■ La lucha contra estos delincuentes no es sólo cuestión de policías y jueces, afirma el procurador general de Turín y ex fiscal en Palermo
Gustavo Castillo García
La lucha contra las mafias no es sólo cuestión de policías y jueces: es un combate en el la sociedad debe involucrarse y el Estado cubrir las necesidades de sus ciudadanos para que dejen de ser súbditos de los criminales, afirmó Gian Carlo Caselli, procurador general de Turín y ex jefe antimafia en Palermo, quien autorizó la investigación contra el ex mandatario italiano Giulio Andreotti.
En entrevista con La Jornada, Caselli, quien vivió varios años en el séptimo piso de un edificio desocupado, rodeado de alambre de púas y costales de arena y protegido por soldados, señaló que “la globalización ha abierto nuevas vertientes para el crimen organizado, por lo que es necesario alcanzar una coordinación internacional para lograr resultados contra delitos como el tráfico de personas, de drogas, de desechos tóxicos y lavado de dinero, pero respetando la autonomía de cada Estado”.
Dijo que cuando un Estado y su sociedad prefieren el silencio y la ignorancia en torno a lo que hace el crimen organizado, éste prospera, por lo que no se debe ocultar la información de lo que hacen esos grupos.
Gian Carlo Caselli ha destacado en la justicia italiana por haber sido el juzgador de Toto Riina, uno de los principales capos de Sicilia; bajo su administración se iniciaron los procesos judiciales contra Giulio Andreotti y el senador Dell’Utri, cercano a Silvio Berlusconi.
El procurador de Turín participará en México en el encuentro internacional Legalidad, delincuencia organizada y sociedad civil: historia y problemas, que organizan el Instituto Italiano de Cultura e instituciones académicas.
El magistrado señaló que “todas las mafias que operan en el mundo, no sólo italianas, como la Camorra Napolitana, Calabrese o la Cosa Nostra, se caracterizan por su internacionalización y aunque mantienen presencia en determinadas regiones de sus países de origen, poseen nexos en el ámbito financiero internacional, por lo que tienen que ver con lavado de dinero”.
Sin embargo, en Italia, dijo, “la base para combatir a estos grupos se dividió en dos aspectos, denominados la antimafia de los derechos y la antimafia de la cultura, lo que significó demostrar que convivir con esta organización criminal supone renunciar a derechos ciudadanos básicos como salud, trabajo o justicia, porque esos delincuentes controlan el desarrollo de toda la comunidad, y para tener éxito en su combate debe involucrarse al ciudadano, al entender que ello afecta todos los ámbitos sociales, económicos y políticos”.
Agregó: “La mafia enriquece sólo a sus integrantes, pero a los jóvenes les roba su futuro convirtiéndolos en sus súbditos, y lo que hay que hacer es que se vuelvan leales a su Estado, dándoles oportunidades de educación, salud, empleo y desarrollo”.
Por ello, explicó, en Italia la mafia ha visto disminuir sus aliados luego de los procesos penales a grandes capos y de la aprobación de una ley que permite que los inmuebles asegurados se conviertan en escuelas o empresas, “como ocurrió con una casa de Toto Riina Corleone”.
Satisfecho de que su país sea considerado la cuna de la antimafia, por haber iniciado internacionalmente la lucha contra grupos del crimen organizado que tenían de 150 a 200 años de existencia, Caselli resaltó la importancia de que organizaciones sociales participen en el desarrollo de acciones contra los delincuentes, encaminadas a la concientización social.
También reconoció la importancia que tienen para los grupos delictivos sus “relaciones externas”, que son los vínculos que los capos mantienen con “fracciones” de la política, empresarios y de la sociedad civil, que les dan “cinturones de protección que constituyen la espina dorsal del crimen organizado”.
El sucesor de Giovanni Falconi y Paolo Borcellino, dos de los principales jueces antimafia de Italia, asesinados en 1992, aseguró que el tráfico de estupefacientes constituye “sin duda una de las formas más importantes de enriquecimiento criminal”, pero señaló que existen otros ilícitos, como el tráfico de personas, armas y el manejo de sustancia tóxicas, que generan grandes sumas de dinero a los grupos del crimen organizado, las cuales son lavadas a través de la adquisición de viviendas o empresas.
Para el jurista, “no hay duda de que ya existen vínculos entre los cárteles de Sudámerica y las organizaciones delictivas italianas, especialmente con la Andragueta”, la cual incluso se descubrió recientemente que mantenía vínculos el cártel mexicano del Golfo.
La Jornada 04/11/08
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