sábado, 11 de julio de 2009

Elecciones: alto costo y poco beneficio

LOURDES MORALES CANALES *

MÉXICO, D.F., 5 de julio (apro).- El proceso electoral de este domingo tuvo varias características que resultan novedosas en el contexto actual del país. En primer lugar, se puso a prueba un nuevo marco jurídico, la reforma electoral del 2007, la cual fue producto de ajustes indispensables, aunque finalmente insuficientes que resultaron tras la crisis poselectoral del 2006.
En segundo lugar, fue una elección marcada por el "voto nulo", el abstencionismo y el hastío ciudadano por las propuestas partidistas existentes.
En tercer lugar, fue una elección que se desarrolló en un ambiente de crisis económica, violencia e inseguridad ciudadana.
Todo lo anterior atrajo la atención de 410 visitantes extranjeros y 17 mil observadores nacionales, una cifra bastante alta si consideramos que en la última elección intermedia (2003) sólo se registraron 12 mil 728 observadores.
Frente a este contexto, sobresale también un déja vu, a saber, la existencia de viejas prácticas políticas que 11 años de pluralidad partidista en el Congreso y nueve años de alternancia en la presidencia no han logrado arrancar de la cultura política mexicana, sino que se han enraizado aún más: el clientelismo político-electoral.
A lo largo de esta elección, la organización ciudadana Alianza Cívica realizó un ejercicio de monitoreo en 10 estados del país y en 23 distritos electorales federales.
La hipótesis de partida fue que tras la reforma electoral del 2007, los partidos políticos vieron reducido 70% de su financiamiento para transmisión de propaganda electoral en medios de comunicación electrónica.
A pesar de esto, recibieron para el financiamiento de sus actividades ordinarias, actividades específicas y de campaña electoral la cantidad de 3,633 millones de pesos del erario, con lo cual, lograron un aumento de recursos de entre tres y cuatro veces para realizar actividades de proselitismo.
El estudio de Alianza Cívica demostró que con estos recursos, los partidos políticos incrementaron acciones de compra y coacción del voto reforzando el clientelismo electoral entre la ciudadanía.
Desde marzo de este año, se realizaron 115 entrevistas a profundidad a actores clave y grupos focales en 23 distritos electorales federales y, dos semanas previas a la jornada electoral, brigadas ciudadanas levantaron 2,700 encuestas a ciudadanos para identificar este tipo de prácticas.
Los primeros resultados muestran que 25% de los encuestados manifestó que el voto no es secreto y 5% dijo no saber si era o no secreto, principalmente en las zonas más marginadas. Esto nos parece alarmante puesto que muestra la vulnerabilidad de un porcentaje importante de la población frente a posibles presiones políticas.
De igual forma, 12% dijo que por recibir un programa social se sentía obligado a votar por un partido político y 37% de los entrevistados aseguró creer que los apoyos y programas sociales se otorgan principalmente a simpatizantes de los partidos, dentro de los cuales se identificaron a todas las fuerzas políticas, pero en particular a aquéllas que se encuentran en los tres niveles de gobierno, a saber, el PRI, PAN y PRD.
El día de la jornada electoral, los resultados del estudio se confirmaron con las 1,156 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y con los reportes de observadores de Alianza Cívica en los estados, los cuales registraron actos de acarreo, compra de votos y reparto de despensa.
Este proceso electoral muestra, entonces, el alto costo que tuvo en términos económicos, pero también en términos políticos, ya que con el aumento del clientelismo electoral nos encontramos frente a partidos políticos que no representan y que no rinden cuentas frente a una ciudadanía poco informada y por lo tanto, poco interesada en participar en los asuntos públicos. Sin duda, un muy alto costo, para tan escaso beneficio.
Proceso07/07/2009