El criminólogo Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advierte: "La privatización de las cárceles mexicanas no resolverá el problema del hacinamiento, la sobrepoblación y la violación de los derechos humanos en nuestras prisiones
domingo, 17 de agosto de 2014
MÉXICO, DF (Apro).-. A final de cuentas seguirá en aumento el número de reclusos debido a la política de mano dura, a las leyes cada vez más punitivas y a la guerra contra el narcotráfico que emprende el Gobierno mexicano".
Las cárceles privadas sólo servirán para que "hagan negocio" los empresarios que empiezan a invertir en el ramo, asegura el especialista a Proceso.
Recalca: "Las cárceles privadas mexicanas están copiando el modelo estadounidense. Son una vil y vulgar copia del sistema gringo, cuyo objetivo no es la reinserción social sino simplemente castigar y hacer negocio".
—¿Es la reinserción la base del sistema penitenciario mexicano?
—Así lo marca nuestra Constitución. Incluso señala que la reinserción social debe sustentarse en cinco principios: ofrecerle al recluso trabajo, educación, capacitación para el trabajo, salud y deporte.
"Sin embargo, hay que reconocerlo, en las cárceles mexicanas no han existido las condiciones para que se cumplan estos objetivos estipulados en la Constitución. ¿Realmente a nuestros reclusos se les da educación? ¿Tienen condiciones para trabajar y llevar una vida sana? ¡Pues claro que no!".
—¿Hoy la cárcel privada ofrece estos beneficios?
—De ninguna manera. Es más bien lo contrario. Y lo vemos en las cárceles que más se están privatizando: las federales o las de máxima seguridad. Ahí se le aplica al reo el aislamiento absoluto. Lo que no se quiere es que haya convivencia entre internos. De manera que ni siquiera pensar en practicar deportes y cuidar la salud.
—Pero en esas prisiones están los reos de alta peligrosidad…
—Es cierto. Pero la Constitución pide reinserción social para todos, estipulando que el sistema penitenciario mexicano debe basarse en ese principio. No hace distingos entre los presos del fuero común y los de la delincuencia organizada.
Desde hace tiempo Barrón Cruz insiste en que —además de ser sólo un negocio para los grupos empresariales— las prisiones privadas son "totalmente ilegales", pues el artículo 18 Constitucional estipula claramente que únicamente el Estado debe hacerse cargo de las cárceles y toda la cuestión penitenciaria.
En 1977, detalla Barrón, la ONU expidió los lineamientos básicos para el tratamiento de reclusos y marcó el camino de la reinserción social, dejando fuera a la iniciativa privada. Desde entonces se adoptaron esas reglas que fueron firmadas y ratificadas por México, que hoy incumple estos compromisos internacionales.
Refiere: "En otros países, la privatización de las cárceles no ha resuelto el problema del hacinamiento y la violación a los derechos humanos de los reclusos. Eso sí, la privatización ha provocado un acelerado incremento de la población penitenciaria. Hay muchos estudios sobre este tema".
EMPRESARIOS
Pese a que en México es muy reciente el proceso de privatización —empezó en el gobierno de Felipe Calderón—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el año pasado la primera recomendación a una cárcel privada: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora, manejado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa de la familia Quintana.
En su recomendación 35/2013 la CDNH aseguró que en dicho penal los reclusos viven en "condiciones infrahumanas y peligrosas", mientras que las "deficiencias" carcelarias son incluso "mayores" respecto a las prisiones manejadas por el Gobierno.
Ha trascendido que la CNDH prepara más recomendaciones a otros penales privados, como los de Miahuatlán, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pues van en aumento las quejas por las graves violaciones a los derechos humanos en esos centros.
Toda esta información, dice, la mantiene en secreto la dependencia encargada del sistema penitenciario del país, que es la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), encabezada por Monte Alejandro Rubido García, quien depende de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Proceso solicitó la misma información a la CNS. Le fue negada pues —explicó su encargado de prensa, René Hernández Cueto— está catalogada como "información reservada de origen".
RODRIGO VERA
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