miércoles, 27 de junio de 2012

Con la guerra antinarco de Calderón se recrudeció la práctica de la tortura: Frayba

ISAÍN MANDUJANO Y PEDRO MATÍAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Lejos de disminuir o erradicarse, las prácticas de tortura en México han evolucionado e incluso se ha incrementado en el marco de la lucha contra el crimen organizado impulsada por el presidente Felipe Calderón, advierte un informe laborado por cuatro organismos defensores de los derechos humanos.

El informe titulado: "En nombre de la guerra contra la delincuencia: Un estudio del fenómeno de la tortura en México" y presentado en el marco del Día Internacional contra la Tortura, se basa en testimonios recientes de allegados a las víctimas de tortura en 11 estados del país, aunque también se incorporan casos del pasado para demostrar la persistencia de impunidad en estos casos.

La recopilación de los casos fue realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que es coautor del informe junto al organismo internacional francés Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-France).

También participaron Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

Víctor Hugo López, directivo del Frayba, explicó que sin pretender ser exhaustivo, el informe tiene el objetivo de evaluar la situación práctica de la tortura al término del mandato presidencial de Felipe Calderón.

Se trata, dijo, de una primera etapa de diagnóstico del fenómeno de la tortura en México en función del cual se deberá intervenir en casos emblemáticos, dictar talleres de capacitación y desarrollar ejes estratégicos de promoción para evitar y prevenir la tortura.

"El informe aborda de manera general los efectos de la política federal de 'guerra contra la delincuencia' impulsada por el presidente saliente, teniendo en cuenta ciertos aspectos particulares de los estados federados estudiados: leyes y códigos penales específicos, militarización reciente o antigua, discriminación tradicional respecto de las poblaciones indígenas", señaló.

Según el directivo de Frayba, el informe también trata de poner de relieve el marco y las causas del mantenimiento o incluso recrudecimiento de la práctica de la tortura durante estos últimos años, así como las formas y los objetivos que esta presenta, los obstáculos al procedimiento de denuncia, investigación y sanciones, y los riesgos que corren aquellas personas que se dedican a denunciar este flagelo.

El apartado de la práctica de tortura en México, se hace referencia a ella como un método de investigación "privilegiado" en la lucha contra la delincuencia organizada y como un medio de represión de movimientos sociales y políticos.

En ese mismo rubro, hablan sobre el trato a las personas privadas de libertad, las víctimas de tortura, quiénes son los victimarios y cuáles son los métodos que emplean.

Los organismos defensores de los derechos humanos, concluyen en su informe que hoy en día parece imposible considerar que la tortura en México es un fenómeno residual o en curso de erradicación.

"No se trata de una nueva práctica, y las formas en las que se manifiesta no han cambiado fundamentalmente. Sin embargo, el contexto durante el gobierno de Felipe Calderón ha evolucionado de manera desfavorable y la tortura se ha incrementado", sostienen.

Añaden que en la "guerra contra la delincuencia" los medios de comunicación han hecho que se acepte progresivamente la necesidad de "renunciar en parte" a los derechos humanos para alcanzar la seguridad pública.

De esta "permisividad", detallan, se desprende una tendencia a incrementar el número y el tipo de delitos supuestamente vinculados con la delincuencia organizada, como la criminalización de la protesta y de los movimientos sociales.

Sostienen que además se han promulgado medidas de excepción, como el arraigo, que refuerzan los poderes autoritarios y arbitrarios de las fuerzas de seguridad y de los magistrados.

"De esta manera, el arraigo aumenta los riesgos de tortura y malos tratos, dado que facilita la detención provisoria sistemática y restringe las garantías judiciales y el acceso a una defensa legal", dice en el informe.

El informe afirma que el uso de las confesiones coaccionadas, la acusación pública, las condenas y otras pruebas ilícitas siguen siendo la base principal en la que se fundan las investigaciones, sin que se verifique debidamente las garantías fundamentales del debido proceso.

A ello se agrega que los métodos de denuncia, averiguación previa, investigación y sanción son a menudo ineficaces, y no permiten prevenir nuevas torturas y malos tratos.

Lo más grave de todo ello, señala el informe, es que las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para denunciar esta situación siguen estando en peligro y vulnerabilidad.

En el documento hay un anexo con recomendaciones para que sociedad y gobierno pongan énfasis para prevenir y erradicar la tortura, entre ellas armonizar las definiciones de "tortura" en la legislación federal y las estatales "según los más altos estándares internacionales que mejor favorezcan a la persona".

Sugieren además velar, a través de la capacitación de los funcionarios que registran las denuncias, por la adecuada cualificación de los actos de tortura para que no sean asimilados con delitos menos graves, como abuso de autoridad o lesiones.

Cuando se confirmen actos de tortura, proponen estipular penas proporcionales a la gravedad del delito y que éstas no sean las mismas que se atribuyen a delitos menos graves.

Además plantean el refuerzo de las garantías previstas en el sistema penal acusatorio, el control de las detenciones y de las custodias, la abolición de las medidas de excepción, la defensa legal y garantías judiciales y la prevención de la tortura en lugares de privación de libertad, entre otras.

También incluye recomendaciones para la aplicación del Protocolo de Estambul, la lucha contra el fenómeno de las desapariciones forzadas, la limitación del uso de las fuerzas armadas y de la jurisdicción militar y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

El informe fue elaborado en el marco de un proyecto trienal financiado por la Comisión Europea, que se titula "Reforzar los métodos de investigación, información, alerta y seguimiento en materia de tortura y otros malos tratos".

El informe completo de 68 páginas está disponible en cada una de las páginas en internet de los organismos que participaron en la elaboración del estudio a partir de este martes 26 de junio: Día Internacional contra la Tortura y de apoyo a las víctimas de ella.

Proceso
27/06/2012