El Universal
28 junio 2012
El tribunal desechó la demanda al considerar que la empresa debió solicitar la compensación directamente al SAT durante el procedimiento de fiscalización.
MEXICO, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a Grupo Televisa un amparo en contra de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que obliga a la empresa a pagar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal por 91.7 millones de pesos que data de 2006.
Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala del máximo tribunal rechazó la demanda de la televisora, que impugnaba la constitucionalidad de un artículo de la referida ley, que en 1999 regulaba la amortización de pérdidas fiscales de las empresas sujetas al régimen de consolidación fiscal.
En 2006, el SAT determinó que Televisa había omitido pagar 29.6 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio de 1999, cantidad que se elevó a 91.7 millones por las actualizaciones, que sumaron 38.8 millones, y una multa por 14.8 millones.
La empresa tramitó un amparo ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal, alegando que el SAT aplicó de manera retroactiva una reforma al régimen de consolidación.
De acuerdo con la televisora, el SAT debió compensar el ISR que no pagó por el ejercicio de 1999 contra el Impuesto al Activo, que sí cubrió, por 317.9 millones de pesos.
Sin embargo, el tribunal desechó la demanda al considerar que la empresa debió solicitar la compensación directamente al SAT durante el procedimiento de fiscalización, para que la autoridad se pronunciara al respecto, bien concediéndolo o negándolo.
En la sentencia, los magistrados consideraron que Televisa no reflejó en su declaración de 1999 el efecto fiscal que tuvo la desincorporación de algunas filiales que estaban en régimen consolidado.
El crédito de 91.7 millones de pesos es menor comparado con otros que el SAT ha fincado en años recientes a Televisa.
La televisora tiene un litigo contra el SAT ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por otro crédito fiscal por 3 mil 334 mdp, que le fincó el órgano por la supuesta deducción ilegal de una pérdida fiscal correspondiente a una empresa que adquirió.
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