Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
domingo, 24 de agosto de 2014
MÉXICO, DF (Apro).- La crisis de inseguridad y violencia que se vive en diversos estados país, señaladamente en Tamaulipas, alcanzó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva. Dentro del Consejo Consultivo de la propia CNDH se busca que el ómbudsman nacional investigue las graves violaciones a los derechos humanos en ese estado, Michoacán y Guerrero, pues las tres entidades son consideradas las de mayores fallas por parte del Estado en cuanto a protección de personas.
En esas entidades, aseguran integrantes del Consejo Consultivo, se da el mayor número de violaciones a la dignidad humana como consecuencia de la pérdida de espacios del Estado a manos de grupos delictivos. Mencionan también al Estado de México, Morelos y Veracruz como otras regiones donde la CNDH debe realizar investigaciones generales sobre la situación de los derechos protegidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.
Por ahora, en opinión de algunos miembros del Consejo Consultivo, la prioridad son Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En esos estados se pretende que la CNDH ejerza las funciones de investigación que realizaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Los ministros de la SCJN en retiro, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y Mariano Azuela son ahora integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, cuya primera facultad es establecer los lineamientos generales de actuación del organismo.
El lunes 18, durante una reunión del Consejo Consultivo que preside Plascencia, ambos ministros pidieron que el caso de Tamaulipas sea investigado ya por la CNDH. Plascencia pospuso la discusión para el 8 de septiembre.
Como integrantes en su momento del pleno del máximo tribunal del país, Azuela y Ortiz tomaron parte en casi todas las discusiones en las cuales la SCJN investigó casos de graves violaciones a los derechos humanos.
CASOS INVESTIGADOS
Así ocurrió con la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, de 1996; los enfrentamientos policiacos con movimientos sociales en Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en 2006, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad; la detención ese mismo año de la periodista y activista Lydia Cacho por órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el incendio de la guardería ABC, en 2009.
Con la facultad que le daba el artículo 97 de la Constitución, la SCJN realizó esas investigaciones por considerar que en tales hechos se habían cometido graves violaciones a la dignidad humana.
Pero esa facultad le fue transferida en 2010 a la CNDH por una reforma constitucional, y es a la que ahora apelan algunos miembros del Consejo Consultivo para que Plascencia investigue la presunta responsabilidad del Estado, por acto u omisión, en las violaciones a los derechos humanos en esas entidades, materializadas en ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, secuestros, desplazamientos de poblaciones o extorsiones.
Aunque esas violaciones son atribuidas en su mayoría a los grupos delictivos, el Estado no puede sustraerse de la responsabilidad en la pérdida del goce de los derechos de la población en dichas entidades, dice a Proceso Ortiz Mayagoitia.
Explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencia respecto a la responsabilidad de los Estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo es México, en los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por particulares, ya sea por omisión, aquiescencia o colaboración.
La ONU también ha establecido los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario al Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o desplazamientos de comunidades.
Uno de esos principios señala que los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas, enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones y si se les declara culpables, la obligación de castigarlos.
EL CASO TAMAULIPAS
El documento "10 razones por las que la inseguridad pública en Tamaulipas representa una violación grave a los derechos humanos", que está en manos del Consejo Consultivo de la CNDH y fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, refleja las violaciones a los derechos humanos de la población estatal al estar prácticamente sometida por los grupos criminales ante la omisión de las autoridades.
El documento lo elaboró la misma organización que a principios del pasado julio le entregó en Matamoros, Tamaulipas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a todo el gabinete de seguridad, un extenso y pormenorizado informe sobre las distintas formas en que los grupos delictivos han sometido a la sociedad tamaulipeca ante la inacción o complicidad de las autoridades estatales.
El informe, elaborado por el sector empresarial y obtenido por Proceso en el gabinete de seguridad, causó la molestia de Osorio Chong, quien en la siguiente reunión de evaluación de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas, el 31 de julio en Nuevo Laredo, decidió no convocar al sector empresarial.
Plascencia también conoce ese informe. Empresarios del estado se lo entregaron en sus oficinas el pasado 29 de mayo. El presidente del organismo dijo que lo entregaría a la Quinta Visitaduría. Pero en la reunión del lunes 18, el ómbudsman omitió informar al Consejo Ciudadano qué había hecho con esa información.
Al día siguiente Plascencia festejó con el presidente Enrique Peña Nieto el 15 aniversario de la declaración de autonomía de la CNDH, y el periódico Reforma publicó su cercanía con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien se encuentra en medio del escándalo por la muerte de un menor tras la aprobación de la "ley bala" que promovió ante el Congreso local.
El silencio de Plascencia ante las violaciones a los derechos humanos en Tamaulipas coincide con los éxitos que Osorio Chong ha atribuido a la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.
OLA DE VIOLENCIA
En la solicitud para que la CNDH realice una investigación en Tamaulipas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social asegura que la ola de violencia que afecta al país ha tenido sus peores manifestaciones contra la población civil de la entidad, como en el caso de las matanzas de San Fernando, de 72 personas en 2010 —en su mayoría migrantes centroamericanos— y de 193 más encontradas en fosas clandestinas en 2011.
