En marzo de 2011 fue asaltado
un pueblo del noreste de México en completa impunidad. Más de 300 personas
fueron desaparecidas durante varios días sin que ninguna autoridad hiciera algo
para evitarlo.
Diego Enrique Osorno
21 DE AGOSTO 2014
REPORTAJE
El gobierno del estado de Coahuila y la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delicuencia Organizada (SIEDO) de la PGR recibieron denuncias
formales del asalto, secuestro y asesinato masivo de personas en Allende,
Coahuila durante marzo de 2011, así como partes informativos detallados sobre
la destrucción del pueblo y no actuaron, además de que mantuvieron en secreto
la que ahora es considerada una de las mayores masacres ocurridas durante la
guerra del narco en México.
Entre el viernes 18 y domingo 20 de marzo de 2011, convoys de camionetas
con hombres armados pertenencientes a Los Zetas fueron arribando al poblado
ubicado en la región de Los Cinco Manantiales para secuestrar a familiares,
amigos y trabajadores de tres miembros de la banda que se volvieron informantes
de la DEA y se quedaron con 8 millones de dólares del negocio del paso de
cocaína a Estados Unidos. El operativo de venganza de la mafia duró varios días
en completa impunidad y acabó con el asesinato y la incineración clandestina de
las personas secuestradas en unos ranchos de las afueras del centro de Allende.
Lo anterior se desprende de una investigación hecha
a principios de 2014 por la Subprocuraduría Especial para Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la Procuraduría del Estado de Coahuila. (Leer El manantial
masacrado: http://www.vice.com/es_mx/read/el-manantial-masacrado#sthash.jvaVb0ej.dpuf).
Sin embargo, documentos obtenidos por Máspormás revelan que las
autoridades estatales y federales estaban enteradas de los sucesos y no
actuaron ni informaron de lo que estaba sucediendo. Fue más de un año después
de la masacre, en noviembre de 2012, cuando el actual gobernador, Rubén
Moreira, habló por primera vez de estos hechos.
De acuerdo con la Averiguación Previa Penal CEIYCS/012/2011 y el oficio
175/2011 de la Procuraduría de Justicia, desde junio de 2011, la administración
del ex gobernador Jorge Torres López y la SIEDO (ahora SEIDO) entonces a cargo
de Patricia Bugarín González, recibieron testimonios directos y partes
informativos sobre los acontecimientos ocurridos en esta región del norte de
Coahuila.
QUIÉNES, CÓMO Y CUÁNDO
De acuerdo con el documento oficial, fueron vistos encabezando el ataque
un ex agente federal llamado Jorge y apodado “El Machín”, así como también otro
sicario apodado El Comandante 7 y el propio Omar Treviño, actual líder de Los
Zetas.
Uno de los testigos relató al Agente del Ministerio Público César
Alejandro Villarreal Serrano que “se encontraban varios individuos, algunos de
ellos encapuchados y con chalecos antibalas portando armas largas, sustrayendo
del domicilio a dos personas de las cuales no distinguió su identidad,
enterándose posteriormente que las personas armadas entraron de manera violenta
al mismo domicilio derribando el portón de acceso para lo cual utilizaron una
camioneta con tumba burros, apoderándose además de diversos objetos que se
encontraban en el mismo lugar, también percibió que de otros domicilios de
familiares entre ellos de los pertenecientes a familia de apellidos GARZA y
también de apellidos PÉREZ se violentaron las viviendas extrayendo de su
interior a quienes se encontraban en el mismo y al igual se apoderaron quienes
irrumpieron, de diferentes objetos”.
Ahora se sabe que estas casas atacadas pertenecían a familiares, amigos o trabajadores de Héctor Moreno Villanueva,
José Luis Garza Gaytán y Mario Alfonso Cuéllar, los tres miembros de la
organización que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) acogió como sus
informantes, sin prever ningún protocolo de seguridad para sus cercanos ni para
la comunidad mexicana en la que operaban. En julio de este año, el gobierno de
Coahuila anunció que pediría al gobierno de Estados Unidos la extradición de
estos tres ex miembros de los Zetas protegidos por la DEA.
“Los problemas -explica una de las víctimas- que tuvieron sus familiares
fue debido a que Luis Garza Pérez alias El Wichin, y un amigo de este de nombre
Alfonso Villanueva alias El Poncho o El Negro, pertenecientes al Cártel de los
Zetas y que tenían como función transportar cocaína hacia Estados Unidos y
recibir el dinero de regreso, en su oportunidad recibieron 8 millones de
dólares los cuales no entregaron”.
