AGENCIA REFORMA/ MÉXICO, DF.
Retiros. De acuerdo con el Banco, el SATEC realizó retiros de dinero el 18 y 25 de febrero de 2011.
El 16 de diciembre de 2010, el Banco del Bajío concedió un crédito de mil millones de pesos al gobierno de Coahuila, y éste a su vez hizo el trámite del registro de la deuda ante la Secretaría de Hacienda, el 14 de febrero de 2011, en las oficinas de Palacio Nacional en el DF.
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José de Jesús Varela González, ejecutivo de cuenta del Banco del Bajío en Saltillo, dijo a la PGR que Juan Manuel Froto García, ex director general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa de Coahuila, le pidió acompañarlo a Palacio Nacional para registrar la deuda ante Hacienda.
También iba, dice, Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Públicas del SATEC. Según Varela, Froto fue el único que entró a entrevistarse con funcionarios de la SHCP. Los funcionarios entregaron a Hacienda el decreto 318 del Congreso estatal, que autorizaba contratar el financiamiento, publicado en el Periódico Oficial de Coahuila del 12 de julio de 2010, para destinarlo a programas de inversión y obra pública.
Sin embargo, la documentación era falsa.
El decreto 318 no se refería a la autorización de un crédito, por parte del Congreso estatal, sino al nombramiento de José Luis González Jaime como Contralor Interno del Instituto Electoral de Coahuila. Y en la fecha mencionada del decreto ni siquiera se publicó el Periódico Oficial de la entidad. Allí no acabó la irregularidad, pues según la PGR, funcionarios de Hacienda otorgaron a sus homólogos del SATEC un número apócrifo de inscripción de deuda, que a su vez los coahuilenses presentaron al Banco del Bajío para retirar los fondos.
El número de registro de deuda en realidad correspondía a un crédito tramitado por el Gobierno de Zacatecas.
El 18 y el 25 de febrero de 2011, el SATEC se hizo del dinero en dos retiros, uno de 600 y otro de 400 millones de pesos.
Rafael Octavio Romo Aguinaga, director Jurídico de Negocios del banco, declaró en la Procuraduría que a principios de abril de 2011, su institución financiera comenzó a advertir que algo no andaba bien con el crédito, porque ellos no podían cobrarlo de las participaciones federales.
El 4 de abril le habló por teléfono a Raúl González Treviño, director general Adjunto de Financiamiento y Vinculación con Entidades Federativas de la SHCP, para preguntarle sobre el retraso del pago.
Es en ese momento cuando Hacienda puso la lupa en los registros y descubrió el fraude.
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