta Jaime Sabines falta a sus compromisos o los cumple a medias, llegando tarde a citas establecidas con mucha anterioridad. Así lo hizo anteayer en la Ciudad de México cuando estuvo a punto de quedar fuera de la reunión del Consejo de Armonización Contable de la Secretaría de Hacienda. El propio presidente Calderón tuvo que autorizar su demorado ingreso. Sabines ha logrado una buena relación con el Ejecutivo federal con su melosa cercanía y su adulación frecuente, como la que de modo indirecto le brindó al erigir una estatua en memoria de Juan Camilo Mouriño.

Ocupémonos ahora de algunas señales del autoritarismo pendenciero que se extiende por toda la entidad. Uno de esos signos deplorables es que los agentes de seguridad estatal parecen estar autorizados para matar, sin que se les aplique la ley, de cuyo cumplimiento se ufana el gobernador en el caso de Herrán Salvati -a quien se vilipendia en un texto manifiestamente pagado en Excélsior, el martes pasado, aunque presentado como si fuera un artículo de opinión-. En octubre del año pasado, por ejemplo, policías estatales asesinaron arteramente a seis personas. Varias de ellas estaban heridas y eran trasladadas por una persona de buena voluntad a un hospital, para la pronta atención que requerían. Horas antes los agentes policiacos y miembros de la comunidad en torno a los vestigios arqueológicos de Chinkultic habían librado una escaramuza que dejó hasta 17 heridos, de una y otra parte, y muchas personas detenidas (y que fueron liberadas porque no hubo cargos en su contra, lo que muestra la imprudencia de la acción policiaca inicial que dio motivo a la gresca).

La policía interceptó más tarde el vehículo donde iban los heridos y sin más, como si sus compañeros se cobraran las contusiones que algunos miembros de la corporación recibieron en el combate previo, dispararon contra los lesionados y su benefactor, que murieron de inmediato.
Una acción agresiva semejante acaba de ocurrir, de nuevo, porque las autoridades no castigan la violencia policiaca. El 9 de enero, en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, una brigada policial disparó contra un vehículo que trasladaba a migrantes indocumentadas. Suponiendo que, como ocurría en efecto, se practicaba tráfico de personas en la furgoneta, los agentes le marcaron el alto, que fue ignorado por el chofer. Lanzada una patrulla en persecución del vehículo, los policías dispararon sobre sus ocupantes. Mataron a tres personas, dos de ellas nacidas en Ecuador con lo que, por añadidura, se ha suscitado un conflicto internacional, pues el gobierno de ese país reclama castigo para los agresores e indemnización para los deudos de las víctimas. Es claro que su conducta hubiera sido plausible si sólo impidieran el trabajo del pollero que conducía a los desgraciados migrantes, procedentes de Centro y Sudamérica. Pero para hacerlo no requerían disparar sin control, máxime que no enfrentaron resistencia sino que los tratantes procuraban huir.

Ese episodio, en que los indocumentados que sobrevivieron fueron llevados a la cárcel como si hubieran cometido delitos, antes de su entrega a las autoridades migratorias para su deportación, no fue un acontecimiento aislado. Se inserta en la práctica solapada por el gobierno de hostigar a los trabajadores que intentan cruzar el territorio mexicano para entrar en Estados Unidos. Rapiña, chantaje y agresión son conductas de los policías estatales que forman ya parte del paisaje y contra las cuales nada pueden las denuncias de los comités civiles que promueven el respeto a los derechos humanos.

Con violencia menos obvia autoridades estatales generan o empeoran conflictos en vez de aliviarlos y resolverlos. Pongo dos ejemplos a los que se refiere una carta dirigida al gobernador Sabines apenas el jueves pasado, 22 de enero sobre acontecimientos en los municipios de Ocosingo y Tila. El órgano firmante de esa comunicación, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, recuerda al destinatario que "el 26 de marzo de 2007 presentamos por primera vez a su gobierno un pliego de demandas de nuestras organizaciones, acompañándolo de una carta dirigida a usted. De entonces a la fecha, el presente es el quinto escrito que dirigimos a su persona, para hacerle saber que los distintos funcionarios públicos encargados de atender nuestros planteamientos no sólo han incumplido en lo general con esa función, sino que algunos han incurrido puntualmente en conductas indebidas y contrarias a la búsqueda de soluciones justas".

