Desaparecidos

Roberto Zamarripa

Durante un encuentro de Enrique Peña con mujeres en Guadalajara realizado el pasado viernes, la dirigente femenil priista, María del Refugio Ruiz, dijo que muchos hogares siguen llorando la desaparición de sus hijos producto de la narcoviolencia. La reacción del auditorio femenino ahí presente fue de silencio, de resignación, de aceptación. No es la primera vez que a Peña le ocurre algo así. Que de frente le reten a resolver el problema de los desaparecidos que se ha agudizado en México a raíz de la violencia descarnada y la impunidad prevaleciente. Durante una gira de precampaña en
Durango, madres de familia lo abordaron para presentar también una denuncia por hijos desaparecidos. El problema es grave sobre todo en entidades del norte del país. Además de Durango lo es en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También en Chihuahua y desde luego en Jalisco.

Estremecen las estimaciones de la CNDH de que 9 mil cuerpos quedarían sin identificar en este sexenio de la violencia (Reforma, 01/04/12). Junto con ello hay 5 mil reportes de desaparecidos y el descubrimiento de 350 fosas clandestinas con más de mil 200 cuerpos.

No solo Peña Nieto ha recibido los reclamos o las denuncias. Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador conocen de denuncias directas encontradas a lo largo de sus recorridos de precampaña y, sin duda, se enterarán de más durante su proselitismo rumbo a la Presidencia de la República. El problema es la carencia de respuesta. El drama de los desaparecidos se magnifica con la impunidad y el desdén. Desaparecen los familiares y desaparecen las evidencias. A la fosa clandestina van a dar los datos de responsables y cómplices. Los enterradores pertenecen a distintos grupos criminales pero también a distintos cuerpos policiacos o militares del país.

Las matanzas son crueles y las formas de desaparecer evidencias rebasan imaginaciones y sadismos. Desde deshacer cuerpos en ácido, cremarlos en hornos clandestinos, destazarlos o destrozarlos para ser enterrados en fosas, aventarlos a mares o lagunas, los asesinatos y desapariciones de miles de personas que sucumben en la vorágine de la narcoviolencia han paralizado a las autoridades.

No hay protocolos de identificación de cadáveres. Pero eso ya es pedir demasiado. Es obvio que no se cumplen los protocolos de investigación criminal. Las más de 50 mil muertes de la narcoviolencia en el sexenio tienen a muy poquitos culpables en las cárceles. Las cadenas delictivas no son rotas sino incluso fortalecidas por los mismos investigadores que suelen trabajar del lado del crimen.

Los candidatos presidenciales hasta ahora no han expresado un compromiso para resolver el drama de las desapariciones. Han hablado de terminar con la violencia pero no han explicado cómo enfrentarán los saldos de una estrategia de seguridad que no logra abatir la criminalidad ni la extrema violencia del narco.

El gobierno federal tiene proyectada una Ley de Víctimas según la cual el centro de atención de los afectados sería el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo que ha sido incapaz de poner en cintura a las policías corruptas.

Al drama de los desaparecidos le acompaña la estrategia del olvido. Tanto las autoridades como los responsables de los crímenes apuestan a borrar la memoria. Los familiares de las víctimas son estigmatizados o advertidos que una investigación sobre el paradero de los suyos puede ser peligrosa y derivaría en otras amenazas o ejecuciones.

Para los familiares no hay garantías establecidas ni de confidencialidad ni de información directa sobre sus casos. Por cada ejecutado o desaparecido hay tres o cuatro familiares, deudos o dependientes.

Antes que el tema les estalle en sus mítines, los candidatos presidenciales tendrían que perfilar un compromiso claro en el esclarecimiento de ejecuciones y desapariciones. Es imprescindible tener un Registro Nacional de Desaparecidos, reabrir expedientes y permitir a los familiares conocerlos, darles continuidad, intercambiar información y recibir protección de la autoridad.

Otro tema pendiente sigue siendo el de la reparación de daños. Asumirlo implica reconocer el involucramiento en actividades ilegales de cuerpos policiacos o castrenses. Por ello la reticencia. Por ello también la estrategia de la desmemoria. Simplemente se habla de superar la tragedia pero no de saldar las cuentas, castigar responsables, reparar el daño, rehacer las cohesiones sociales.

El palabrerío de la campaña electoral no se ha detenido en estas realidades. No las toca. El proselitismo se suma a la estrategia del olvido, de la desmemoria. ¿Habrá algún candidato que se acuerde de las víctimas más allá de pedirles el voto? ¿El gobierno que pretenden encabezar reparará en nombre del Estado los daños a las víctimas?

Reforma
02/05/2012