viernes, 31 de julio de 2009

La fascistización

Luis Javier Garrido
Los grupos de poder que se hallan atrás del gobierno panista de facto saben bien desde 2006 que prosiguiendo la aplicación del modelo económico monetarista sólo se agravará la miseria de las mayorías, y por ello han dedicado buena parte de los recursos nacionales a crear un Estado cada vez más autoritario, que en el desastre gubernamental de 2009 ya está adquiriendo rasgos totalitarios y fascistoides.

1. El principal temor de los gobiernos de la derecha en el mundo ha sido históricamente el pueblo y a ello se debe todo este escenario de terror creado por el gobierno espurio de México, que le tiene miedo, y que en vez de asumir sus responsabilidades y buscar políticas económicas y sociales alternativas, y tratar de atender las necesidades de los mexicanos, se ha dedicado a crear un Estado policiaco con el pretexto del crimen organizado –que él mismo está fomentando– y que se sustenta, cada vez más, en medidas de tipo neofranquista.

2. Lo más grave de este proceso de involución por el que atraviesa México es que las fuerzas sociales del país, los intelectuales y los medios, que lo han estado percibiendo, no han tenido la inteligencia ni la fuerza para oponerse a lo que acontece.

3. El primer paso del proceso de fascistización que vive México fue la militarización anticonstitucional del territorio nacional desde principios del sexenio, a cargo de un Ejército cada vez más subordinado al Pentágono, como evidenció ayer jueves 30 en su indigna visita a Washington el general Guillermo Galván (titular de la Sedena), sin que le importe al gobierno panista que los cuadros de elite de las fuerzas armadas mexicanas se fueran pasando a los cárteles del narcotráfico ni que los militares crearan un escenario de más de 14 mil muertes entre 2008 y 2009 y cometieran un sinfín de violaciones a los derechos humanos, para lo que ahora busca darles un estatuto de inmunidad, fortaleciendo el fuero militar en de-safío abierto a la opinión de los expertos y de la comunidad internacional.

4. El segundo paso de esta pendiente autoritaria a la que el PAN está llevando a México ha sido la de modificar la legislación penal de la República en múltiples leyes y momentos, como la contrarreforma penal de 2008, para hacer nulas en los hechos garantías individuales consagradas en la Constitución de 1917, y tornar “legalmente” posibles las detenciones atrabiliarias o las violaciones a los domicilios.

5. En el contexto de esta lógica autoritaria y opuesta a la transparencia, no puede sorprender, por lo mismo, que con el pretexto de la necesidad de una secrecía absoluta de las averiguaciones previas, en la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República se establezca de manera anticonstitucional una prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer los expedientes.

6. La expedición de una “cédula de identidad ciudadana”, como la que se anunció el martes 28, con “las características biométricas” de las personas y sus antecedentes fundamentales, proyecto similar a muchos que han sido desechados en diversos países porque configuran un atentado a los derechos de las personas, a su derecho a la privacía y a su dignidad, constituiría la culminación de ese proyecto de corte cada vez más totalitario de Acción Nacional, que busca controlar a las personas, a los movimientos sociales y a los partidos, y tiene su equivalente en el ámbito de la política.

7. El contexto político-electoral que el PRI y el PAN fueron maquinando desde 1988 fue para dar apariencia de legitimidad a las elecciones, lo que nunca lograron, y el saldo lo demuestra: la organización de los comicios no está en manos de los ciudadanos, como se pretende, sino de la alianza PRI-PAN que controla el Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por Leonardo Valdés, incondicional de Calderón; el subsistema de partidos no representa a los ciudadanos y no hay más partidos políticos que los que decide el IFE cada seis años; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy en manos de una amiga de la esposa de Calderón, puede intervenir en la vida interna de los partidos e imponerles una directiva, como hizo en 2008 al entregar el PRD a Jesús Ortega, incondicional del régimen. Y, como si fuera poco, el fraude electoral no se puede sancionar con la anulación de las elecciones, al haber acotado la Suprema Corte en 2008 las facultades del TEPJF, de manera que en la práctica la anulación de la elección presidencial no es legalmente posible, aunque el fraude sea descomunal.

8. La impunidad sigue siendo rasgo esencial del sistema político y del sistema electoral, pues el titular del Ejecutivo puede utilizar todos los recursos del Estado para violar las libertades electorales de los ciudadanos, como hizo Fox en 2006, y no se le puede sancionar. Y ahora el IFE nos sale con que las televisoras tienen la posibilidad de incumplir las leyes electorales, como hicieron en 2009 al instrumentar una propaganda descarada en sus espacios noticiosos y de diversión, o como Tv Azteca al dejar de transmitir 5 mil 734 promocionales, y nada pasa: las elecciones no se anulan, y a esta última televisora el IFE sólo la multó el 28 de julio con 22 millones, lo que envió un claro mensaje de impunidad: se pueden desacatar las leyes y el fraude se consuma tras una leve multa.

9. La situación por la que atraviesa el pueblo de México es muy difícil y al haber quedado reducidas las instituciones a instancias de simulación, hay que recordar que la única manera de resistir ante las políticas fascistoides del régimen es la de la organización popular, de la misma manera que la única vía para lograr el triunfo electoral es, como antes de 1988, la de vencer de manera contundente, por muy amplio margen, a la maquinaria electoral del régimen, y defender ese triunfo con toda la fuerza del pueblo. Esas ideas permean el mensaje que Andrés Manuel López Obrador, quien sigue tenazmente encabezando la principal fuerza de oposición, enviara el 29 de julio (La Jornada, 30/7/09) y son ya las de millones de mexicanos.

10. La única forma de conmemorar en 2010 el bicentenario de la Revolución de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana es expulsar del poder a quienes desde el PRI y el PAN han generado el desastre actual del país, y establecer un gobierno que responda a la voluntad popular, y nada más. Los monumentos y festejos de corte porfirista salen sobrando en el contexto actual y serían un insulto para todos los mexicanos que saben que su país es cada vez menos libre e independiente, y que las promesas de justicia social que marcaron esos dos movimientos han sido traicionadas desde el poder político por un puñado de grupos oligárquicos.