EN NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS Y COAHUILA
Municipios del norte de Coahuila, así como algunos de Nuevo León y Tamaulipas, semejan campos de prueba para lo que sobrevendrá con la reforma energética: compañías mineras canadienses y estadounidenses, sobre todo, despojan de sus tierras a los ejidatarios y pequeños propietarios para explotar la riqueza del subsuelo. Y aun cuando algunos han ganado litigios, las compañías se niegan a pagar los daños. El problema se ha agudizado en los últimos dos años, a raíz de que Pemex aceptó la subcontratación de empresas trasnacionales para realizar trabajos de exploración en el subsuelo en busca de gas Shale y petróleo no convencional.
domingo, 03 de agosto de 2014
SALTILLO, COAH. (Apro).- Durante al menos 15 años la compañía estadounidense Minera Penmont, junto con la mexicana Peñoles, se apropió de manera ilegal del ejido El Bajío en Caborca, Sonora, para explotar las vetas de oro en una extensión de 7 mil 500 hectáreas. "Se metieron como la humedad", cuenta a Proceso el abogado Jesús Thomas González, quien representa a los agraviados.
A partir de 2002, dice, los ejidatarios denunciaron el despojo ante los tribunales hasta que en 2011 ganaron el litigio y las empresas tuvieron que regresar las tierras; y como las retornaron con la riqueza del subsuelo casi agotada, exigieron a las autoridades una indemnización de 850 millones de pesos para resarcir el daño ecológico causado a más de 80% de la superficie que explotaron las mineras. Hasta ahora no han cumplido.
Historias como la de ese ejido sonorense son comunes en varias regiones del territorio nacional. El esquema tiende a reproducirse ahora en los terrenos donde se realizan trabajos de exploración en el subsuelo en busca de gas y petróleo no convencional. Las encargadas de hacerlo, principalmente en el noreste, son compañías extranjeras subcontratadas por Pemex que se quedan con las ganancias cuando encuentran gas y aceites lutita, sin que ninguna autoridad, estatal o federal, les llame la atención por la contaminación que provocan o por los despojos a ejidatarios.
Con la complacencia de las autoridades, las empresas privadas dedicadas a la explotación de yacimientos subterráneos pagan rentas bajísimas a los campesinos, pues esas actividades aún no son rentables. No obstante, los expertos aseguran que la falta de infraestructura en la zona de la Cuenca de Burgos eleva los costos, a diferencia de la explotación de gas y petróleo no convencional que se realiza en Texas.
En Eagle Ford, por ejemplo, la región más grande de Estados Unidos donde se extrae shale gas, la inversión promedio para la perforación de un pozo es de aproximadamente 7 millones de dólares. En contraste, en el noreste del país la carencia de carreteras, agua, hoteles, viviendas y otros requerimientos para la explotación de ese mismo tipo de gas eleva la inversión a más de 25 millones de dólares; es decir, casi la cuadruplican.
Hay otros factores que contribuyen a incrementar los presupuestos a la hora de invertir. Durante los dos últimos años, desde que Pemex amplió la búsqueda de shale gas en esas entidades, el norte de Coahuila, así como Nuevo León y Tamaulipas, comenzaron a ser controlados por grupos del crimen organizado.
Empresas como Geokinetics realizan "estudios sismológicos"; otras hacen perforaciones en municipios como Hidalgo, Progreso y Guerrero, en Coahuila; también en Los Ramones, Anáhuac, Los Herrera y China, Nuevo León, y en la región de Ciudad Mier, en Tamaulipas, donde ya se han perforado al menos 20 pozos exploratorios.
‘SECRETO COMERCIAL’
En Nuevo León se abrieron los pozos Arbolero I y el Durián I, este último en el municipio fronterizo de Anáhuac; Tangram I en el de China; Kernel I en Melchor Ocampo; el Nerita I en Los Ramones, y finalmente el pozo Batial I en Los Herrera.
En la perforación de los seis pozos se utilizaron 101 millones 230 mil litros de agua para fracturar las rocas que contienen el shale gas –técnica de freaking–. De acuerdo con Pemex, del líquido inyectado con alta presión en las rocas del subsuelo sólo se recuperaron 10 millones 249 mil litros, según respondió la paraestatal a una solicitud de información del periódico local ABC.
Sin embargo, el agua contiene diversos químicos cuyos componentes son considerados "secretos comerciales", pues están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Ello impide conocer los efectos colaterales que provocarán esos químicos en las tierras afectadas y la contaminación que traerán al entrar en los mantos freáticos de las regiones a explorar.
