jueves, 12 de octubre de 2023

La libertad de expresión y el Poder Judicial corrupto de Durango

 


Ramón Gerardo Guzmán Benavente, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango

Fernando Miranda Servín.

Octubre 17 de 2021

Con agradecimiento para el periodista
Vladimir Galeana y la organización Artículo 19

Falsificar citatorios y notificaciones de carácter judicial para emplazar a juicio a un ciudadano inocente debería ser un delito grave, sin embargo, el actuario Omar N. del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el estado de Durango, al parecer lo hace de manera cotidiana, así se gana la vida, así se gana el sustento.

El pasado 7 de octubre el subdirector del periódico razacero, Erick Miranda Gamboa, y yo fuimos emplazados a juicio en la demanda por “daño moral” interpuesta por el conocido perredista duranguense Gamaliel N., ya que, según él, considera que nosotros y nuestro medio informativo fuimos los causantes de todas sus desgracias al darle seguimiento puntual y publicar las rapacerías que cometió en contra de la joven Lucía Isabel Álvarez. Para Gamaliel N., por culpa de nuestro trabajo periodístico fue despedido injustificadamente de su cargo como subsecretario de la SEBISED y la dirigencia nacional de su partido, el PRD, le negó el derecho de ser diputado federal plurinominal.

Gamaliel N., dice en su demanda que resultó absuelto, inocente, en la Causa Penal promovida por la joven Lucía Isabel Álvarez por el delito de acoso sexual e integra dicha Causa Penal en la demanda de marras contra razacero.

Lo cierto es que en esa misma Causa Penal se establece que Gamaliel N., fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en agravio de Lucía Isabel Álvarez y su defensa solicitó la Suspensión provisional del proceso, imponiéndole la juez el pago de la reparación del daño, que fue de 2 mil 400 pesos, y obligándolo a cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el término de seis meses, las cuales consistieron en residir en su domicilio, dejar de frecuentar a la víctima por ningún medio así como su domicilio, continuar con el tratamiento médico o psicológico ante la Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad, el que ya le había sido impuesto como medida, y continuar con la vigilancia de la Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad de forma mensual, la que ya le había sido impuesta como medida cautelar.

Una vez que Gamaliel N., cumplió con estas condiciones, la juez de la Causa Penal acordó el sobreseimiento de la acción penal, su extinción y absolución, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin que eso significara que Gamaliel N., fuera inocente del delito que se le imputó.

Hoy, por darle difusión a este hecho que efectivamente era de interés público por el alto grado de violencia de género y delitos de carácter sexual que se cometen en el estado de Durango y quedan impunes, Gamaliel N., nos demanda por “daño moral” y exige la entrega de 20 millones de pesos, porque de acuerdo a su psique nosotros y el periódico razacero (no sus actitudes enfermizas hacia una joven indefensa) fuimos los causantes de su despido laboral y de haber truncado su “brillante” carrera política. Solo nosotros le gustamos para ser demandados, aun cuando muchos otros medios de comunicación duranguenses le dieron cobertura a este vergonzoso caso y le dieron voz a la joven víctima Lucía Isabel Álvarez.

Lo peor de todo es que esta ignominiosa agresión a la libertad de prensa y a la libertad de expresión está siendo respaldada por el Poder Judicial de Durango que en su Juzgado Cuarto de lo Civil le está dando todas las facilidades al perredista Gamaliel N., para retorcer los procedimientos legales y violar nuestros derechos humanos, primero dándole trámite a una demanda absurda, a todas luces vengativa y represiva de la libertad de expresión, y luego solapando a su actuario fraudulento que falsifica citatorios y los integra al expediente de la demanda infame.

Citatorio falsificado por el actuario Omar N., del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el estado de Durango, integrado al expediente del juicio ordinario civil número 0024/2021. En esta entidad la ley y la justicia están a la disposición del mejor postor.

Así, en este como en muchos otros casos, estamos viendo el uso de una institución pública como el Poder Judicial de Durango para satisfacer las perversidades del mejor postor.

 Cabe resaltar que esta agresión a nuestras personas y a nuestro medio de información se da en medio de las críticas y denuncias que hemos estado publicando sobre los saqueos y actos de corrupción cometidos en el gobierno del panista José Aispuro Torres, aliado político del partido al que pertenece Gamaliel N.

Vamos a defendernos de esta vileza porque tememos por nuestra integridad física y por nuestro patrimonio, sobre todo porque, de acuerdo al INEGI, Durango ocupa el primer lugar en Prevalencia y Percepción de la corrupción a nivel nacional, razón de más para solicitar apoyo a toda la comunidad periodística nacional y a los organismos autónomos internacionales especializados en la materia.

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