martes, 26 de agosto de 2014

Gobierno de Coahuila y PGR encubrieron masacre de Allende


En marzo de 2011 fue asaltado un pueblo del noreste de México en completa impunidad. Más de 300 personas fueron desaparecidas durante varios días sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo.
Diego Enrique Osorno
21 DE AGOSTO 2014

REPORTAJE

El gobierno del estado de Coahuila y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delicuencia Organizada (SIEDO) de la PGR recibieron denuncias formales del asalto, secuestro y asesinato masivo de personas en Allende, Coahuila durante marzo de 2011, así como partes informativos detallados sobre la destrucción del pueblo y no actuaron, además de que mantuvieron en secreto la que ahora es considerada una de las mayores masacres ocurridas durante la guerra del narco en México.
Entre el viernes 18 y domingo 20 de marzo de 2011, convoys de camionetas con hombres armados pertenencientes a Los Zetas fueron arribando al poblado ubicado en la región de Los Cinco Manantiales para secuestrar a familiares, amigos y trabajadores de tres miembros de la banda que se volvieron informantes de la DEA y se quedaron con 8 millones de dólares del negocio del paso de cocaína a Estados Unidos. El operativo de venganza de la mafia duró varios días en completa impunidad y acabó con el asesinato y la incineración clandestina de las personas secuestradas en unos ranchos de las afueras del centro de Allende.
Lo anterior se desprende de una investigación hecha a principios de 2014 por la Subprocuraduría Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría del Estado de Coahuila. (Leer El manantial masacrado: http://www.vice.com/es_mx/read/el-manantial-masacrado#sthash.jvaVb0ej.dpuf).
Sin embargo, documentos obtenidos por Máspormás revelan que las autoridades estatales y federales estaban enteradas de los sucesos y no actuaron ni informaron de lo que estaba sucediendo. Fue más de un año después de la masacre, en noviembre de 2012, cuando el actual gobernador, Rubén Moreira, habló por primera vez de estos hechos. 
De acuerdo con la Averiguación Previa Penal CEIYCS/012/2011 y el oficio 175/2011 de la Procuraduría de Justicia, desde junio de 2011, la administración del ex gobernador Jorge Torres López y la SIEDO (ahora SEIDO) entonces a cargo de Patricia Bugarín González, recibieron testimonios directos y partes informativos sobre los acontecimientos ocurridos en esta región del norte de Coahuila.
QUIÉNES, CÓMO Y CUÁNDO
De acuerdo con el documento oficial, fueron vistos encabezando el ataque un ex agente federal llamado Jorge y apodado “El Machín”, así como también otro sicario apodado El Comandante 7 y el propio Omar Treviño, actual líder de Los Zetas. 
Uno de los testigos relató al Agente del Ministerio Público César Alejandro Villarreal Serrano que “se encontraban varios individuos, algunos de ellos encapuchados y con chalecos antibalas portando armas largas, sustrayendo del domicilio a dos personas de las cuales no distinguió su identidad, enterándose posteriormente que las personas armadas entraron de manera violenta al mismo domicilio derribando el portón de acceso para lo cual utilizaron una camioneta con tumba burros, apoderándose además de diversos objetos que se encontraban en el mismo lugar, también percibió que de otros domicilios de familiares entre ellos de los pertenecientes a familia de apellidos GARZA y también de apellidos PÉREZ se violentaron las viviendas extrayendo de su interior a quienes se encontraban en el mismo y al igual se apoderaron quienes irrumpieron, de diferentes objetos”.
Ahora se sabe que estas casas atacadas pertenecían a familiares, amigos o trabajadores de Héctor Moreno Villanueva, José Luis Garza Gaytán y Mario Alfonso Cuéllar, los tres miembros de la organización que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) acogió como sus informantes, sin prever ningún protocolo de seguridad para sus cercanos ni para la comunidad mexicana en la que operaban. En julio de este año, el gobierno de Coahuila anunció que pediría al gobierno de Estados Unidos la extradición de estos tres ex miembros de los Zetas protegidos por la DEA.  
“Los problemas -explica una de las víctimas- que tuvieron sus familiares fue debido a que Luis Garza Pérez alias El Wichin, y un amigo de este de nombre Alfonso Villanueva alias El Poncho o El Negro, pertenecientes al Cártel de los Zetas y que tenían como función transportar cocaína hacia Estados Unidos y recibir el dinero de regreso, en su oportunidad recibieron 8 millones de dólares los cuales no entregaron”.