La carencia de agua en esas tierras áridas obligó a las empresas subcontratadas por Pemex a trasladarla desde ciudades distantes, como Monterrey; y para los pozos del municipio de Guerrero e Hidalgo son enviados millones de metros cúbicos desde Allende, Coahuila, a más de 190 kilómetros de distancia, lo que hace inviables las inversiones.
En Texas, para fracturar un pozo se requieren en promedio entre 2 y 6 millones de galones de agua; es decir, entre cerca de 8 millones y un poco menos de 24 millones de litros de agua.
Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos indican que la mayoría de los pozos explorados contienen gas seco, pero éste no es rentable. Para colmo, la caída anual de la producción es más rápida que en la región texana de Eagle Ford. Por ello, es poco factible que los pozos de los municipios de Guerrero e Hidalgo sean explotados en el mediano plazo, de ahí que se esté construyendo el gasoducto que importará el gas de Texas.
Los pozos texanos producen alrededor de 600 barriles (de equivalentes de petróleo y shale gas) por día durante su primer año. La tasa de disminución en los pozos es de aproximadamente 40% por año, lo que obliga a abrir más para mantener la producción.
Expertos de la revista de negocios Forbes pronostican incluso el próximo fin del auge de Eagle Ford. Destacan que las empresas que más han ganado desde 2008 –cuando arrancó el apogeo– fueron los primeros participantes que "compraron terrenos con unos pocos cientos de dólares por hectárea" y terminaron vendiéndola en 20 mil dólares.
EMPRESAS OMISAS
El artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos establece que las industrias gasera y petrolera son de utilidad pública y que la exploración y extracción de hidrocarburos son, por consiguiente, de interés social y de orden público. De ello se desprende que el Estado dará prioridad a esta actividad sobre la agricultura y la ganadería. Y si los campesinos se niegan a ceder sus tierras, les serán expropiadas.
Durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética algunos diputados arguyeron: los campesinos "deben recibir un pago justo por la afectación de sus tierras"; otros, que la explotación de la riqueza del subsuelo debe traerles "un cambio radical en el nivel de vida".
No obstante los buenos deseos, la realidad que vive la gente del campo contrasta con la visión de los integrantes del Congreso de la Unión.
En los municipios del norte de Coahuila, donde el propósito es explorar en una zona de 15 mil kilómetros cuadrados, la mayoría de los habitantes son ejidatarios y pequeños propietarios. Pemex invierte en la zona cerca de 200 millones de dólares en trabajos de exploración del subsuelo.
A finales de junio pasado, el delegado de la Procuraduría Agraria, Luis Humberto Ruiz Cabello, informó al diario local Vanguardia que, después de casi dos años de explorar en el norte de Coahuila, las empresas responsables de los trabajos no han pagado ni un peso a los propietarios de las tierras.
Cuando el reportero le preguntó sobre el monto que recibirán los afectados, Ruiz Cabello respondió: "No tengo idea. Es una cantidad que no hemos manejado porque lo han hecho con mucha reserva, a la hora de los números". Aseguró que la Procuraduría Agraria se encargará de revisar que "las cosas se hagan como deben ser".
El alcalde de Hidalgo, Sergio Luévano Jiménez, comenta que las exploraciones en la región del norte de Coahuila llevan al menos un año. Hasta el momento los ejidatarios no han recibido pago alguno, ya que la empresa Geokinetics únicamente está solicitando permisos para realizar estudios en una superficie de mil 500 kilómetros cuadrados.
Dice que las autoridades federales tampoco les han informado a los campesinos cuánto les pagarán de renta por el uso de sus terrenos. Sin embargo, advierte, "estaremos atentos y buscaremos asesoría para que se pague lo justo".
En Los Ramones la situación es similar. En este municipio las compañías exploradoras incluso ya abandonaron al menos un pozo y dejaron millones de litros de agua contaminada a la intemperie.
Es precisamente en esa región donde las perforaciones provocaron microsismos que cuartearon algunas casas, por lo que los campesinos exigen el pago de los daños a sus viviendas. Hasta ahora Pemex no ha negociado con los ejidatarios ni con los dueños de las casas dañadas, asegura el profesor Simón Enrique, secretario del ayuntamiento de Los Ramones.
JUAN ALBERTO CEDILLO
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