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| Promulga Peña la reforma energética. Foto: Eduardo Miranda |
Este 2013 será uno de los peores años en la historia reciente del país, pues a comparación con los anteriores no sólo se perdió la batalla contra la violencia, que sigue galopando sin freno, lo mismo que la pobreza y la crisis económica, sino que también se quebrantó la soberanía en una de las responsabilidades y obligaciones del Estado: la protección del petróleo y la energía eléctrica, que el gobierno priista de Enrique Peña Nieto ha dejado en manos de las empresas privadas.
Con el discurso sofista de que la Constitución y Pemex se quedaron rezagados de la historia y de la globalización, que la economía mejorará, los precios de los energéticos bajarían (gas, luz, gasolina, petróleo) y habría más recursos para abatir los niveles de pobreza, el PRI y Peña Nieto, asociado con el PAN y una parte del PRD y las grandes corporaciones de medios, concretaron su intención de privatizar el petróleo y la energía eléctrica.
Mientras que desarrollaban esta estrategia privatizadora bajo el nombre del Pacto por México, al mismo tiempo la vida de las mayorías en el país se iba deteriorando.
Al cierre de 2012, 53.3 millones de mexicanos eran pobres, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esa cifra no disminuyó ni un solo punto porcentual como lo prometió el gobierno peñista a través de la experredista y hoy titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuando echó a caminar el plan de lucha contra la pobreza.
Con una inflación de casi 4 por ciento, la economía en crecimiento cero, desempleo de cerca del 6 por ciento de la población económicamente activa y el salario mínimo de 61 pesos diarios, ni cómo enfrentar esta situación apremiante para muchos jóvenes y familias enteras que miran en el comercio informal o en el crimen organizado un paliativo a sus necesidades básicas.
Así, mientras los partidos políticos y el gobierno de Peña Nieto se disputaban sus propios intereses en el congreso legislativo, sobre todo con las llamadas reformas estructurales, sin tomar en cuenta la opinión de la gente, la corrupción y la violencia tampoco cedieron, sino al contrario, se mantuvieron en la misma espiral y en peores niveles.
De acuerdo con el reporte de Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del planeta, ocupa el lugar 105 de 172 países, y según la revista Forbes los políticos mexicanos están los primeros sitios del ranking mundial con personajes como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, quienes en los sindicatos de maestros y petroleros, respectivamente, han sido uno de los bastiones del PRI.
La violencia en el país se mantiene, la organización México Evalúa estima el costo de la inseguridad en un equivalente al 27.7% del PIB, de acuerdo con el Índice de Paz 2013, elaborado por primera vez para el país por el Institute for Economics and Peace (IEP).
Pero más allá de estos indicadores materiales, las pérdidas de vidas humanas (muertos y desaparecidos) no ha disminuido en el primero año de gobierno de peña Nieto.
El desangrado social no para, si en los últimos siete años ha habido más100 mil ejecutados producto del narcotráfico y 27 mil desaparecidos, en el primero año de gobierno de Peña Nieto se estima que han muerto 12 mil.
La estrategia militar y policiaca seguida por el priista comprueba el fracaso de esta forma de combatir al crimen organizado que implantó el panista Felipe Calderón, siguiendo las líneas establecidas por Estados Unidos desde Richard Nixon.
El 2013 es un año para recordar, pero no por los avances y mejoría en el país, sino por el ahondamiento de la crisis, la cesión de la soberanía en el sector energético y la incapacidad manifiesta y comprobada del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con el discurso sofista de que la Constitución y Pemex se quedaron rezagados de la historia y de la globalización, que la economía mejorará, los precios de los energéticos bajarían (gas, luz, gasolina, petróleo) y habría más recursos para abatir los niveles de pobreza, el PRI y Peña Nieto, asociado con el PAN y una parte del PRD y las grandes corporaciones de medios, concretaron su intención de privatizar el petróleo y la energía eléctrica.
Mientras que desarrollaban esta estrategia privatizadora bajo el nombre del Pacto por México, al mismo tiempo la vida de las mayorías en el país se iba deteriorando.
Al cierre de 2012, 53.3 millones de mexicanos eran pobres, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esa cifra no disminuyó ni un solo punto porcentual como lo prometió el gobierno peñista a través de la experredista y hoy titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuando echó a caminar el plan de lucha contra la pobreza.
Con una inflación de casi 4 por ciento, la economía en crecimiento cero, desempleo de cerca del 6 por ciento de la población económicamente activa y el salario mínimo de 61 pesos diarios, ni cómo enfrentar esta situación apremiante para muchos jóvenes y familias enteras que miran en el comercio informal o en el crimen organizado un paliativo a sus necesidades básicas.
Así, mientras los partidos políticos y el gobierno de Peña Nieto se disputaban sus propios intereses en el congreso legislativo, sobre todo con las llamadas reformas estructurales, sin tomar en cuenta la opinión de la gente, la corrupción y la violencia tampoco cedieron, sino al contrario, se mantuvieron en la misma espiral y en peores niveles.
De acuerdo con el reporte de Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del planeta, ocupa el lugar 105 de 172 países, y según la revista Forbes los políticos mexicanos están los primeros sitios del ranking mundial con personajes como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, quienes en los sindicatos de maestros y petroleros, respectivamente, han sido uno de los bastiones del PRI.
La violencia en el país se mantiene, la organización México Evalúa estima el costo de la inseguridad en un equivalente al 27.7% del PIB, de acuerdo con el Índice de Paz 2013, elaborado por primera vez para el país por el Institute for Economics and Peace (IEP).
Pero más allá de estos indicadores materiales, las pérdidas de vidas humanas (muertos y desaparecidos) no ha disminuido en el primero año de gobierno de peña Nieto.
El desangrado social no para, si en los últimos siete años ha habido más100 mil ejecutados producto del narcotráfico y 27 mil desaparecidos, en el primero año de gobierno de Peña Nieto se estima que han muerto 12 mil.
La estrategia militar y policiaca seguida por el priista comprueba el fracaso de esta forma de combatir al crimen organizado que implantó el panista Felipe Calderón, siguiendo las líneas establecidas por Estados Unidos desde Richard Nixon.
El 2013 es un año para recordar, pero no por los avances y mejoría en el país, sino por el ahondamiento de la crisis, la cesión de la soberanía en el sector energético y la incapacidad manifiesta y comprobada del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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