La carta se refiere en particular despojo de tierras en el ejido El Carrizal y a un conflicto causado por el abandono de un proyecto de agua potable en Petalcingo. El denominador común es el apoyo de autoridades a grupos paramilitares que hostigan y avasallan a comunidades de base zapatista que se han avenido a trabajar conforme a los cánones gubernamentales en beneficio de sus integrantes, pero sin abandonar su filiación.

Ésos son sólo ejemplos de lo que ocurre allá.

Cajón de Sastre

El procurador Eduardo Medina Mora ve la procesión y no se hinca. Como lo anticipó ayer Reforma, está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia el dictamen sobre violaciones a garantías individuales en Atenco, que lo involucra en tanto que era en mayo de 2006 secretario de Seguridad Pública. En aquel entonces, en ese papel no aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el mismo asunto para castigar y enmendar conductas de la Policía Federal Preventiva. Y ahora, ya como procurador, anteayer comunicó al ombudsman nacional que tampoco acepta una nueva recomendación, actitud en que según dijo el doctor José Luis Soberanes ha insistido, toda vez que no hay consecuencias legales de rechazar el producto de las investigaciones de la CNDH.

Reforma29/01/2009

Ni para comer... Diagnóstico del Coneval

La miseria que azota a Chiapas es aún más lacerante en las comunidades indígenas, donde miles de familias están en situación de "sobrevivencia", pues sus ingresos "no les alcanzan ni para comer"

Por Carlos Acosta Córdova

MÉXICO, DF.- Tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de enero de 1994 --que puso al descubierto la magnitud de los rezagos sociales en el país--, el Gobierno Federal inyectó presupuestos millonarios a esa entidad y diseñó políticas públicas para revertir, en todo el país, la pobreza extrema y la profunda desigualdad.

En su sexto informe de gobierno Carlos Salinas de Gortari se jactó incluso de que ese año los recursos federales para Chiapas fueron "1000% más que en 1989". Sus sucesores Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en los dos años que lleva, apostaron todo al gasto social para esos propósitos.

Tan sólo entre 1996 y 2007 dicho gasto creció 276% en términos reales, al pasar de 537 mil millones de pesos a poco más de 1.1 billones de pesos. Los dos años previos, de desaceleración económica (1994) y severa crisis posdevaluatoria (1995), el gasto social se retrajo 23%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De hecho, desde que los zapatistas obligaron a poner el reflector en la descomunal miseria de Chiapas y la pobreza extendida en el país, el presupuesto federal para el desarrollo social concentra cada año, hasta la fecha, alrededor de un 60% del gasto público no programable.

ANDANADA DE RECURSOS

Junto con la andanada de recursos, se han multiplicado programas sociales específicos, que se suman o forman parte del programa general de cada gobierno. Inició Salinas con Solidaridad; siguió Zedillo con Progresa; Fox, con Oportunidades, que continúa Calderón, quien no acierta a hacer sentir la nueva estrategia "Vivir Mejor".

Junto con ellos, se han ido creando en el tiempo programas sociales federales para atender necesidades específicas, del campo y las ciudades. A la fecha hay 179 programas, que consumen el 80% del gasto social. De ellos, 145 están concentrados en cinco secretarías: Sagarpa, Educación, Salud, Sedesol y Hacienda. Los 34 restantes están distribuidos en otras nueve dependencias.

Un 25% de los programas tienen como área de atención la agropecuaria; otro 14% van dirigidos a educación, ciencia y tecnología; 12% van al fomento de la actividad económica o productiva, y 7% a la infraestructura.

Además de los programas que son comunes a todos los municipios y regiones --como Empleo Temporal, Jóvenes por México, Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Opciones Productivas, Microrregiones-- existen específicos por entidad. En Chiapas, por ejemplo, están los programas Altos-Selva-Norte y Cañadas Inversión Municipal, entre otros.

CASCADA DE APOYOS

A todos ellos se suman los programas sociales estatales y municipales, con recursos públicos y privados locales. También participan, en la misma cascada de apoyos para combatir la pobreza, dineros provenientes de organizaciones no gubernamentales, del país y del extranjero.

No faltan, tampoco, los apoyos "en efectivo, en organización, en asesoría, en capacitación" de organismos internacionales. En Chiapas, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón apoya en programas de fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres. Así mismo, el gobierno de esa entidad tiene convenios con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para definir estrategias y programas de combate a la pobreza.

