jueves, 30 de julio de 2009

Nueva trampa en Pasta de Conchos

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

PLAZA PÚBLICA

Los abogados de Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco -los que integran su departamento jurídico y los de despachos contratados ex profeso- están en constante actividad. Ese poderoso grupo empresarial busca en tribunales lo que no alcanza en su actividad normal de negocios. O se defiende en ellos de las consecuencias de sus trapacerías.

Durante años pretendió eludir el cumplimiento de una condición aceptada al adquirir empresas mineras privatizadas por el Gobierno Federal. Debía entregar al sindicato un cinco por ciento de las acciones de las empresas correspondientes. Demoró cuanto pudo cumplir ese compromiso y cuando fue vencido ante la justicia compró los títulos correspondientes por un monto de 55 millones de dólares. Aunque no era de su incumbencia el destino de esos recursos, ingresados a la caja del sindicato de trabajadores mineros, ha litigado y patrocinado a litigantes que pusieron en cuestión el uso de ese dinero, cuya distribución ha sido explicada por el sindicato, no obstante lo cual Grupo México persevera en su intromisión con éxito razonable, pues ha logrado que Napoleón Gómez Urrutia, el líder del sindicato, se refugie en Vancouver. Allí lo cobijan los sindicatos metalúrgicos y mineros de Canadá, pues permanecen abiertos procesos en su contra, alentados por Grupo México.

En su dimensión internacional, ese grupo está en el centro de un conflicto legal de colosales proporciones. Mediante su filial Americas Minning Corporation adquirió hace años la legendaria empresa norteamericana Asarco, a la que condujo a la quiebra por no atender sus responsabilidades ambientales y por inferir un daño al resto de sus accionistas que le pusieron pleito hasta conseguir de un juez en Brownsville un fallo que esperan restituya las acciones de la empresa peruana Southern Copper, de que Grupo México desposeyó a Asarco. Tras haber causado la quiebra de esta empresa, Grupo México pretende recuperar su control. El próximo miércoles los acreedores resolverán si aceptan el plan presentado por el consorcio de Larrea o el de sus contendientes, Sterlite (filial de la empresa india Vedanta Resources) y Harbinger Capital Partners. Es remoto que los acreedores admitan la propuesta de Grupo México no sólo porque son mejores las alternativas sino porque han padecido en carne propia la conducta ilegal del consorcio mexicano.

Grupo México, a través de Industrial Minera México, es aún concesionaria de la mina de carbón Pasta de Conchos, cuya unidad número ocho estalló el 19 de febrero de 2006, probablemente por una mezcla de negligencia y dolo, expresado en omisiones en el cumplimiento de las reglas de seguridad industrial. Murieron entonces 65 personas, de las que sólo pudieron rescatarse dos cuerpos. La empresa se ha negado a abrir la mina, para la recuperación de los restos demandados por sus familias, por temor a que se evidencien las causas del siniestro, que acaso le sean imputables a pesar de que ya se ha liberado de responsabilidades -mediante la actuación de sus abogados en tribunales- a su personal directivo y a funcionarios que notoriamente incumplían sus deberes en vista de su relación con la empresa.

Industrial Minera México ha quedado así atrapada en un dilema: o accede a reiniciar el rescate de las víctimas y se expone a que se sepa con certeza lo ocurrido aquel pavoroso domingo de febrero, o se resigna a dejar de explotar un yacimiento cuyo valor estimado, según deudos de los mineros muertos entonces, asciende a 200 millones de dólares. Para resolver el dilema la empresa parece haber trazado una ruta alterna, a través de un contratista o testaferrro que reinicie labores aledañas a la explotación misma de la mina, como el lavado de carbón, pero de las cuales pueda transitarse a la reapertura de la mina sin el molesto escrutinio de las familias que persisten en reclamar el respeto debido a las víctimas.

Aparece así en escena el Grupo Signum, que opera una empresa de transporte de carga en la región carbonífera coahuilense y constituyó hace apenas unos meses Industrial de carbón, para realizar el lavado de ese mineral. Esta empresa tiene como accionistas al Fondo Quintana, de Houston, y a la familia Montemayor García. Esos son los apellidos de los hijos de Rogelio Montemayor Seguy, que gobernó Coahuila por encargo de su jefe Carlos Salinas de 1993 a 1999 y luego fue designado director de Pemex. A pesar de que finalmente fue exonerado del delito de peculado, quedó claro -por las investigaciones realizadas por el IFE, avaladas por el Tribunal correspondiente- que de Pemex salieron mil quinientos millones de pesos, un tercio de los cuales llegaron a las arcas del PRI por intermediación del sindicato. Inhabilitado para el servicio público, se ha dedicado a la actividad privada, no sólo en el Grupo Signum sino como asesor del Grupo México. En ese carácter trató de contribuir a que se rompiera la huelga en Cananea -que hoy cumple dos años- y a preparar el camino para que, subrepticiamente y en sentido contrario a la sanción dictada por la Secretaría de Economía, ese grupo reinicie la explotación de Pasta de Conchos.

En mayo por primera vez, y anteayer, personal de Signum y guardias de seguridad pretendieron tomar posesión de porciones del predio de la mina siniestrada para instalar la planta de lavado de carbón, alegando derechos que no se prueban. Tres viudas de mineros fueron agredidas y ¡acusadas de la agresión! Una complicación del conflicto está latente.