EL FRAUDE, LA CONSTANTE
La empresa se plantea incrementar sus inversiones en México. Por lo pronto está involucrada en uno de los mayores proyectos de infraestructura del sexenio: el gasoducto Los Ramones
domingo, 10 de agosto de 2014
MÉXICO, DF (Apro).- La embajada de Estados Unidos en México fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de Ensenada, el priísta Enrique Pelayo Torres, a fin de que retirara los sellos de clausura puestos el 11 de febrero de 2011 al complejo gasero de Sempra Energy en ese municipio bajacaliforniano. La trasnacional había incumplido la autorización de uso de suelo y violó el Plan de Desarrollo Urbano de la región.
La presión contra el Alcalde comenzó por parte de Beatriz Paredes, entonces dirigente del PRI. No tuvo éxito. Luego el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez, fue intermediario para que Humberto Moreira, reemplazo de Paredes, convenciera a Pelayo de reunirse con Darcel Hulse y Carlos Ruiz Sacristán, los más altos ejecutivos de Sempra en México.
Socio privilegiado de Pemex aun antes de la reforma energética, Sempra se plantea incrementar sus inversiones en México y por lo pronto está involucrada en uno de los mayores proyectos de infraestructura del sexenio: el gasoducto Los Ramones. No es todo: la presidenta de Sempra Global, Debra Reed, abogó abiertamente por la apertura a la inversión privada en gas shale declarando el 6 de junio de 2013 que la empresa tenía intereses en el sector.
El anfitrión del encuentro de finales de mayo de 2011 en la sede diplomática fue John D. Feeley, actual subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibe el sitio oficial del Departamento de Estado.
ALCALDE BAJO PRESIÓN
Los dos mexicanos interesados en el asunto eran Téllez y Ruiz Sacristán, compañeros de gabinete —el primero en Energía y el segundo en Comunicaciones y Transportes— en la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Téllez ocupó el mismo cargo que Ruiz Sacristán pero en la administración de Felipe Calderón, y desde ahí allanó el camino a la operación de Sempra al modificar el título de concesión portuaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2007.
De acuerdo con uno de los asistentes a la reunión en la embajada y quien pidió el anonimato, la intención era que Pelayo levantara la clausura al complejo de Sempra. Para entonces el Alcalde estaba bajo mucha presión entre otras cosas por la cancelación de su visa estadounidense, el despliegue militar en la frontera, la invasión del ámbito de competencia municipal desde los gobiernos federal y estatal y por el escándalo de un supuesto soborno depositado a la cuenta bancaria de su hijo.
Hulse no es un improvisado. Años antes de llegar a México fue ejecutivo de la Union Oil Company of California (Unocal) en la región Asia-Pacífico. Esa empresa —implicada en conflictos que derivaron en guerras en Chechenia y Afganistán— fue declarada responsable de violaciones a los derechos humanos pues, por ejemplo, operó con milicias reclutadas por el ejército de la dictadura birmana para que 500 mil personas trabajaran en diferentes obras, pero en calidad de esclavas. En 1996, 16 campesinos que lograron huir de Birmania demandaron a Unocal en Estados Unidos y en 2005 aceptaron una cuantiosa compensación para desistirse.
El calibre de los personajes y sus intereses frente al Alcalde de un municipio que no llega a 500 mil habitantes se patentó en el encuentro: Pelayo alzaba la voz, intentaba confrontar a Hulse, quien parecía sorprendido por los exabruptos del Alcalde. Finalmente alcanzaron un acuerdo: "Sempra trabajaría sin dañar a Ensenada".
EL FRAUDE, LA CONSTANTE
La clausura del complejo de Sempra reveló la corrupción de las autoridades mexicanas y la forma en que esa trasnacional soborna funcionarios para imponerse, tuerce la ley hasta el absurdo y presiona a sus críticos y opositores valiéndose de altos funcionarios en México y el extranjero para espiarlos e incluso desaparecerlos.
El 8 de marzo de 2013 el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, resolvió el amparo 347/2012 rechazando las pretensiones de Sempra y sobreseyó el caso.
El 21 de marzo de 2013 Sempra inscribió en la BMV a su subsidiaria mexicana, IEnova, y aunque en el prospecto definitivo para registrarse enlistó el litigio relacionado con la clausura, afirmó en su protocolo que no había sentencia y que el proceso estaba suspendido. La BMV, dirigida por Luis Téllez, no objetó y IEnova quedó enlistada.
Pero la historia es más antigua. El 31 de enero de 2006 Hulse compró a Elodia Gómez Castañón, a través de la escritura pública 16,989, protocolizada por el notario Diego Monsiváis Franco, un predio de 192 hectáreas. El inconveniente fue que, de acuerdo al acta de defunción 6074129 y a la baja de la nómina de jubilados del IMSS, la mujer había fallecido el 10 de octubre de 2004, un año cuatro meses antes de la firma del contrato.
Además, una resolución emitida el 27 de julio de 2001 negaba la posesión del predio a Gómez Castañón y se la reconocía a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien sería desalojado en 2006 por la policía estatal, con lo que Sempra usufructuó el predio.
Tiempo después un ex contralor de Sempra, Rodolfo Michelón, presentó pruebas ante la Corte Superior del Condado de San Diego de que una persona de nombre Alex Ríos fue enviada a pagar 15 mil dólares en efectivo a la Policía Judicial del estado para que desalojara a Sánchez Ritchie.
