jueves, 26 de abril de 2012

Cuerpos sin alma

Napoléon Gómez Urrutia

Como todo el mundo lo supo, en Perú se consiguió el reciente 11 de abril el rescate de nueve trabajadores atrapados una semana antes en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro, en la región de Ica, con la participación plena del gobierno de ese país, en un esfuerzo encabezado por el propio presidente Ollanta Humala, seguido por sus compañeros de trabajo, así como por el gremio y la población minera.

En mi colaboración del 12 de abril de 2012 expresé: “Rescate en Perú, otra vergüenza para el gobierno de México. No cabe duda que cuando la voluntad y el sentido de responsabilidad existen, se pueden alcanzar los objetivos. Este esfuerzo exitoso en Perú, al igual que el de San José de Copiapó en Chile, exhiben en toda su crudeza la miseria humana de Grupo México en Pasta de Conchos, que abandonó a 65 de sus trabajadores en ese ‘homicidio industrial’ con el que siempre serán señalados Germán Larrea, Vicente Fox, Francisco Javier Salazar, Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, Fernando Gómez Mont y los demás colaboradores, cómplices, directivos y accionistas de esa empresa sin calidad ética y sin respeto a la vida humana”.

A dos semanas de distancia, ratifico lo que dije, y lo amplío aún más. Las personas responsables señaladas no sólo actuaron sin calidad moral ni ética alguna, sino que evidenciaron que la vida humana les importa muy poco, incluso tratándose de los trabajadores que hacen posible con su trabajo, esfuerzo y sacrificio el enriquecimiento de esos empresarios, al principal de los cuales, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, los mineros de México y los trabajadores del mundo califican justamente como “asesino impune de mineros”. El cual cuenta y sigue contando con la complicidad indigna de los funcionarios, también señalados anteriormente, de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y de estos mismos, para ocultar las verdaderas causas de esa tragedia, que según todas las evidencias se radican en la negligencia e irresponsabilidad criminal del Grupo México, al no instalar adecuadas condiciones de seguridad industrial, salud e higiene en el trabajo y protección a la integridad y la vida de los mineros.

Este es un asunto que no se puede dejar en el olvido ni pasar inadvertido en la impunidad. Sobre todo porque Grupo México no sólo los dejó morir al cerrar la mina sólo cinco días después del derrumbe en Pasta de Conchos, sino porque posteriormente ha ofrecido indemnizaciones verdaderamente mezquinas a los familiares y deudos de los 65 mineros que perdieron la vida ese 19 de febrero de 2006, y más aún porque ha perseguido judicialmente, con fuerzas represoras tanto estatales como federales, como si se tratara de delincuentes, a las viudas y familiares que exigen se respeten sus derechos y se les devuelvan los cuerpos de sus esposos, hermanos o hijos muertos, para darles digna sepultura.
La que han cometido Grupo México de Larrea y los gobiernos de Fox y de Calderón es una historia de horror, deshonor y vileza. No basta señalar que el segundo de esos gobernantes ya se va del poder presidencial cuya legitimidad ha sido cuestionada en este sexenio, ni que Fox ya lo haya dejado. Al quedar impunes todos esos culpables, entre los que se cuentan de manera muy notoria Francisco Javier Salazar y Javier Lozano Alarcón, titulares de la Secretaría del Trabajo en los respectivos gobiernos indicados, queda en la sociedad mexicana la herida lacerante de esta injusticia mayor, que debe ser castigada penalmente y con total ejemplaridad.

Nunca jamás se debe permitir que la negligencia criminal de las empresas de cualquier tipo, sean mineras o no lo sean, se vuelva a reproducir en México. Por eso he planteado que se debe legislar para penalizar a los culpables de estos “asesinatos corporativos”, como también se les denomina en el mundo entero, y llevar a la cárcel a sus responsables. No es aceptable que los culpables de estas tragedias anden por el mundo sueltos y alegremente, mientras el luto se ha adueñado de las familias de los mineros muertos, las cuales perdieron el sostén principal de la casa y a las que, por añadidura, se ha reprimido y tratado como delincuentes.

Para contraste, en la mina de carbón Upper Big Branch de Virginia Occidental, Estados Unidos, que se siniestró el 5 de abril de 2010, el mismo presidente Barack Obama se presentó dos veces en el lugar de los hechos para estar con los familiares de los 29 trabajadores fallecidos. A partir de esas visitas, Obama encabezó el esfuerzo por legislar en contra de la irresponsabilidad en su país, para que esas tragedias jamás vuelvan a ocurrir. Con el agregado de que esa presión sirvió para que las familias de los fallecidos recibieran una indemnización de 3 millones de dólares cada una, y no los miserables 7 mil dólares que Grupo México, con la complacencia gubernamental, les pretendió otorgar a cada familia de Pasta de Conchos.

La lección de la mina Cabeza de Negro en Ica, Perú, que es la última ocurrida, es una muestra de la desvergüenza de Grupo México de Germán Larrea, que ha continuado sus inmorales ataques contra los trabajadores y contra su sindicato en cuanta ocasión se le ha presentado, como lo muestra la explotación con esquiroles en la mina de Cananea, Sonora, convirtiéndola en un verdadero campo de concentración, y que pretende hacer también en Sombrerete, Zacatecas, y en Taxco, Guerrero, todas ellas en huelga heroica. La sociedad mexicana no puede ya permitir que siga el atropello a la vida de los trabajadores por parte de estos empresarios arrogantes e ignorantes, sin ninguna responsabilidad social ni sensibilidad humana, y que pasan por la vida como lo que en esencia son, “cuerpos sin alma”.