Más de cien grupos civiles denuncian ante la ONU seria violación de garantías en México

■ El país será sometido a examen por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

■ “La impunidad parece inamovible”, señalan; dicen que persisten tortura y ejecuciones extrajudiciales
Víctor Ballinas

En el contexto del examen periódico universal al que será sometido el país en febrero próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de un centenar de organizaciones no gubernamentales entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian que “México no cumple con sus compromisos internacionales, tiene cientos de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos no acatadas”, además de que persisten la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, se criminaliza la protesta social, se limita la libertad de expresión y “la impunidad parece inamovible hasta ahora”.

En conferencia de prensa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Internacional para la Defensa del Medio Ambiente indicaron que entregaron en la ONU un informe general sobre la situación de los derechos humanos y seis informes temáticos.

Paulina Vega, presidenta de la CMDPDH, afirma que aunque se han registrado algunos avances en la materia, “la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo preocupante”.

“Campeón” en firma de tratados

El gobierno ha avanzado mucho creándose una imagen favorable en el ámbito internacional, es “campeón firmando tratados internacionales de derechos humanos y convenciones, ha aceptado la competencia de distintos organismos y tribunales internacionales. Sin embargo, persisten obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección”.

Destacó que más de un centenar de organizaciones civiles nacionales han coincidido en señalar que falta avanzar en temas como migración, armonización legislativa, eliminar reservas a tratados, violencia contra las mujeres, limitación a la libertad de prensa, desaparición forzada de personas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de los niños, acceso a la justicia y tortura, entre otros.

Madelainne Penman, del Centro Pro, destacó que es la primera vez que el país será analizado por este mecanismo en Ginebra, y los más de cien grupos civiles que han estado trabajando en el análisis de la situación nacional coinciden en destacar que hay cuatro ejes en los que se debe avanzar: armonización legislativa; impunidad persistente; diálogo entre gobierno y las organizaciones independientes, y falta de acceso a la justicia.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que en 2007 se registraron “60 casos de criminalización de la protesta social, de los cuales 32 son denuncias a violaciones de derechos, en el marco de proyectos económicos, y 28 son casos específicos de criminalización de la protesta”.

Abundó que, por lo que se refiere a las detenciones arbitrarias y otras violaciones de debido proceso, la red documentó que entre junio de 2007 y mayo de este año se registraron 201 acciones penales contra líderes sociales, integradas de la siguiente forma: “44 averiguaciones previas en integración, 73 procesos penales iniciados, 75 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse y nueve expedientes cerrados por resoluciones favorables”.

Cortez destacó que en el documento que elaboró la Red Todos los Derechos para Todos se resalta que otra preocupación de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos es la militarización de la vida social:

“Se militariza la vida civil para que sea el Ejército Mexicano quien enfrente la protesta y el descontento social”. En ese contexto, apuntó que “en el Operativo Conjunto Chihuahua que realiza el Ejército Mexicano en esa entidad, la Procuraduría General de la República ha informado que tiene 40 órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de organizaciones civiles, por haber participado en diferentes actos de protesta.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, ha confirmado que el Ejército Mexicano ha cometido arbitrariedades contra la población civil, no sólo en el área rural del estado, donde es más difícil denunciar y hacer públicos estos abusos, sino en ciudades importantes. Dicha comisión tiene radicadas 13 quejas por violaciones a los derechos humanos, por tortura”, hasta junio de este año.

En el operativo conjunto en el que participan los tres niveles de gobierno, se han cometido al menos 23 casos de abusos militares. “Hasta el mes de agosto pasado iban 130 ejecuciones y mil 26 homicidios”.

En Tamaulipas, entre enero y octubre de 2007 “los militares realizaron 89 cateos en el estado; 73 de ellos fueron inconstitucionales. Se reportaron 33 personas detenidas; no se hace mención de que hayan sido detenidas en flagrancia. Hay registro de tres personas asesinadas, cuatro heridos y seis torturados”.

Cortez y Vega destacaron que es importante que el Estado mexicano acate cabalmente las recomendaciones que han emitido los distintos mecanismos de derechos humanos y “lleve a cabo todas las acciones necesarias para garantizar el respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas en firmas y ratificaciones de los numerosos tratados de los que el país forma parte”.

Esto debe ir acompañado, aseveraron, de evaluaciones cualitativas sobre los resultados de las acciones desarrolladas, con el propósito de asegurar una efectiva mejora en el goce de los derechos humanos y poner fin a la impunidad para poder disfrutar de un verdadero estado de derecho.

Informaron que han entregado a diversas embajadas copias de los informes sobre la situación de los derechos humanos, para que exijan al gobierno mexicano que “cumpla con sus compromisos internacionales”