En el mismo documento se menciona la desaparición colectiva de personas:
“Corroborándose también lo referente a la sustracción de personas que se
encontraban en los diversos domicilios, aunque no se hace mención de los
nombres en virtud, según explican los signantes del multicitado a la reserva de
los de los habitantes de Allende, Coahuila, en lo referente a proporcionar
datos de lo ocurrido en fecha 20 de marzo de este año, así mismo se hace
mención en este documento al apoderamiento de vehículos, maquinaria agrícola y
de construcción”.
RETOS NO ENFRENTADOS
Aunque de acuerdo con testimonios internos, ya había existido
comunicación telefónica varias semanas antes entre las autoridades estatales y
federales sobre los acontecimientos de Allende, para formalizar la solicitud de
ayuda, la Fiscalía General del Estado de Coahuila elaboró el 1 de junio de 2011
el oficio 175/2011, dirigido a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la
Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada: “Por este conducto
y de conformidad a lo acordado por el suscrito en esta misma fecha, le remito
copia certificada de diligencias relativas dentro de la Averiguación Previa
Penal CEIYCS/012/2011”. César Alejandro Villarreal, Agente investigador del
Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y
Combate al Secuestro”.
Pero la SIEDO nunca actuó, de acuerdo con familiares de víctimas y
autoridades locales. Patricia Bugarín, la funcionaria que recibió la
información del caso en junio de 2011, dejó su cargo en noviembre del mismo año
por desacuerdos con la procuradora Marisela Morales. El entonces presidente
Felipe Calderón la nombró titular de Províctima, una organización supuestamente
creada para ayudar a las víctimas de la guerra del narco. Sin embargo, desde
ahí, Bugarín tampoco hizo nada para atender o esclarecer la masacre de
Allende.
La ex Procuradora Marisela Morales está fuera del ámbito de seguridad
actualmente. Fue nombrada Consul en Milán, Italia, en atención a una solicitud
hecha por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) al gobierno encabezado
por Enrique Peña Nieto. En su libro de reciente publicación, “Los retos que
enfrentamos” (Grijalbo, 2014), el ex presidente Felipe Calderón, quien fue el
principal impulsor de la estrategia de seguridad de su sexenio, tampoco
menciona sobre los sucesos ocurridos en el norte de Coahuila.
GOBERNADOR INTERINO
La masacre de Allende ocurrió durante la administración de Jorge Torres
López, quien el 4 de enero de 2011 sustituyó como gobernador interino a
Humberto Moreira cuando éste se fue de Presidente Nacional del PRI. Meses
después, el empresario perteneciente a una cúpula económica local conocida como
Grupo Saltillo, le entregó el poder a Rubén Moreira, quien ese mismo año ganó
las elecciones y tomó protesta como nuevo gobernador.
Torres López tampocó actuó ante los acontecimientos ocurridos en la
región de Los Cinco Manantiales. Durante su campaña por la gubernatura, el
actual mandatario, Rubén Moreira, tampoco hizo mención alguna de lo que había
sucedido en Allende. Una vez que obtuvo la gubernatura habló abiertamente más
de un año después de los hechos, aunque luego ordenó las investigaciones que se
hacen en este momento.
Tanto Torres López como el actual gobernador se mantuvieron cercanos.
Incluso se les veía jugar golf juntos cada semana en el Club Campestre de
Saltillo. Sin embargo, eso ha cambiado: en junio de este año la DEA emitió una
ficha de búsqueda contra Torres López, a quien investiga por lavado de dinero.
Tanto el ex gobernador (quien de acuerdo con cercanos reside con bajo perfil en
Monterrey) como la exsuprocuradora Bugarín fueron buscados para dar un
comentario sobre los informes y denuncias que recibieron acerca de la masacre
de Allende, pero ninguno respondió.
DEMOLICIONES
Para el analista Sergio Aguayo, lo que sucedió en Allende, Coahuila es
“la peor masacre de la guerra” y “nos faltan detalles pero la población sigue
hermética porque sabe que todavía está a merced de los asesinos. Su indefensión
es absoluta porque hasta las burocracias que pagamos para atenderlos se hacen
las desentendidas”, dice en un artículo titulado Los Sepultureros.
A su vez, algunas organizaciones de atención a víctimas del noreste de
México, han recibido peticiones de información de diversos organismos
internacionales sobre lo que sucedió en Allende, Coahuila.
Esto sucede mientras el nuevo alcalde de Allende, Reynaldo Tapia, empezó
la demolición de algunas de las propiedades asaltadas y atacadas en marzo de
2011, las cuales permanecieron en su estado de semidestrucción durante tres
años en que ninguna autoridad actuó.
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