Petróleo y soberanía: los libros que no leyó EPN

 

Pedro Salmerón Sanginés

Estas semanas he estado releyendo los principales estudios académicos sobre el petróleo en México. La bibliografía es abundante y en ella destacan trabajos de gran calidad y enorme aliento. Me gustaría mencionar los libros de Lorenzo Meyer (1968, 2009 y 2012), Antonio J. Bermúdez, (1976), Lorenzo Meyer e Isidro Morales (1990); Adolfo Gilly (1994), Jonathan Brown (1998), Ángel de la Vega Navarro (1999), Myrna I. Santiago (2006) y Joel Álvarez de la Borda (2006 y 2011), así como los estudios sobre el desarrollo económico de México de autores como Leopoldo Solís, Enrique Cárdenas, Carlos Tello y Rolando Cordera.

Estos trabajos tienen perspectivas diferentes: los hay que parten de las relaciones internacionales, que se enfocan en el desarrollo económico, que privilegian los aspectos políticos o hacen historia de la industria. Sin embargo, todos coinciden en señalar el carácter depredador e incluso criminal de las compañías trasnacionales que operaron en nuestro país entre 1883 y 1938. Todos los estudios muestran a dichas compañías como ejemplo de la parte más nociva del capitalismo salvaje y muestran también que el supuesto desarrollo por ellas traído jamás compensó la depredación, el saqueo y el desafío sistemático al estado de derecho.
La depredación de nuestros recursos naturales recibió el respaldo de un gobierno entreguista, que en 1901 promulgó una ley que permitía la explotación de los hidrocarburos por las compañías trasnacionales y que en 1909 otorgó a los dueños de tierras la propiedad exclusiva del petróleo, revirtiendo así el principio jurídico según el cual la propiedad del subsuelo pertenece a la nación (principio recuperado en la Constitución de 1917).
Tres trasnacionales (la subsidiaria de la Standard Oil; la de Doheny el cruel, y la británica de Lord Cowdray, a quien en la Cámara de los Lores llamaban member for México) se lanzaron a una carrera feroz para adquirir el mayor número posible de tierras en la que la extorsión, la intimidación, la violencia y el asesinato selectivos no fueron la excepción, sino la norma, como ha documentado, entre otros autores, Myrna Santiago. Posteriormente, durante la Revolución, las compañías pagaron fuerzas armadas que defendieron sus intereses particulares e impusieron sus leyes en una vasta región de la República; luego se rebelaron contra nuestras leyes en 1927 y 1938.

Hay otras coincidencias en estos trabajos, que muestran que la expropiación de 1938 dio a la nación la capacidad de dirigir su política económica haciendo secundario el capital exterior (ya no el dominante que dictaba la ruta): esta disminución de la dependencia permitió el crecimiento de sectores claves de la economía y cuatro décadas de crecimiento a tasas mayores a 6 por ciento anual, aunque la empresa pública petrolera haya quedado subordinada a los objetivos del Estado y aunque algunos autores (como Lorenzo Meyer), más que fin de la dependencia, vean un proceso de transformación de la misma.
De diversas maneras, la renta petrolera se convirtió durante cuatro décadas en uno de los factores fundamentales del crecimiento, y la producción y el consumo de derivados del petróleo creció a tasas aún mayores que las del resto de la economía. Como demuestra De la Vega Navarro, los impresionantes resultados de la industrialización y el crecimiento desde 1940 se debieron en buena medida al abastecimiento de energéticos en condiciones altamente favorables para el desarrollo nacional. Como escribió Bermúdez en 1976, la industria petrolera mexicana ha cumplido satisfactoriamente y en todo tiempo el [objetivo] de abastecer los combustibles necesarios para el progreso y el desarrollo del país. Es cierto que el modelo de desarrollo que dio por resultado esos 40 años de crecimiento generó también gravísimas injusticias e inequidades y que fueron los errores de la élite los que provocaron el cambio de rumbo en la política económica de los últimos 30 años.
Al parecer, nada de esto leyeron el Presidente de la República –famoso por su escasa afición a la lectura– ni quienes diseñaron la reciente reforma energética. Al parecer nunca se enteraron de que el petróleo no ha sido para México una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado, sino el elemento que en buena medida y durante más de un siglo ha determinado la relación política y económica de México con los grandes poderes, como señala Lorenzo Meyer. Se ha terminado una época de nuestra historia: no existe ya el espíritu ni la letra de los artículos tercero, 27, 123 ni 130 constitucionales. Temo que tampoco el 36.
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