En el mismo documento se menciona la desaparición colectiva de personas: “Corroborándose también lo referente a la sustracción de personas que se encontraban en los diversos domicilios, aunque no se hace mención de los nombres en virtud, según explican los signantes del multicitado a la reserva de los de los habitantes de Allende, Coahuila, en lo referente a proporcionar datos de lo ocurrido en fecha 20 de marzo de este año, así mismo se hace mención en este documento al apoderamiento de vehículos, maquinaria agrícola y de construcción”.
RETOS NO ENFRENTADOS
Aunque de acuerdo con testimonios internos, ya había existido comunicación telefónica varias semanas antes entre las autoridades estatales y federales sobre los acontecimientos de Allende, para formalizar la solicitud de ayuda, la Fiscalía General del Estado de Coahuila elaboró el 1 de junio de 2011 el oficio 175/2011, dirigido a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada: “Por este conducto y de conformidad a lo acordado por el suscrito en esta misma fecha, le remito copia certificada de diligencias relativas dentro de la Averiguación Previa Penal CEIYCS/012/2011”. César Alejandro Villarreal, Agente investigador del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro”.
Pero la SIEDO nunca actuó, de acuerdo con familiares de víctimas y autoridades locales. Patricia Bugarín, la funcionaria que recibió la información del caso en junio de 2011, dejó su cargo en noviembre del mismo año por desacuerdos con la procuradora Marisela Morales. El entonces presidente Felipe Calderón la nombró titular de Províctima, una organización supuestamente creada para ayudar a las víctimas de la guerra del narco. Sin embargo, desde ahí, Bugarín tampoco hizo nada para atender o esclarecer la masacre de Allende. 
La ex Procuradora Marisela Morales está fuera del ámbito de seguridad actualmente. Fue nombrada Consul en Milán, Italia, en atención a una solicitud hecha por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) al gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. En su libro de reciente publicación, “Los retos que enfrentamos” (Grijalbo, 2014), el ex presidente Felipe Calderón, quien fue el principal impulsor de la estrategia de seguridad de su sexenio, tampoco menciona sobre los sucesos ocurridos en el norte de Coahuila. 
GOBERNADOR INTERINO
La masacre de Allende ocurrió durante la administración de Jorge Torres López, quien el 4 de enero de 2011 sustituyó como gobernador interino a Humberto Moreira cuando éste se fue de Presidente Nacional del PRI. Meses después, el empresario perteneciente a una cúpula económica local conocida como Grupo Saltillo, le entregó el poder a Rubén Moreira, quien ese mismo año ganó las elecciones y tomó protesta como nuevo gobernador.  
Torres López tampocó actuó ante los acontecimientos ocurridos en la región de Los Cinco Manantiales. Durante su campaña por la gubernatura, el actual mandatario, Rubén Moreira, tampoco hizo mención alguna de lo que había sucedido en Allende. Una vez que obtuvo la gubernatura habló abiertamente más de un año después de los hechos, aunque luego ordenó las investigaciones que se hacen en este momento.  
Tanto Torres López como el actual gobernador se mantuvieron cercanos. Incluso se les veía jugar golf juntos cada semana en el Club Campestre de Saltillo. Sin embargo, eso ha cambiado: en junio de este año la DEA emitió una ficha de búsqueda contra Torres López, a quien investiga por lavado de dinero. Tanto el ex gobernador (quien de acuerdo con cercanos reside con bajo perfil en Monterrey) como la exsuprocuradora Bugarín fueron buscados para dar un comentario sobre los informes y denuncias que recibieron acerca de la masacre de Allende, pero ninguno respondió.
DEMOLICIONES
Para el analista Sergio Aguayo, lo que sucedió en Allende, Coahuila es “la peor masacre de la guerra” y “nos faltan detalles pero la población sigue hermética porque sabe que todavía está a merced de los asesinos. Su indefensión es absoluta porque hasta las burocracias que pagamos para atenderlos se hacen las desentendidas”, dice en un artículo titulado Los Sepultureros.
A su vez, algunas organizaciones de atención a víctimas del noreste de México, han recibido peticiones de información de diversos organismos internacionales sobre lo que sucedió en Allende, Coahuila. 

Esto sucede mientras el nuevo alcalde de Allende, Reynaldo Tapia, empezó la demolición de algunas de las propiedades asaltadas y atacadas en marzo de 2011, las cuales permanecieron en su estado de semidestrucción durante tres años en que ninguna autoridad actuó.