Pensiones: sigue siendo una ‘bomba de tiempo’

Por: Editorial Vanguardia

Editorial

A estas alturas, a nadie sorprende ya enterarse que un fondo de pensiones se encuentra técnicamente quebrado, es decir, que podría colapsar en cualquier momento porque la forma en la cual fue diseñado lo ha convertido, a la vuelta de algunas décadas, en un mecanismo financieramente inviable.

La ecuación es más o menos la misma en todos los casos: los modelos pensionarios se diseñaron para una sociedad en la cual la expectativa de vida se ubicada 20 años abajo de la actual y al momento de arrancar solamente registraba ingresos pues no había jubilados a quiénes pagar una pensión.

Ambas circunstancias provocaron que se cometieran, en casi todos los casos, un par de errores elementales:
El primero fue que no se estableció ningún mecanismo de fondeo para obligar a los futuros beneficiarios del fondo a realizar aportaciones para su futura jubilación; el segundo que se establecieron reglas diferenciadas para la jubilación de hombres y mujeres.

Los señalamientos anteriores son particularmente ciertos en el caso de los fondos pensionarios de los empleados gubernamentales, fondos que hoy, algunas décadas después de su diseño, han mostrado claramente las deficiencias con las cuales fueron concebidos.

Pero el problema fundamental en relación con estos fondos no es, como se ha dicho en múltiples ocasiones, que sus beneficiarios se encuentren frente a la posibilidad de no poder cobrar sus pensiones, sino que los sindicatos que han “conquistado” tales derechos consideran que los ciudadanos somos responsables de pagar sus “conquistas”.

Y, dado que se trata de gremios con el poder político de presionar al sector público, la discusión en torno a la quiebra de los fondos de pensiones de la burocracia gubernamental siempre es un asunto que debe preocupar a los contribuyentes pues al final es muy probable que se les pase la factura.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la “quiebra” del sistema de pensiones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, podría tener sólo dos años de vida.

No es la primera ocasión en la cual se da a conocer información que habla de una situación similar en el caso del esquema pensionario del magisterio estatal de Coahuila y la discusión que le sigue a tal señalamiento siempre es la misma: la exigencia del SNTE de que el Gobierno del Estado proceda a “rescatar” el sistema.

¿Es justo que sean los contribuyentes quienes paguen por un esquema pensionario mal diseñado y que, de acuerdo con múltiples evidencias, ha sufrido repetidos saqueos debido a que es el propio Sindicato el que lo administra y la corrupción de sus dirigentes es mítica?

La respuesta es claramente no y por ello los ciudadanos debemos estar atentos no solamente al diagnóstico de la ASE sino, sobre todo, a la discusión que seguirá a partir de aquí.