No han faltado, tampoco, recursos de organismos financieros internacionales para el combate a la pobreza. En diciembre, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 2 mil millones de dólares, que se canalizarán, a través de Oportunidades, a zonas marginadas, rurales y urbanas del país. Con ese préstamo sumaron 6 mil millones las líneas de crédito otorgadas por el BID durante 2008.

POBREZA EXTREMA

Sin embargo, a 15 años de la irrupción del EZLN, y de la embestida presupuestal de los distintos gobiernos, la situación en Chiapas y en las demás entidades no es muy distinta: Chiapas sigue siendo el estado con la pobreza más extrema, acompañado por Guerrero y Oaxaca, y el país sigue registrando altos niveles de pobreza "alrededor de 45 millones, según cifras oficiales" y de desigualdad: mientras que el 10% de la población más pobre del país concentra el 1.6% del ingreso nacional, el 10% más rico acapara el 40% de ese ingreso, según el Coneval.

"México es uno de los países donde el ingreso presenta mayor concentración. Esta situación la comparte con varios países de µfrica y América Latina. La distribución del ingreso en México es tan desigual como lo era hace 15 años", dice el Consejo en su primer Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008, presentado a principios de diciembre.

El propio Consejo ilustra así la desigualdad: "Mientras que Baja California tiene un ingreso mensual promedio estimado de 4 mil 998 pesos, el de Chiapas tan sólo alcanza mil 215 pesos". En Baja California, un 9.2% de su población es pobre; en Chiapas, el 76% de sus habitantes están en esa condición.

EUFEMISMOS

La actual metodología para medir la pobreza desechó los términos "pobreza extrema" y "pobreza en general". Ahora se consideran tres niveles de pobreza "en función del ingreso corriente total de las personas", que se definen así:

Pobreza alimentaria, la más grave, es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. Sería lo que en la terminología anterior era la pobreza extrema. Las personas que están en esta condición no alcanzan a tener un ingreso neto diario de 20 pesos, que --según el Coneval-- sería, en la zonas rurales, el mínimo (en 2006) para cubrir apenas las necesidades básicas de alimentación. En las zonas urbanas, este mínimo sería, para el mismo año, de 27 pesos diarios.

Pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines. Están en este nivel de pobreza quienes tienen un ingreso neto diario por debajo de los 24 pesos en las zonas rurales, y de 33.10 pesos en las urbanas.

POBREZA ALIMENTARIA

Pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Caen en esta condición quienes no alcanzan a percibir, al día, 36.20 pesos en las zonas rurales, y 54.15 pesos en las urbanas.

En función de esas definiciones, se tiene --de acuerdo con el informe del Coneval-- que la entidad con mayor pobreza alimentaria es Chiapas: el 47% de su población (2 millones 18 mil personas, en 2005) está en situación de sobrevivencia: sus ingresos nos les alcanzan ni para comer.

Le siguen Guerrero, con 42% (poco más de 1 millón 300 mil habitantes); Oaxaca con 38.1% (1 millón 340 mil personas); Tabasco con 28.5% (567 mil), y Veracruz con 28% (casi 2 millones de personas).

Todos esos estados rebasan por mucho el promedio nacional: en todo el país, la pobreza alimentaria alcanzaba en 2005 al 18.2% de la población total, es decir, a casi unos 19 millones de habitantes.

En contraste, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California (1.3%), Nuevo León (3.6%), Baja California Sur (4.7%), Distrito Federal (5.4%) y Coahuila y Chihuahua (ambos con 8.6%).

POBREZA DE CAPACIDADES

En el segundo nivel de pobreza, la de capacidades, mientras la tasa nacional es de 24.7% (dato de 2005, equivalente a 26 millones de habitantes), Chiapas tiene al 56% de su población (2 millones 400 mil) en esa condición; Guerrero, 50.2% (casi un millón 600 mil) y Oaxaca el 47% (un millón 650 mil).

La pobreza de patrimonio alcanza en el país a poco menos de la mitad de la población, pero "otra vez" en Chiapas la media es rebasada ampliamente: para 2005, el 76% de su población (casi 3 millones 300 mil habitantes) estaba en esa condición; en Guerrero, el 70% (2 millones 200 mil), y en Oaxaca el 68% (2 millones 400 mil).