El interlocutor en la grabación, presentada en 2011, pedía a Michelón que argumentaran pago de vigilancia privada, pero éste repuso: "Normalmente les giraríamos un cheque o iríamos por procesos normales, nosotros no andamos corriendo por ahí con velices llenos de efectivo".
Fue Sánchez Ritchie quien al defenderse de Sempra interpuso un recurso en el ayuntamiento por la ausencia de autorización de uso de suelo y la violación al Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que derivó en la clausura de la planta de Sempra.
Para operar hasta antes de la clausura consiguieron del entonces alcalde de Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, un oficio que, al no pasar por el cabildo, no podía ser autorización de uso de suelo. A su vez Sempra le entregó 7 millones de dólares al fideicomiso Fondo Trust Ensenada, dinero cuyo destino jamás se hizo público.
FECHA SIGNIFICATIVA
Pelayo ordenó la clausura el 11 de febrero de 2011. Por cierto, la fecha es significativa, pues ese mismo día el presidente corporativo internacional de Sempra Energy, Donald E. Felsinger, vendió 150 mil acciones en Estados Unidos.
El primero en intervenir para evitar la clausura fue el entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien inmediatamente antes de asumir ese cargo había sido secretario de Gobierno en Baja California. Además, la presión del Gobierno estatal llegó al extremo de que el sustituto de Blake en dicho cargo local, Cuauhtémoc Cardona Benavides, acudió personalmente a levantar los sellos con un operativo militar custodiándolo, invadiendo el ámbito de competencia municipal.
El mismo día Sempra se amparó contra la clausura. La administración de Pelayo decidió enfrentar el proceso. Las semanas siguientes las presiones continuaron hasta la reunión en la embajada en mayo de 2011.
Dos años después, agotadas todas las instancias, las resoluciones dieron la razón al ayuntamiento de Ensenada, en la última instancia que se confirmó el 8 de junio de 2012.
Respecto a Sánchez Ritchie, Sempra llegó al extremo de contratar al comandante de la Policía Ministerial del estado, Jaime Niebla, para que lo espiara mediante un contrato signado por Raúl Olamendi Smith, un abogado de la gasera, el 16 de abril de 2008, en San Diego, California. Proceso consultó copia del contrato, los cheques por el trabajo realizado y los reportes de espionaje que incluyen fotografías de vehículos, domicilio y actividades tanto de Sánchez Ritchie como de su hija.
Aun peor. El general Sergio Aponte Polito, quien por los días del contrato de Jaime Niebla con Sempra era comandante de la II Región Militar, denunció tiempo después (en las páginas del semanario Zeta) que Niebla y una mujer identificada como Sonia Navarro utilizaron vehículos y armas de la Procuraduría estatal con el fin de secuestrar a Sánchez Ritchie y que Blake Mora abogó para que la mujer no fuera incriminada.
En diciembre pasado el Tribunal Unitario Agrario de Baja California emitió la resolución del expediente 7/2013, ordenando a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que emita la escritura a favor de Sánchez Ritchie, pero la dependencia de Jorge Carlos Ramírez Marín no ha acatado el fallo.
Los litigios de Sánchez Ritchie fueron financiados por Susumo Azano —empresario de origen japonés que entre otras actividades fue proveedor de armas del gobierno en el sexenio de Felipe Calderón—, quien actualmente enfrenta un juicio en California por financiamiento a candidatos estadounidenses a cargos de elección popular, lo cual está prohibido en ese país, y que da pie a otra bifurcación de la historia.
TAMBIÉN EN ESTADOS UNIDOS
La demanda del ex contralor Michelón, interpuesta en noviembre de 2010, motivó que la fiscal del sur de California, Laura Duffy, ordenara una auditoría. Para ello Sempra ofreció un dictamen que contrató con la empresa Jones Day. Esto es: Sempra pagó su propia auditoría.
Resultado previsible: Jones Day terminó exculpando a Sempra.
La demanda invocaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, pero finalmente fue sobreseída por Duffy, quien aceptó el dictamen de Jones Day.
El encargado de la auditoría fue Bob Brewer, abogado que hace unos meses contendió por la Procuraduría de San Diego, disputándole la permanencia a Bonnie Dumanis, quien ha ocupado el cargo 12 años.
The Washington Post publicó el 12 de enero de 2012 que un vicepresidente de Sempra había sido socio de Jones Day. Pero no fue todo.
En plena campaña y a punto de realizarse la elección de San Diego, Brewer acusó a Dumanis de conocer a Susumo Azano, haber emitido una recomendación para que el hijo del empresario ingresara a la Universidad de San Diego y haber financiado con prestanombres, campañas electorales en Estados Unidos, entre otras la de la propia procuradora cuando contendió por la alcaldía sandieguina, es decir información novedosa para el caso contra el empresario mexicano.
Dumanis evitó comentar "sobre acusaciones de último momento" el pasado 6 de julio, luego de reelegirse en el cargo. Antes había negado tener conocimiento de las donaciones de Azano y dijo que había regresado parte del dinero cuando el caso se hizo público.
El caso Azano fue iniciado por la fiscal Duffy tras una sugerencia de Brewer que, en la misma fiscalía, dictaminaba el caso de Sempra por la demanda de Michelón en 2011.
El caso se inició así en 2011, cuando el FBI y la Exchange and Securities Comission, indagaron la relación de Azano por la supuesta sugerencia de Brewer.
Duffy sobreseyó la demanda de Michelón con el dictamen de Brewer el 1 de junio de 2011.
MATHIEU TOURLIERE Y ARTURO RODRÍGUEZ
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