miércoles, 19 de noviembre de 2008

Los dos reporteros amenazados por el crimen organizado y que abandonan el país son el Corresponsal del periódico Reforma y el propietario del sitio de internet La Polaka

LUIS CARLOS CANO C,
Corresponsal El Universal Ciudad Juárez, Chih.
Miércoles 19 de noviembre de 2008 18:21

Por amenazas del crimen organizado en esta frontera, otros dos periodistas locales se fueron a Estados Unidos; uno de ellos es el corresponsal del periódico Reforma y el otro es el propietario del sitio de Internet La Polaka. Además de estos casos, otros siete comunicadores están amenazados.

Lo anterior se dio a conocer durante una reunión entre periodistas locales y miembros de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente Gerardo Priego Tapia y los también legisladores Israel Beltrán Montes y Joaquín de los Santos.

En la reunión, un amigo del corresponsal de Reforma, Horacio Nájera, quien hace años fue vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado en esta ciudad, fue quien dio a conocer la información de que había solicitado asilo político en los Estados Unidos por las amenazas del crimen organizado en su contra.

Otro comunicador que está en la vecina ciudad El Paso, Texas por las amenazas, es Jorge Luis Aguirre, propietario del portal de Internet La Polaka, quien presumiblemente fue amenazado la semana pasada cuando estaba en el funeral del periodista Armando Rodríguez, asesinado en su casa el jueves pasado.

Durante este evento con los tres legisladores federales, los periodistas de Ciudad Juárez y otros de Chihuahua presentaron propuestas para que se incluyan en el paquete de iniciativas de ley en materia de seguridad que se tratarán en la cámara baja antes de que concluya el año.Entre esas propuesta está la creación de un ombudsman para periodistas, la cual se pidió se convierta en una institución que garantice la información a la sociedad.

Esta reunión se dio en el marco del crimen del crimen de Armando Rodríguez Carreón, así como del caso de David Monroy, asesinado el mes pasado en la capital del estado. Una de las propuestas fue presentada por los trabajadores de la redacción de El Diario, que a través de Pedro Torres, director editorial, se planteó la federalización de los delitos contra periodistas y la promulgación de medidas de seguridad para los comunicadores.

Por su parte, el periodista Ignacio Gallardo expuso la necesidad de la institución de un ombudsman que vele por los derechos fundamentales de los periodistas.

Otro periodista denunció que actualmente siete compañeros de Ciudad Juárez han sido amenazados de muerte, por lo que han tenido que salir del país e incluso algunos han solicitado asilo político en Estados Unidos.

Ante los legisladores se solicitó que se brinde protección social, seguro por zona de alto riesgo y que se tenga un mecanismo urgente, sin burocracia, para proteger a comunicadores amenazados como en el caso de Armando Rodríguez, quien fue amenazado en al menos dos ocasiones antes de que lo asesinaran.

El presidente de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores, Adrián Ventura Lares formuló varias propuestas entre las que destacó la creación, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en las comisiones estatales, de visitadurías especializadas que den seguimiento a los derechos humanos de los periodistas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana, Roberto Piñón Olivas, consideró que es necesario crear una Subprocuraduría de Protección a los Periodistas, para esclarecer los crímenes y atentados en contra de los profesionistas de este gremio.

El diputado Priego Tapia informó que la comisión trabaja en cuatro áreas entre las que destacan la definición de leyes, la sensibilidad de las autoridades y la sociedad, además de la denuncia y prevención.

El legislador dijo que van a legislar para que haya equidad en la publicidad que otorgan los gobiernos federal, estatal y municipal, para que no sea utilizado como premio para quienes hablan bien de los funcionarios y castigo para los que los critican.

También, indicó se van a analizar la ley de medios y la situación laboral de periodistas, ya que una parte importante de ellos no tiene garantías sociales y muchas de esas empresas evaden sus cuotas al IMSS o Infonavit, situación que a cualquier otra empresa les acarrea un embargo.