En Oventic, zapatistas conmemoraron su aparición pública ocurrida en la madrugada del 1 de enero de 1994.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 01/01/2009 12:22
San Cristóbal de Las Casas, Chis. A 15 años de que se convirtió en punto de atención mundial, la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus pobladores han aprendido a convivir en un marco legal.
Este jueves integrantes de esa organización realizaron una celebración en Oventic para conmemorar su aparición pública llevada a cabo en el amanecer del 1 de enero de 1994.
A tres lustros de esa fecha, en las comunidades bajo su influencia se conjuga el sistema de justicia tradicional y el derivado de las autoridades constitucionalmente establecidas.
Al cumplirse este día tres lustros de la "toma" zapatista, esta zona, incluidos los municipios autónomos fundados por el EZLN en diciembre de 1995, se rige bajo el sistema de justicia tradicional, pero también con la supervisión de las instituciones formales para la atención de delitos mayores.
Al respecto, el Fiscal Especial de Justicia Indígena, Mariano López Pérez, comentó que los zapatistas no cambiaron en nada los tradicionales usos y costumbre de los indígenas chiapanecos para impartir justicia.
"Tienen la misma estructura, cada municipio autónomo tiene su juez municipal, que es un cargo tradicional y funcionan adecuadamente", comentó el también indígena en entrevista con Notimex al referirse al rubro de la ley y justicia dentro del 15 aniversario del surgimiento del EZLN.
En sus primeras demandas al manifestarse como grupo armado la mañana del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista pidió el reconocimiento de sus tradiciones para impartir justicia, lo que incluso fue planteado en la mesa del tema en los diálogos de San Andrés Larráinzar en 1996.
Para el efecto, señaló que en Chiapas se instrumentaron reformas en 1997 que reconocieron los llamados juzgados de paz y conciliación establecidos en cada municipio indígena y se reconocieron como parte del Supremo Tribunal de Justicia.
Dichas instancias, recordó, fueron dotadas de recursos materiales, se construyeron edificios propios, se reconoció legalmente la figura de ‘juez municipal’ y se trató de delimitar el tipo de delitos que atenderían y que específicamente eran los delitos menores, como amenazas y robo simple.
Asimismo, se reconocieron legalmente los juicios orales que ancestralmente se practican en las comunidades, pues "los indígenas así han resuelto los problemas desde nuestros abuelos y demás antepasados.
"Así lo hicieron buscando siempre la reconciliación y por eso los juicios orales no son nuevos para nosotros", enfatizó el funcionario de origen indígena.
Recordó que también se fundó una sala regional que supuestamente funcionaría como segunda instancia y que regularía la actividad de los juzgados que se fundaran, o que ya funcionaban, en los municipios indígenas.
"Pero nunca hubo una apelación, no hubo inconformidades con lo resuelto por los jueces municipales y desapareció la sala", comentó el fiscal en un tácito reconocimiento a la autoridad emanada de los juzgadores tradicionales.
En opinión del funcionario, este fue el primer paso para el reconocimiento de los usos y costumbres indígenas en el ámbito legal.
Este fue el precedente para que los municipios autónomos establecidos en las comunidades de Polhó, municipio de Chenalhó, y Oventic, del municipio de San Andrés Larráinzar, cuenten ahora también con sus juzgados de paz y conciliación y también resuelven mediante los usos y costumbres sus problemas, indicó.
Lo importante, reconoció, es que los juzgados zapatistas, al igual que el resto, trabajan en coordinación con la Fiscalía Especial de Justicia Indígena para resolver delitos mayores.
"Hay un mecanismo institucional mediante el cual ellos nos invitan a conocer y resolver diversos casos", manifestó.
En este sentido y a manera de ejemplo, comentó que han habido casos de violación de indígenas que ameritan la intervención de la Fiscalía que encabeza, utilizando como conducto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas y a la Comisión de Comunidades en Conflicto del gobierno estatal.
"Por ejemplo, cuando se trata de violación, la víctima no viene hasta esta ciudad para su atención; al contrario, nosotros vamos para escuchar su queja y abrir la averiguación correspondiente y así no se le obliga a sufrir más" explicó.
Sobre este tema, reconoció la apertura de los zapatistas para trabajar en este sentido y aseveró que a la fecha no se ha registrado problema alguno, pues en la Fiscalía se reconoce esta estructura tradicional indígena.
"Hemos llegado a tal entendimiento que ha habido ocasiones en las que ellos obvian el proceso y nos invitan directamente para conocer los casos considerados como delitos graves", explicó.
Finalmente, reconoció que es necesario avanzar en las reformas para que las tradiciones de los indígenas no choquen con la justicia formal, pues hay conductas que ellos consideran como faltas administrativas e imponen un castigo, pero que en el derecho positivo no están tipificadas como tales.
Un ejemplo de ello, apuntó, es no acudir a una asamblea del pueblo, lo que implica una falta, a diferencia de la justicia formal.
"De todas formas sí hay buen entendimiento y sí funcionan bien", concluyó.
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