Astillero

 

Una ventana rota
Justicia partidizada en Jalisco
¿Qué es violencia?
En campaña por el voto

Julio Hernández López

 

 

 

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, creyó encontrar un camino rápido y contundente para resolver sus preocupaciones electorales relacionadas con 2015 y 2018. Aprovechó un incidente menor (los daños a una ventana), aunque altamente significativo (sintetizó el enojo y la desesperación de ciudadanos ante el proceso blindado de aprobación en el plano local de la reforma energética, y por ello ganó incluso primeras planas en diarios nacionales), para tratar de colgarle la etiqueta de violento al movimiento que estuvo a punto de impedir al PRI el retorno al poder en esa entidad, con Enrique Alfaro como candidato.

Dado que Alfaro tuvo una sobresaliente aceptación en Jalisco a pesar de que fue apoyado solamente por el MC (y el PT, informalmente) y por una alianza no confesa con el panista saliente, Emilio González Márquez, y que enfrente tuvo al PRI, sus satélites y el PRD dominado por el jefe del Grupo Universidad, Raúl Padilla, ese mismo candidato fatigosamente derrotado en 2012 mantiene expectativas de ser presidente municipal de Guadalajara en 2015, con la vista puesta en la gubernatura de 2018. Esta es la razón de fondo de las 10 órdenes de aprehensión y el intento de estigmatización violenta.
El uso partidista de los mecanismos de procuración de justicia llevó a la solicitud de cuando menos 10 órdenes de aprehensión contra jóvenes estudiantes o asesores de regidores de partidos como Movimiento Ciudadano (MC, antes Convergencia), un dirigente de Morena y un regidor, estos dos correspondientes a Tlaquepaque. La conversión de una ventana rota en una batida judicial contra el citado MC resulta tan desmesurada como representativa de los ánimos revanchistas del priísmo y sus aliados, deseosos de instaurar un ciclo de prolongada estadía en el poder.
Recuérdese que la misma clase política triunfante podrá relegirse en lo inmediato, hasta ahora solamente en cuanto a presidentes municipales, diputados y senadores, con la versión fundada de que más delante, cuando se vean los grandes logros del reformismo peñista, se busque ampliar tal continuidad en las sillas del poder a los gobernadores y al ocupante en turno de Los Pinos.
Pero no son las tapatías las únicas ventanas rotas en las jornadas de indignación popular que se vivieron en varios estados del país a la hora en que los congresos locales cumplieron atropelladamente la orden central de sacar adelante la reforma energética al costo que fuera. En esas faenas se cometieron diversos actos delictivos contra ciudadanos que ejercían sus derechos (no todos con la enjundia circunstancial habida en Jalisco contra la ahora famosa ventana propiciatoria), en un torbellino de autoritarismo contenido que a partir del cierre legislativo del negocio petrolero y energético ha considerado oportuno ir mostrando la dentadura feroz hasta ahora disfrazada de tolerante sonrisa democrática.
Pero, al mismo tiempo, en consonancia con acciones como las ahora formalizadas en Jalisco (a propósito, el periodista Jorge Gómez Naredo, @jgnaredo en Twitter, escribió en Proyecto Diez un texto que comienza planteando: Dicen que una ventana rota es violencia. Yo me pregunto: ¿Qué es violencia?, http://bit.ly/1gHba79), en otras entidades se sembraron ingredientes jurídicos susceptibles de ser convertidos en eventuales motivos de amago, acusación o persecución abierta de la nueva categoría de peligrosísimos delincuentes sociales, los ciudadanos que disienten y protestan, en especial los que, hartos de la insuficiencia de los canales institucionales de atención a la inconformidad colectiva, exasperados ante la sordera y la ceguera convenencieras de los políticos pactados, se atreven a expresarse en tonos distintos a los hasta ahora infructuosamente sostenidos y, desesperados ante el robo del siglo, ante el saqueo cínico de la riqueza nacional, ante la declaratoria pomposa de México como nación viable, independiente y soberana, se atreven a participar en saltos de torniquetes, en cercos físicos o (¡horror de los horrores, en un México sin criminalidad salvaje, impunidad generalizada, corrupción institucional ni cinismo de las élites!) en la rotura de una ventana de edificio legislativo.

Otros jóvenes, apenas estudiantes de secundaria, no tendrán oportunidad de ser procesados por oponerse activamente a la desgracia generalizada que se vive en su país. Fueron atropellados en calles de Reynosa (en el Tamaulipas donde el mando verdadero no está en el palacio de gobierno ubicado en Ciudad Victoria) por un vehículo de presuntos narcotraficantes a los que perseguían unidades militares. Es uno de los episodios lamentables, pero no extraordinarios sino cotidianos, de la realidad mexicana trágica. Estudiantes en la cárcel, estudiantes en la tumba.
En otro plano, el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas sostienen apasionadamente la viabilidad de una consulta popular en grave entredicho. Aun cuando las razones jurídicas desde ahora no son claras ni suficientes, se mantiene en alto la zanahoria de una presunta viabilidad de la mencionada consulta. Por lo pronto, se ha anunciado un plan para la defensa de la soberanía nacional que contiene propuestas litigiosas, una magna marcha nacional el 31 de enero del año en puerta, y, en especial, el desarrollo de una campaña en pos del voto que irá desde ahora hasta las elecciones federales, y en algunos estados, de 2015. Del voto en contra de la reforma energética en la hipotética consulta popular, se ha explicado, aunque es difícil disociar el activismo en pro de la defensa de la riqueza nacional con el también buscado en favor del sol azteca en los comicios que por morenas razones serán los más difíciles de su historia.
Y, mientras Enrique Peña Nieto estampa su firma para promulgar la reforma energética el mismo día en que habrá una marcha vespertina de protesta (no sólo por la tarifa del Metro), ¡hasta mañana, con 3.9 por ciento de aumento al salario mínimo en el país que por segunda vez se prepara oficialmente para administrar la abundancia!
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