Si las cifras por estado evidencian la gravedad de la pobreza en el país, a nivel municipal ésta se advierte en toda su profundidad. Y Chiapas sigue a la cabeza: de los 20 municipios con mayor incidencia de pobreza alimentaria en el país, 11 son de esa entidad; cinco, de Oaxaca, y los cuatro restantes están ubicados en Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Todos ellos localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. En su mayoría, con población predominantemente indígena.

EQUIPARABLE AL CONGO

La pobreza alimentaria en ellos va desde el 84% de la población en Santiago el Pinar (Chiapas), cuyas condiciones de vida son --según la ONU-- equiparables a las del Congo, en µfrica, hasta el 78% en Yahualica, en Hidalgo.

En el extremo opuesto de la desigualdad nacional, de los 20 municipios con menor incidencia de población en pobreza alimentaria, ocho son de Chihuahua; cuatro de Baja California; tres de Nuevo León; dos del Distrito Federal; uno de Puebla, otro de Baja California Sur y uno más de Quintana Roo.

El rango de población en ese nivel de pobreza va de 1.9% (6 mil 800 personas) en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal a 0.1% en Gómez Farías, Chihuahua, equivalente a ocho personas (en 2005) y San Pedro Garza García, Nuevo León, con 143 personas (2005) en pobreza alimentaria.

MEJORAS FICTICIAS

El Coneval reconoce en su informe que diversos indicadores de salud y educación han mejorado en el país en los últimos 15 años, inclusive para el 20% de la población más pobre. Sin embargo, la calidad de esos servicios deja mucho que desear.

Entre los logros se cuentan los siguientes: la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, se incrementó de 71.7 años a 74.8 años entre 1992 y 2006. En el caso de la educación, el porcentaje de jefes de familia con educación básica o más pasó de 29.9% en 1992 a 47% en 2006.

También: para el 20% más pobre de la población entre 1992 y 2006, el porcentaje de niños entre ocho y 12 años que no asistían a la escuela pasó de 8.9% a 3.5%; el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que trabajaban y no asistían a la escuela se redujo de 15.6% a 9.8%; el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más bajó de 26.8% a 20.8%, y el porcentaje de personas de 15 años y más con primaria incompleta pasó de 64.8% a 44.8%.

Otra: El porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, en el 20% de la población más pobre del país, disminuyó de 19.9% a 3.1%; el porcentaje de viviendas con piso de tierra pasó de 46.2% en 1992 a 22.3% en 2006; las viviendas sin agua entubada, disminuyeron, en el mismo grupo de población, de 43.9% a 23%.

Mala calidad de servicios

Pero una cosa es que se haya ampliado la cobertura, con todo y lo positivo que sea, y otra es la calidad de los servicios. Pone ejemplos el Coneval: la mortalidad materna ha disminuido en los últimos años, pero se está lejos de llegar a la meta de 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos --una de las metas del Milenio, a las que se comprometió el gobierno de México--: en 2004 se registraron 62.4 muertes por cada 100 mil nacimientos; aun con toda la tecnología disponible, el 90% de esas muertes pudieron evitarse.

Otros indicadores también muestran que el avance ha sido más cuantitativo que cualitativo: En 2006, México disponía de 1.4 médicos, en contacto con el paciente, por cada mil habitantes, mientras que en el mismo año Cuba, Uruguay y Argentina contaban, respectivamente, con 6.2, 3.9 y 3.2 facultativos por cada mil habitantes. Además, la entidad que más enfermeras tiene es el Distrito Federal, al contar con cuatro por cada mil habitantes, mientras que estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán tenía sólo una enfermera por cada mil habitantes.

En materia educativa, pese a los grandilocuentes anuncios de cada sexenio, la calidad sigue siendo baja, dice el Coneval. En las pruebas de matemáticas que cada año hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México siempre ocupa los últimos lugares entre los países miembros del organismo. Y entre quienes no forman parte de ese grupo, en 2006, de 26 países analizados por la OCDE México apenas llega al lugar 18.

Reconoce el Coneval que entre 2004 y 2006 la pobreza, en números absolutos, se redujo, particularmente en las zonas rurales, "aunque esta reducción no es estadísticamente significativa". Dice el informe: "El número de personas pobres alimentarias (en el país) disminuyó de 17.9 millones a 14.4 millones; las personas en pobreza de patrimonio pasaron de 48.6 millones a 44.7 millones. (APRO)