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| Anabel Hernández, periodista. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un grupo armado ingresó al domicilio de la periodista Anabel Hernández la tarde del pasado sábado 21 de diciembre.
Testigos relataron al diario Reforma que al menos 10 personas irrumpieron ese día a otras tres viviendas de la colonia San Juan Totoltepec, en Naucalpan, Estado de México.
Los sujetos entraron al domicilio de Hernández por una ventana que no fue dañada; aparentemente usaron barretas.
Las puertas de la vivienda no fueron violadas y se presume que los intrusos botaron los seguros.
Según versiones del rotativo, el hecho causó pánico entre los residentes de la calle Río Echegaray, ya que el comando portaba fusiles y armas cortas y mantuvo a la zona en vilo por lo menos durante media hora.
Ninguna autoridad intervino, aun cuando a una cuadra del lugar se localiza un módulo de seguridad.
Los vecinos aseguran que los sujetos armados primero dijeron ser agentes judiciales, luego que eran “zetas” y posteriormente que pertenecían a la Policía Federal, con el argumento de que realizaban un operativo.
Los hombres, quienes llegaron a bordo de camionetas particulares sin placas de circulación, iban vestidos de civil y se comunicaban por radio con palabras como “comandante” y “jefe” en el momento en que reportaban las incursiones en los domicilios, detalla Reforma.
Al llegar a la colonia el comando se desplegó sobre la calle Río Echegaray y aseguraron el perímetro de la zona habitacional.
Además, arrancaron los dispositivos de los sistemas de videovigilancia, entre ellos el de la casa de Anabel Hernández.
Durante la irrupción el grupo armado “levantó” a dos personas, entre ellas al escolta de Hernández, asignado a la periodista por la Procuraduría General del Distrito Federal luego de que se publicara el libro Los señores del narco, en 2010.
El guardia se encontraba afuera del domicilio de la periodista, fue subido a una camioneta y más tarde abandonado en otro punto del Estado de México. Por este hecho Hernández levantó una denuncia.
Anabel Hernández, quien en el momento de la irrupción no se encontraba en su domicilio, interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, con el expediente AP.179/FEADLE/2013.
En marzo de este año, Anabel denunció la falta de protección de las autoridades ante las amenazas de muerte que ha recibido, lo que en ese entonces la obligó a cancelar su visita a Chihuahua, donde presentaría su libro México en llamas.
La periodista explicó a los presentadores de su obra y al público asistente al museo de la Lealtad Republicana, que las autoridades del Distrito Federal turnaron su caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los agentes de la PGR son los mismos que la han amenazado, por lo que no garantizan su seguridad, aseguró Hernández, y dijo que instancias internacionales como el gobierno de Francia interceden para que el gobierno del DF continúe brindándole custodia.
Hernández recriminó que el Estado no garantice la seguridad de los periodistas ni de todos los ciudadanos, ya que no le importan.
Testigos relataron al diario Reforma que al menos 10 personas irrumpieron ese día a otras tres viviendas de la colonia San Juan Totoltepec, en Naucalpan, Estado de México.
Los sujetos entraron al domicilio de Hernández por una ventana que no fue dañada; aparentemente usaron barretas.
Las puertas de la vivienda no fueron violadas y se presume que los intrusos botaron los seguros.
Según versiones del rotativo, el hecho causó pánico entre los residentes de la calle Río Echegaray, ya que el comando portaba fusiles y armas cortas y mantuvo a la zona en vilo por lo menos durante media hora.
Ninguna autoridad intervino, aun cuando a una cuadra del lugar se localiza un módulo de seguridad.
Los vecinos aseguran que los sujetos armados primero dijeron ser agentes judiciales, luego que eran “zetas” y posteriormente que pertenecían a la Policía Federal, con el argumento de que realizaban un operativo.
Los hombres, quienes llegaron a bordo de camionetas particulares sin placas de circulación, iban vestidos de civil y se comunicaban por radio con palabras como “comandante” y “jefe” en el momento en que reportaban las incursiones en los domicilios, detalla Reforma.
Al llegar a la colonia el comando se desplegó sobre la calle Río Echegaray y aseguraron el perímetro de la zona habitacional.
Además, arrancaron los dispositivos de los sistemas de videovigilancia, entre ellos el de la casa de Anabel Hernández.
Durante la irrupción el grupo armado “levantó” a dos personas, entre ellas al escolta de Hernández, asignado a la periodista por la Procuraduría General del Distrito Federal luego de que se publicara el libro Los señores del narco, en 2010.
El guardia se encontraba afuera del domicilio de la periodista, fue subido a una camioneta y más tarde abandonado en otro punto del Estado de México. Por este hecho Hernández levantó una denuncia.
Anabel Hernández, quien en el momento de la irrupción no se encontraba en su domicilio, interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, con el expediente AP.179/FEADLE/2013.
En marzo de este año, Anabel denunció la falta de protección de las autoridades ante las amenazas de muerte que ha recibido, lo que en ese entonces la obligó a cancelar su visita a Chihuahua, donde presentaría su libro México en llamas.
La periodista explicó a los presentadores de su obra y al público asistente al museo de la Lealtad Republicana, que las autoridades del Distrito Federal turnaron su caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los agentes de la PGR son los mismos que la han amenazado, por lo que no garantizan su seguridad, aseguró Hernández, y dijo que instancias internacionales como el gobierno de Francia interceden para que el gobierno del DF continúe brindándole custodia.
Hernández recriminó que el Estado no garantice la seguridad de los periodistas ni de todos los ciudadanos, ya que no le importan.
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