Patricia Dávila
10 de abril de 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En poco más de dos años Ramiro Ortiz tuvo una fulgurante carrera como funcionario en Durango, hasta que en 2011 la creciente violencia en su entidad natal lo envolvió y acabó por sacarlo de la administración pública. En las postrimerías de su gestión como fiscal estatal se le implicó en el caso de las ocho narcofosas descubiertas hace un año, pero sobre todo en el levantamiento y ejecución del joven Leo y de su padre, Don Polo Valenzuela, quien lo denunció en cuanta instancia pudo y documentó sus tropelías en una entrevista con la reportera, que Proceso publicó en su edición 1789.
El exfiscal de Durango Ramiro Ortiz Aguirre, acusado hace un año por Leopoldo Don Polo Valenzuela de intento de homicidio y de estar coludido con las bandas de secuestradores que plagiaron a su hijo Leo, fue levantado la semana antepasada por un grupo armado. Su cadáver apareció tres días después, la mañana del 31 de marzo, con un mensaje: “Esto me paso por ser el responsable de tantos muertos inosentes (localizados en) las fosas clandestinas en Dgo” (sic).
Sonia Yadira de la Garza, quien relevó a Ortiz en la fiscalía en junio del año pasado, asegura que las líneas de investigación incluyen la delincuencia organizada, sobre todo por su presunta responsabilidad en la muerte de 301 personas cuyos cuerpos fueron localizados en ocho fosas clandestinas descubiertas en la capital duranguense el año pasado.
En 2011 Durango experimentó un incremento inusitado de la violencia y a Ortiz se le implicó en el descubrimiento de las fosas clandestinas y la encarnizada disputa entre sicarios de Los Ms y Los Cabrera, células al servicio del Cártel de Sinaloa, por el control de la plaza. Al final los segundos impusieron su ley.
En sus últimos meses como fiscal, Ortiz fue denunciado por Don Polo, quien fue ejecutado después de presentar su denuncia en las instancias estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de conceder incluso una entrevista a este semanario (Proceso 1789). Y fue precisamente el asesinato de Don Polo el que opacó su trayectoria como funcionario.
La mañana del 31 de enero de 2011 Don Polo viajó a la Ciudad de México y en entrevista con la reportera denunció el secuestro de su hijo Leo, quien llevaba 130 días desaparecido. Comentó que aun cuando expuso a Ortiz que sabía que sus plagiarios tenían a su hijo en el poblado La Palma, el fiscal se negó a ayudarlo.
Durante la entrevista Don Polo narró que eran como las 12 de la noche cuando el fiscal Ramiro Ortiz Aguirre lo recibió a él y a su hija. “Mi hija le explica lo sucedido (y) le pide que le ayude para ir a rescatar a su hermano. El procurador le dice que no va a arriesgar a sus policías sin antes hacer una investigación. El alcalde y el síndico tratan de convencerlo pero Ramiro Ortiz los corre: ‘!¿Qué no entienden?!’, les gritó mientras se retiraba”.
Don Polo decidió acudir entonces a la Sedena, la PGR y la Marina. Tampoco obtuvo respuesta.
Sin noticias de Leo, agregó el entrevistado, “el 9 de octubre me fui a la Fiscalía; obligados, me pasaron con el agente del Ministerio Público Ezequiel Arreola. Le di la información que tenía sobre el secuestro de Leo, incluyendo los nombres de nuestros centinelas. Cuando iba a firmar mi declaración vi que omitió que culpo al fiscal de lo que le pase a mi hijo, a mi familia y a mí. ‘¿Por qué quiere que lo ponga?’, preguntó. ‘Porque sé cómo actúan ustedes’, respondí. ‘¿Cómo?’, dijo. ‘Matan a la persona para acabar con el problema’, le contesté”.
El 30 de noviembre la CNDH emitió su recomendación 69/2011, en la que indica que el 7 de septiembre de ese año se encontró el cadáver de Leo en La Palma.
Las narcofosas
Dos semanas antes de la entrevista con esta reportera, el 18 de enero de 2011, Don Polo envió un oficio al presidente Felipe Calderón. En el punto 18 expuso: “Los policías antisecuestros al mando del fiscal Ramiro Ortiz detienen a los sospechosos y los ponen en mi contra.
“Quieren desaparecerme. Muerto yo, dan carpetazo al asunto”. Tres semanas después, la mañana del 4 de febrero, Don Polo fue ejecutado.
En una entrevista con el entonces fiscal (Proceso 1791) Ramiro Ortiz, se mostraba molesto por las acusaciones: “(Don Polo) estaba fuera de la realidad. Nosotros no procedemos así. Igual que lo que señaló de mí: que comando a los antisecuestros para que levanten y maten a los familiares de las víctimas… Nosotros hicimos las diligencias pero no encontramos nada”.
