lunes, 30 de abril de 2012

Relata Banbajío el origen del 'Moreirazo'

AGENCIA REFORMA/ MÉXICO, DF.

Retiros. De acuerdo con el Banco, el SATEC realizó retiros de dinero el 18 y 25 de febrero de 2011.


El 16 de diciembre de 2010, el Banco del Bajío concedió un crédito de mil millones de pesos al gobierno de Coahuila, y éste a su vez hizo el trámite del registro de la deuda ante la Secretaría de Hacienda, el 14 de febrero de 2011, en las oficinas de Palacio Nacional en el DF.

Relata Banbajío el origen del 'Moreirazo'

José de Jesús Varela González, ejecutivo de cuenta del Banco del Bajío en Saltillo, dijo a la PGR que Juan Manuel Froto García, ex director general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa de Coahuila, le pidió acompañarlo a Palacio Nacional para registrar la deuda ante Hacienda.

También iba, dice, Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Públicas del SATEC. Según Varela, Froto fue el único que entró a entrevistarse con funcionarios de la SHCP. Los funcionarios entregaron a Hacienda el decreto 318 del Congreso estatal, que autorizaba contratar el financiamiento, publicado en el Periódico Oficial de Coahuila del 12 de julio de 2010, para destinarlo a programas de inversión y obra pública.

Sin embargo, la documentación era falsa.

El decreto 318 no se refería a la autorización de un crédito, por parte del Congreso estatal, sino al nombramiento de José Luis González Jaime como Contralor Interno del Instituto Electoral de Coahuila. Y en la fecha mencionada del decreto ni siquiera se publicó el Periódico Oficial de la entidad. Allí no acabó la irregularidad, pues según la PGR, funcionarios de Hacienda otorgaron a sus homólogos del SATEC un número apócrifo de inscripción de deuda, que a su vez los coahuilenses presentaron al Banco del Bajío para retirar los fondos.

El número de registro de deuda en realidad correspondía a un crédito tramitado por el Gobierno de Zacatecas.

El 18 y el 25 de febrero de 2011, el SATEC se hizo del dinero en dos retiros, uno de 600 y otro de 400 millones de pesos.

Rafael Octavio Romo Aguinaga, director Jurídico de Negocios del banco, declaró en la Procuraduría que a principios de abril de 2011, su institución financiera comenzó a advertir que algo no andaba bien con el crédito, porque ellos no podían cobrarlo de las participaciones federales.

El 4 de abril le habló por teléfono a Raúl González Treviño, director general Adjunto de Financiamiento y Vinculación con Entidades Federativas de la SHCP, para preguntarle sobre el retraso del pago.

Es en ese momento cuando Hacienda puso la lupa en los registros y descubrió el fraude.