De acuerdo con el documento referido, las matanzas han seguido, aunque no han llamado la atención nacional e internacional como lo ocurrido en San Fernando, cuya investigación por parte de ese organismo terminó en un litigio con algunos familiares de las víctimas, que consideraron insuficiente y parcial la recomendación elaborada por la CNDH.
Otro argumento del Consejo Ciudadano es que más de mil personas inocentes han sido asesinadas por los grupos delictivos desde 2010 y más de 600 se encuentran desaparecidas, además de todas aquellas que de forma "masiva y sistemática" son sometidas al expolio.
Estima que las ganancias de los grupos de extorsión alcanzan, "por lo menos", 3 mil 500 millones de pesos al año como resultado de robos, secuestros, extorsiones y monopolio de actividades ilícitas, como el pago del "derecho de piso" que deben entregar "miles de unidades económicas, y si no son todas es porque los grupos criminales aún no tienen la capacidad operativa anhelada".
Un caso es el de la industria maquiladora, a la que los grupos delictivos han empezado a controlar a través de "la captura de sindicatos, la extorsión de proveedores y la imposición de servicios". Es más, dice, los líderes sindicales de las maquiladoras han empezado a ser impuestos por los grupos delictivos. Advierte que un ataque contra esa actividad económica, que provee la mayoría de los empleos formales en el estado, "provocaría su salida súbita y masiva del país".
COMPLICIDAD
Como una de las graves violaciones a la dignidad humana menciona los secuestros. Dice que el año pasado las autoridades registraron el plagio de 793 personas, pero el documento en manos del Consejo Consultivo de la CNDH indica que una cifra más real llega a casi mil 600 personas. Además están los casos de mil 824 migrantes. "Por todos los secuestros, los grupos delictivos obtuvieron al menos 218 millones de pesos el año pasado".
Para dimensionar la crisis en seguridad en el estado, señala que de las 3 mil víctimas de secuestro en todo el país que el Ejército rescató entre 2009 y el 31 de marzo pasado, más de la mitad fueron en Tamaulipas. La alta incidencia se mantuvo en el primer semestre del año, cuando ya habían sido rescatadas 648 personas en la entidad. Más grave es que en sólo dos años (de 2012 a 2014), 48 víctimas de secuestro han sido asesinadas o desaparecidas.
En lo que alude como una complicidad del Estado mexicano, refiere que los grupos criminales "han establecido un estado de sitio por el control que tienen de carreteras, caminos y calles", además de que ponen retenes, catean, golpean y levantan a quien deseen. Comunidades completas han sido obligadas a desplazarse en varios municipios, asegura.
"Esta situación sólo pudo ser posible por la colusión de los gobernantes estatales y municipales con los grupos criminales, que controlan las policías, el Ministerio Público, las prisiones y otras áreas estratégicas de la administración".
Como otra forma de violación grave a los derechos humanos en Tamaulipas menciona la situación de la prensa estatal y local. Sostiene que la mayoría de las agresiones letales contra periodistas del país en los últimos 15 años han ocurrido en ese estado. Añade: "Hoy los medios locales presentan un panorama falso de la inseguridad en el estado. Las redes sociales han sido la alternativa ante la mordaza, pero también han sufrido el terror".
Frente a la situación en Michoacán, que llevó al gobierno de Peña Nieto a designar a Alfredo Castillo comisionado federal, que prácticamente está por encima del gobierno estatal, el documento en manos del Consejo Consultivo de la CNDH asegura que la situación en Tamaulipas es peor que la de aquel estado, por lo que considera "probable que sectores sociales desesperados recurran a la autodefensa armada", pero con una dureza mayor por parte del Estado mexicano ante esa protesta que hacia los grupos criminales.
UN CONSEJO ACTIVO
El Consejo Consultivo de la CNDH está integrado por 10 miembros honorarios designados por la Cámara de Senadores. Sus actuales integrantes son, además de Ortiz Mayagoitia y Azuela, el empresario Alfredo Achar Tussie, la académica y activista Mariclaire Acosta y el académico experto en migraciones Jorge Bustamante.
También forman parte del Consejo la presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez; la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, Ninfa Delia Domínguez Leal; y el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada Michel. Asimismo lo integran el empresario Marcos Fastlicht Sackler y la embajadora Carmen Moreno Toscano.
La situación en Tamaulipas se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente de la CNDH, cuya designación por el Senado a un segundo periodo, en noviembre próximo, está en duda.
En enero y marzo de este año la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Casa del Migrante de Saltillo interpusieron en representación de algunos familiares de las primeras 72 víctimas de San Fernando sendos amparos en contra de la recomendación 80/2013 elaborada por la CNDH a cuatro años de la masacre.
Los familiares se quejan de que el organismo no procuró "la solución más beneficiosa para la persona" (principio pro personae), al desestimar durante la investigación y en la recomendación a las familias de las víctimas. Aseguran que la CNDH no los buscó ni siquiera para verificar la supuesta identidad de sus muertos.
Plascencia ha desestimado los recursos por considerar que son sólo unos cuantos los familiares que se oponen a su recomendación. Aun así impugnó el amparo con el argumento de que la Ley de la CNDH, en su artículo 47, establece que "en contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional no procederá ningún recurso".
Sin embargo, en junio pasado el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la admisión del amparo contra la recomendación, con lo cual rechazó de inicio la impugnación de la CNDH.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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