Al revisar el expediente sobre el secuestro de Leo en las oficinas de la fiscalía, la reportera observó que no estaba ninguna de las supuestas diligencias realizadas; tampoco había ningún oficio de solicitud de colaboración dirigido a la PGR, la SSP o al Ejército.
Ortiz Aguirre fue nombrado procurador el 15 de septiembre de 2010. El 15 de octubre siguiente fue ratificado como fiscal. Antes, en 2008, había sido subprocurador, visitador general de la Procuraduría General de Justicia de Durango y coordinador general de ministerios públicos en la entidad. En sólo dos años tuvo un fulgurante ascenso. Pero fue la denuncia de Don Polo la que marcó su carrera.
A ello se sumó la desconfianza de la Policía Federal (PF) hacia Ortiz Aguirre. La mañana del 11 de abril de 2011 llegó a la capital duranguense un grupo táctico de agentes federales, quienes se dirigieron al fraccionamiento Las Fuentes. Ahí descubrieron la primera de las ocho narcofosas.
Con excepción de los federales, al predio sólo entró personal del Servicio Médico Forense para hacer el levantamiento de los cuerpos y un agente del Ministerio Público federal que dio fe del hallazgo. Afuera, un grupo de militares acordonó la zona. Los federales, a su vez, impidieron la entrada a Ortiz Aguirre y colocaron las bandas del precintado con la advertencia: “Sitio en custodia de la Policía Federal”.
El día 14, el grupo táctico descubrió otra fosa en el fraccionamiento La Hacienda, a cuatro calles de la primera. Tampoco se le permitió el acceso al fiscal, quien sólo se redujo a informar sobre el número de cuerpos encontrados.
El descubrimiento de las narcofosas fue el colofón de una serie de operativos que un mes antes los federales realizaron en la capital para desarticular a Los Ms. El 13 de marzo cayeron los primeros tres; el día 24, otros cinco, y el día 30, cuatro más.
De acuerdo con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entre los últimos se encontraba el operador de Los Canelos (matones al servicio de Los Ms), Bernabé Monje Silva, El M-14, expolicía ministerial de Chihuahua y exintegrante de La Línea, los sicarios del Cártel de Juárez. Con él fueron aprehendidos Ricardo Domínguez Nogal y Jorge Eduardo Pascual Bada.
El 28 de abril medios locales informaron que los detenidos confesaron haber participado en el entierro de 40 cuerpos en cada una de las fosas. Ortiz negó la versión.
El 21 de mayo por la mañana elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un domicilio de la calle Gladiola, en el fraccionamiento Jardines de Durango. Rodearon la zona y cuando trataron de ingresar a la vivienda fueron recibidos a tiros y granadazos. A las ocho de la mañana los marinos controlaron la situación. El saldo fue de tres sicarios muertos. Los marinos aseguraron la casa y decomisaron armamento y varios vehículos.
Dos horas después permitieron a los reporteros ingresar a la vivienda. El encargado del operativo comentó que aun cuando se pidió ayuda a la Fiscalía, sus peritos y un agente ministerial tardaron cuatro horas en llegar.
Después de ese desaguisado con los marinos, Ortiz duró sólo algunas semanas como fiscal. El 13 de junio de 2011 renunció a su cargo. La PGR deslizó la versión de que el funcionario fue destituido por no aprobar el examen de confiabilidad (Proceso 1830).
Recomendación de la CNDH
En su recomendación 69/2011, enviada al gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, la CNDH indica en la página 10: “De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, el 7 de septiembre de 2011 se encontró el cadáver de Leo en el poblado Las Palmas.
“Este organismo contó con elementos que le permitieron observar violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, procuración de justicia, así como a la integridad y seguridad personal, por omisiones que transgredieron los derechos de las víctimas (Leo y Don Polo) atribuibles a servidores públicos de la PGR y la Fiscalía General del estado”, señala la recomendación.
Relata también que el 30 de septiembre de 2010, cuando Leo le comunicó a su padre que se encontraba en Las Palmas, éste acudió con el presidente municipal de Nuevo Ideal, quien lo envió con el fiscal Ramiro Ortiz, pero el funcionario se negó a ayudarlo… “El fiscal vulneró su derecho a la seguridad jurídica…”, indica la recomendación.
A solicitud de los visitadores de la CNDH, la Fiscalía duranguense envió el 31 de mayo de 2011 información sobre Ezequiel Flores, el agente ministerial que declaró que no se observaban acciones efectivas para garantizar la integridad de Don Polo.
Acerca de otro MP (Félix Andrea Morales, nombre proporcionado a la reportera por Don Polo en la entrevista del 31 de enero de 2011) adscrito a la SIEDO, la CNDH indica que omitió ordenar una inspección ocular a los lugares señalados por la víctima; tampoco proporcionó seguridad y protección oportuna (a los familiares del secuestrado).
Por todo ello, la CNDH solicitó a la PGR y a la Contraloría General del estado de Durango el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, así como una denuncia ante el MP federal y estatal contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos, además de la reparación del daño a la familia de Don Polo y de su hijo Leo.
Entrevistada vía telefónica acerca de si hay denuncias contra su predecesor, la fiscal De la Garza comenta: “No. Sólo había un caso en el cual se le menciona y que incluso era conocido por las autoridades de manera oficial: el de Don Polo”.
–¿Hay detenidos por el secuestro de Leo y el asesinato de Don Polo?
–No. Sin embargo estamos trabajando de manera muy estrecha y respetuosa con la familia. Hay bastante apoyo por parte de la fiscalía en lo que ellos pudieran requerir.
–¿Al exfiscal se le citó a declarar por el secuestro de Leo y el asesinato de Don Polo?
–…Se está integrando la carpeta de investigación.
Acerca del plagio y asesinato de Ramiro Ortiz, De la Garza aclara que el 28 de marzo, después de tomar las oficinas de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado, donde contendía por la dirección, el exfiscal se dirigió a su casa de campaña. Hasta ahí llegaron ocho personas en dos vehículos. Iban armados y le dijeron que iban por él y por su esposa Elvira Álvarez. Al tratar de defenderse un disparo le rozó un muslo.
Álvarez comentó también que los plagiarios eran varones y llevaban el rostro descubierto; alcanzó a describir a uno. Todos, dijo, eran de aproximadamente 30 años. El cadáver de Ortiz fue localizado la mañana del 31 de marzo cerca de la estación de El Chorro, municipio de Durango. Tenía tres horas muerto.
En cuanto a las líneas de investigación, la fiscal De la Garza señala: “Tenemos varias. Una derivada de su cargo como fiscal; otra, que nos hace pensar en la delincuencia organizada por la forma en que se realizó su rapto y su muerte”.
–Hay una foto en la que aparece su cadáver con el mensaje en que lo responsabilizan de los muertos en las fosas encontradas en la capital. ¿Es una línea de investigación dentro de la hipótesis de la delincuencia organizada?
–Todos los indicios que se levantan en el lugar de los hechos son parte de la línea de investigación. El MP actúa con base en indicios, pruebas y testimoniales. Y sí, en este caso es parte de los indicios localizados en el lugar.
–¿A Ortiz se le involucraba con el grupo de Los Ms?
–Es parte de la línea de investigación. En las redes sociales y en los periódicos se comenta eso. Nosotros, como autoridades, tenemos la obligación de agotar todas las líneas. Este es uno de los casos.
–En el mensaje que apareció junto al cuerpo de Ortiz lo responsabilizan de las fosas clandestinas…
–En la capital se descubrieron ocho fosas clandestinas, de las que fueron exhumados 301 cadáveres. Tenemos una situación compleja: cuando se identifica un cadáver la familia no aporta datos al respecto. Dicen desconocer o no haber visto. Así es más complicado tener al 100% la investigación y dar con los responsables…
Hubo otras fosas en los municipios de Santiago Papasquiaro, San Juan del Río, Gómez Palacio y Cuencamé; respecto a las últimas dos, asegura la entrevistada, ya se detuvo a los responsables.
Hasta ahora, dice, ya fueron identificados 72 cadáveres. “El proceso del ADN es complejo y tardado, porque los cuerpos fueron sepultados entre 2008 y 2010”.
–¿No es extraño que Ortiz no recibiera ningún disparo y que muriera asfixiado? –se le pregunta a la fiscal.
–No… (al igual que en) la mayoría de los restos localizados en las fosas, su muerte fue por golpes y asfixia por ahorcamiento.
–Había el señalamiento de que Ortiz tenía un grupo de la fiscalía dentro de las redes de secuestro. ¿Hay limpia en la fiscalía?
–Hace días consignamos a un MP que se apartó de la legalidad. También iniciamos 200 procedimientos administrativos; unos, producto de quejas de ciudadanos; otros, por revisiones en las agencias del Ministerio Público o anomalías en las averiguaciones previas. Además se han iniciado 12 averiguaciones porque ha habido quejas de que personas detenidas fueron golpeadas. Estamos en un proceso de control de confianza, por lo pronto 40 policías ya presentaron su renuncia.
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